Por Francisco Morel Orge Analista internacional y Martín Grandes Conicet-UBA y ex economista de la OCDE
Como hemos apreciado en los últimos meses, el Gobierno Argentino viene mostrando una marcada vocación y decisión política de devenir miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, en adelante). Pero más allá de la intención, ¿Cuáles son los requisitos necesarios y el camino para ingresar? ¿Qué exigencias impusieron a otros países, como Chile, uno de los últimos países en ser admitido como miembro pleno, y relativamente comparable con Argentina en términos de desarrollo y posición regional?
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE en adelante) era un club de países ricos hasta luego de la caída del comunismo en 1989. En efecto, desde su fundación en 1961, con la misión de implementar, administrar y monitorear el plan Marshall, así como también de evitar la “tentación” comunista en tierras europeas, el club fue mutando su misión y objetivos y también ampliado selectivamente su membrecía desde comienzos de los '90 . En años recientes desde 1990 han ingresado países surgidos tras el quiebre del eje comunista (Checoslovaquia, URSS y Yugoslavia) y algunas republicas latinoamericanas (México, Chile) y asiáticas y de Medio Oriente (Corea del Sur o Israel). La infografía ilustra la dinámica de la composición de la organización en el tiempo.
A 2018, la OCDE reúne 35 países para compartir experiencias, comités y grupos de trabajo en políticas públicas para básicamente promover una mejor gobernanza global, desarrollo sustentable y mayor bienestar de la población. Les corresponde a estos 35 socios, nada más y nada menos que, el 60% del comercio internacional, 80% del PIB mundial y 75% de inversión extranjera directa mundial. Respecto al proceso de ingreso, y los requisitos y futuros beneficios/ costos de tal ingreso al club, cabe señalar dos aspectos importantes.
El primer aspecto es que el proceso de ingreso a la OCDE es un largo, sinuoso y no siempre exitoso camino, y que no sólo depende de los deberes hechos por el país candidato sino de la voluntad política y estratégica de los socios de “agrandar el club” y promover el ingreso de nuevos aspirantes. Largo, porque es extenso el tiempo que le lleva a un país alinearse con los criterios y prácticas promovidas por la OCDE, más de los que la política argentina está acostumbrada a vivir. No lineal porque consta de un múltiple derrotero de revisiones de políticas, evaluaciones y recomendaciones en un contexto cambiante, y no siempre exitoso porque tanto interna como externamente al país aspirante pueden alterarse las condiciones, contexto y la geopolítica. Puertas adentro, establecer la política de ingreso a la OCDE como una política de Estado parecería ser uno de los mayores desafíos que tiene Argentina especialmente en vistas del cambio presidencial que sucederá en 2019.
El segundo aspecto es que los requisitos básicos para pertenecer son tres que la Argentina cumple: primero ser una democracia (entendida en los términos modernos: división de poderes, participación universal, periodización de los mandatos y alternancia de partidos gobernantes), existencia plena del respeto por los derechos humanos en el territorio, y tener una economía de mercado y abierta. Cumplidos estos requisitos se abre un proceso de múltiples etapas formales desde la intención hasta la invitación a adherir, cuyo Nudo Gordiano está en la evaluación de los 23 comités técnicos de la OCDE del cumplimiento de las recomendaciones que se formulen. Estas suelen incluir adhesión a convenciones, sanción de normas acordes, reformas económicas y estructurales. A la fecha, Argentina ha sido admitida por todos los comités técnicos, a excepción del órgano de salud el cual se encuentra en proceso. De la tensión entre el cumplimiento de las recomendaciones y exigencias, y el propio juego político interno a la OCDE, emergen las decisiones de invitar a los países no miembro a recorrer el extenso derrotero a la membresía.
El tercer aspecto es que el “combo” de exigencias a cumplimentar no siempre tiene los mismos ingredientes para todos los países. En el caso chileno, un país de estabilidad institucional, solidez económica y previsibilidad, y cuyos marcos regulatorios, leyes, y políticas públicas ya estaban en buena medida alineadas de antemano con aquellas exigidas por el club, el proceso fue más simple, aunque costoso. Por el contrario, los procesos previos de países como Colombia, la Federación Rusa o Rumania, también candidatos a ser invitados al proceso de acceso en junio, contienen exigencias mucho más amplias que las de Chile (básicamente gobierno corporativo, intercambio de información entre fiscos y prácticas antisoborno de funcionarios) y que incluyen desde infraestructura, propiedad intelectual, educación o lavado de dinero, por citar algunos ejemplos.
Cabe destacar, que si bien varias exigencias de la OCDE ya habían sido consideradas y cumplimentadas por proyectos de ley en el Congreso chileno, la presión fue condición suficiente para la concreción de las mismas. Es imaginable que numerosas reformas y cambios de política pública que promuevan los sucesivos gobiernos argentinos también respondan a pedidos y recomendaciones de la OCDE. Claramente las reformas laborales, tributarias y previsionales son ejemplos en curso, y el mega DNU dividido en tres leyes bajo tratamiento actual en el Congreso también. A esto se le puede sumar también el trabajo sobre corrupción, tanto estatal como empresarial, y algunas cuestiones de educación y salud. Y no menor, la lucha para bajar la inflación a los niveles OCDE, a pesar de no ser un requisito formal, es condición necesaria y suficiente como muestra la experiencia.
Por último, la configuración social, política e institucional de la Argentina ?así como las de Rusia o Colombia entre otros países? dista de la chilena a la hora de pensar en el consenso e implementación posterior de algunas reformas no siempre simpáticas ni simples de llevar a la práctica. La tolerancia a las reformas y las condiciones para que las mismas se concreten, la especificidad de sus sistemas políticos y sus instituciones podrían hacer que los beneficios de pertenecer pudiesen parecer menores que los costos bajo el prisma cortoplacista. Por ende, el mayor desafío de ingresar al club es mantener este ingreso como una política de Estado que minimice los costos de transitar a la membrecía y maximicen los beneficios de largo plazo al acceder al club.
