Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
El Gobierno de Mauricio Macri inició en diciembre de 2015 un nuevo rumbo en materia de política comercial. La década kirchnerista aumentó sustancialmente el sesgo proteccionista a partir de 2008 con restricciones a exportaciones agrícolas y aumento de retenciones a las exportaciones. El objetivo era el de mantener sostener stocks internos para contener la inflación, gracias a la emisión monetaria para financiar el rojo fiscal. Un sendero completado desde 2011-12 con el cepo cambiario, las DJAI, y la restricción de acceder a divisas para importaciones hasta un saldo equivalente de exportaciones previas.
La política comercial se valió además de un tipo de cambio real atrasado; acuerdos de precios (“Precios cuidados” y “Ahora 12”) y “planes” de distribución de algunos alimentos (carne, pollo, merluza, lácteos, cerdo y prendas de vestir), junto a la tolerancia oficial a la comercialización de productos en centros informales como La Salada y Las Saladitas, y la manipulación de estadísticas oficiales para contener los ajustes preventivos de precios.
La estrategia, inspirada en parte al menos en la experiencia del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), de los primeros dos gobiernos de Juan D. Perón, contribuyó a cerrar la economía, pero no al crecimiento del PIB ni de la productividad.
Si se comparan las “fotos” de 2008 y 2015 se observó lo siguiente. El PIB a precios de 2004 creció 11,4%, el consumo privado 19,4% y el consumo público 38,9%, pero la inversión real aumentó sólo 5,7%; las importaciones de bienes y servicios crecieron 24,7%, y las exportaciones cayeron 8%; la tasa de inversión (inversión real/ PIB) cayó de 19% en 2008 a 15,8% en 2015 y, por último, la relación importaciones/PIB cayó de 18,3% a 11,8%, y el cociente exportaciones/PIB cayó de 22,1% a 11,0%.
Llamativamente, uno de los objetivos de política era el de consolidar una “matriz productiva diversificada con inclusión social”, orientada hacia la industrialización y en contra de la “reprimarización” de la economía. Entre 2008 y 2015, la participación de la industria manufacturera sobre el valor agregado bruto total a precios básicos cayó de 22,1% al 20,8%, mientras que la de la suma de los sectores agropecuario, pesquero y minero se mantuvo casi sin cambios: descendió apenas de 13,9% a 13,0%. Llamativamente, la participación sobre el valor agregado bruto total de la suma de intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se mantuvo en 16,9%, y la de la administración pública creció de 4,8% a 5,3%. En definitiva, un giro hacia una economía menos integrada al mundo, creciendo por empuje de demanda, en particular, del consumo, y no de la inversión en bienes de capital.
Con relación a otros países de la región, los datos del FMI muestran que, entre 2008 y 2015, Argentina creció menos que la mayoría de los países de América del Sur. En ese período, el PIB de Perú creció a un promedio de 5,3% por año; Bolivia a 5,1% anual; Paraguay a 5%; Uruguay a 4,5%; Ecuador a 4,1%; Colombia y Guyana a 4%; Chile, a 3,4%; Surinam a 2,7% y Brasil a 2,3%. Últimos: Argentina a 1,97% anual y Venezuela a 0,2% anual. El resultado de los experimentos populistas y globalifóbicos es muy claro: “vivir con lo nuestro” conduce a “vivir con lo puesto”.
Argentina inició las tareas en ese sentido, pero la falta de resultados empieza a preocupar. Un gran logro ha sido el abandono del “modelo” empobrecedor de economía cerrada, y la rápida normalización de las relaciones con el mundo. Pero una integración efectiva exige transformaciones internas previas que llevan tiempo. Acciones institucionales como la de alinear políticas y procedimientos a los estándares de la OCDE requieren reformas que bien diseñadas deberían mejorar las capacidades para competir en un mundo más proteccionista y más exigente que el de hace dos o tres décadas. Instrumento fundamental, si bien no el único, es el de contar con un tipo de cambio real más alto que en el experimento populista, y eso exige una política de reducción de impuestos y de gasto público, parcialmente compensado con partidas y programas que permitan absorber la expulsión de mano de obra estatal en el sector privado. Una tarea que debería ser previa, no posterior a reformas comerciales, si es que se tiene real intención de minimizar daños irreversibles.
La secuencia de intentos de reconexión al mundo no ha sido esa, de modo que se torna aún más necesaria una baja de impuestos a corto plazo y mucho más profunda que la de las reformas aprobadas a fin de 2017. Exige una baja drástica del gasto público, y no sólo en transferencias, compensado con nuevo gasto (aunque menor) en programas de reinserción laboral. Esto, a su vez, sólo tiene futuro con una estrategia exportadora inteligente y efectiva. Lleva tiempo, pero la alternativa es el mercadointernismo de bajo vuelo de 2008-2015. Los resultados son bien claros.
La tarea no es fácil. Exige reformas en varios frentes: gasto público (nivel, y eficiencia del mismo), impuestos nacionales, sobrecostos burocráticos, impuestos provinciales, tasas municipales, regulaciones de mercados, y todo en línea con una política monetaria, cambiaria y de ingresos coherente con ese programa de reformas. Una tarea difícil, con potenciales ganadores y no pocos perdedores, que harán todo lo posible para que no se hable del tema. Pero tarde o tarde o temprano algo habrá que hacer. Al menos si es que realmente se tiene la intención de revertir de una buena vez el decepcionante desempeño de la economía argentina de las últimas ocho décadas.
