Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La economía venezolana sigue barranca abajo. El nivel de actividad sigue flojo y los problemas financieros de la petrolera PDVSA se mantienen sin cambios fundamentales. El precio del petróleo difícilmente repunte si el comercio mundial se debilita ante las inevitables represalias de China y otros países contra la suba de aranceles de EE.UU. Además, el Gobierno de Donald Trump ha prohibido las transacciones con la moneda oficial de Venezuela, el Petro. El escenario de escasez de divisas y racionamiento oficial de importaciones se mantiene, entonces, sin cambios.
La caída en la producción y exportaciones petroleras han tenido fuerte impacto negativo en las actividades no petroleras y en la generación de divisas. Según la Cepal, el PIB venezolano habría caído 8% el año pasado, mientras que estimaciones de la oposición sugieren un derrumbe mayor: entre 12% y 15%. Con racionamiento de divisas y de bienes, sus precios en los mercados formales e informales siguen acelerando su velocidad de suba. Algo esperable y de impacto negativo en las actividades formales y en los ingresos fiscales. Esto, en un año electoral, mantiene fuertes incentivos a sostener y aumentar los gastos corrientes en transferencias. El aumento inevitable del déficit fiscal se financia inevitablemente con emisión de dinero.
El público ha observado que nada permite esperar una reversión de esta dinámica. El gobierno mantiene un régimen de órdenes y controles compulsivos sobre toda la sociedad, lo que no se revertirá en el corto plazo. Para debilitar aún más a la oposición, Nicolás Maduro adelantó las elecciones presidenciales para el próximo 20 de mayo. Sin garantías de comicios transparentes, los partidos opositores no se presentarán a las elecciones, de modo que Maduro seguirá siendo presidente hasta 2024.
Las estimaciones mensuales de la oposición a Maduro en la Asamblea Nacional son las únicas disponibles. Desde diciembre de 2015, el Banco Central de Venezuela no publica el Indice de Precios al Consumidor, aunque en diciembre de 2016 informó la medición de ese mes al FMI. A partir de esa cifra, la oposición de la Asamblea Nacional y consultores privados de Venezuela y del exterior publican estimaciones mensuales que son las que se toman como referencia de las subas de precios. La inflación mensual está en niveles más que preocupantes en los últimos meses: 50,6% en octubre de 2017, 56,7% en noviembre, 85% en diciembre, 84,2% en enero de 2018 y 80,2% en febrero. Esto muestra un salto importante para el período diciembre 2017-febrero 2018, con una inflación mensual promedio de 83,1%, esto es, del 2,04% diario.
La escasez de divisas mantiene firme la cotización del dólar en el mercado negro mientras las dificultades para obtener bienes básicos de consumo se exacerbaron por la desaceleración de la emisión de nuevos billetes y monedas. Resultado de la mora del Banco Central en pagar sus deudas a las empresas impresoras de billetes y monedas. Con una inflación del 80,2% en febrero la autoridad monetaria expandió la cantidad de billetes y monedas en apenas 1,5%. Esto exacerbó el racionamiento de fondos de los bancos, y la compra de efectivo con transferencias para adquirir bienes o dólares. Resultado inevitable: mayor velocidad de circulación del dinero y aceleración de la inflación para este mes: según el economista Steve Hanke estaría superando el 8.000% interanual.
Frente a este escenario, el Gobierno de Maduro anunció una sustitución de la actual moneda (el bolívar fuerte) por otra (el bolívar soberano) a partir de junio próximo, a razón de 1 bolívar soberano = 1.000 bolívares fuertes. Todos los precios, ingresos y contratos se expresarán con tres ceros menos, de modo que no habrá cambios en precios e ingresos relativos, ni en los ingresos reales. La decisión contempla la emisión de billetes de mayor denominación que los actuales, lo que prenuncia una mayor, pero por ahora indeterminada expansión de base monetaria para el tercer trimestre. Frente a un escenario recesivo, con aguda escasez de efectivo, divisas, y bienes, las expectativas de inflación y de depreciación de la moneda local seguirán ajustándose hacia arriba. Resultado inevitable, la proliferación de cuasi monedas, como el “panal” que circula en una comuna del oeste de Caracas, o la ya emitida por el municipio de Elorza, al sur del país. Algo que va a tener que aceptar el gobierno si es que pretende evitar saqueos a supermercados y un agravamiento de los ya serios problemas de criminalidad.
¿Habrá salida? Algunos, como Steve Hanke, proponen la dolarización de la economía, pero no es una solución per se, y menos bajo las sanciones externas que enfrenta el gobierno de Maduro. El levantamiento de esas sanciones requiere el abandono de las prácticas autoritarias del actual régimen o su reemplazo por otra administración.
Lo que se requiere es un programa de estabilización creíble y políticamente viable, que incluya el saneamiento de las finanzas públicas y de la petrolera estatal, y reformas económicas y políticas que no serían factibles con el chavismo en el poder. Quizás una aceleración de la hiperinflación podría exacerbar las tensiones internas y provocar un debilitamiento endógeno del régimen de Maduro. Sin embargo, mayor inflación no ha significado mayor fortaleza de la oposición, al menos hasta el presente. Mientras tanto, la población seguirá sufriendo las consecuencias de este proceso por tiempo indeterminado, a la espera de un sendero de estabilidad y crecimiento que es bastante incierto y poco factible. Al menos bajo el régimen actual lo único que va a crecer en Venezuela, junto a los precios, serán el empobrecimiento de la población, y la emigración de venezolanos hacia Colombia y otros países.
