Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Cuando un tratamiento médico no muestra resultados, puede que no funcione por tratarse de un paciente terminal. En caso de no serlo, no hay muchas opciones para encontrar la fuente de la falla: el tratamiento no es el indicado, o sí lo es. En caso de serlo, las fallas están asociadas a su aplicación. En ese caso, fallan los procedimientos o fallan las personas que lo recetan y aplican (o ambos).
En política económica se trata de lo mismo. Llamemos “paciente” a una economía dada, y tratamiento a la política para mejorar su salud, y es esencialmente lo mismo. Claro, cuando la mejoría esperada, o anunciada, no se observa comienzan los cuestionamientos. Las personas a cargo de las políticas tratan claramente de justificarse y también a reclamar paciencia. A veces puede ser tarde, sobre todo cuando los argumentos a manera de petición son algunos como los que se conocieron en las últimas semanas: “el gradualismo es el único camino”, “tenemos pocas herramientas para bajar la inflación”, “está bajando el déficit fiscal” o “en Argentina está bajando la inflación”.
Esto último, planteado ayer ante el diario Clarín por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sorprendió por no ajustarse en absoluto a la realidad. Como observamos el jueves pasado, los números publicados por el Indec, que depende de ese Ministerio, justamente, muestran que la inflación medida por el IPC Nacional ha aumentado en términos interanuales desde julio de 2017, y que la tendencia del promedio móvil a tres meses giró en sentido ascendente desde septiembre pasado. En general se espera un giro de esa tendencia en los próximos meses, pero no es un hecho consumado. Decir que “en Argentina está bajando la inflación” no se ajusta a la realidad. Lo mismo que afirmar que “hubo una baja muy grande de la inflación núcleo”. Su promedio móvil trimestral no deja de subir desde septiembre del año pasado.
La realidad muestra que la desinflación podrá ser realidad, quizá, en el futuro, y que a regañadientes se empiezan a aceptar algunas de las advertencias que los “economistas locales” advertíamos hace dos años. Sin un programa de shock inicial y sin cortar con la inflación inercial, el gradualismo no es efectivo para derrotar la inflación, y menos en el corto plazo. La adopción de un régimen de metas de inflación, per se no es efectivo para una desinflación rápida. Menos cuando se aplican en una economía cerrada, con inflación reprimida por controles de tarifas públicas y tipo de cambio, y subordinación del Banco Central a un sector público con cuentas permanentemente deficitarias. La resolución del conflicto con los holdouts y la unificación cambiaria no admitían demoras. La suba del tipo de cambio y su impacto en los precios fue inevitable, desmintiendo rotundamente a varios funcionarios actuales que sostenían que ello no iba a ocurrir.
Sin embargo, eso no ha sido una transformación en serio del sistema. Los ajustes de tarifas, salarios y otros precios regulados en base a costos y negociaciones caso por caso se mantienen sin cambios. No hubo una desregulación de mercados como la de los años '90, ni reforma del Estado en serio. Por el contrario, el primer acto de Gobierno fue el aumento de la cantidad de ministerios. Costará admitirlo, pero la economía argentina es una economía mixta, poco abierta, y que crece más por empuje del gasto público que por el de las exportaciones o la inversión privada.
Sin mayoría parlamentaria propia, el oficialismo no se sugirió siquiera un programa de profundas reformas estructurales del Estado, ni se abandonaron las prácticas de negociaciones de subsidios y salarios en base a ejercicios periódicos de presión y respuesta. Con el marco legal del Gobierno anterior y un Poder Judicial percibido como poco confiable, el anuncio de “lluvia de inversiones” no se cumplió ni en el segundo semestre de 2016 ni en el de 2017. La realidad forzó a cierta modestia y varios funcionarios “anuncian” ahora una desinflación en serio (no mucho más) para el segundo semestre de este año.
Ciertamente habrá ajustes de tarifas inferiores a los de estos meses, probablemente los últimos antes del próximo año, de elecciones presidenciales. Pero ello incubará presiones reprimidas hasta 2020, y los mercados lo saben. Esto significa que nada cambiará en realidad hasta entonces. En un contexto así, y sin cambio de las políticas monetaria, fiscal, cambiaria y de ingresos, no es de esperar una baja drástica de la inflación al menos hasta la próxima década. Si la oferta monetaria sigue a más del 20% anual y la economía se mantiene creciendo por debajo del 3% promedio anual, sólo se podrán esperar bajas transitorias de la inflación en los meses sin ajustes de tarifas y sin subas del tipo de cambio.
En definitiva, sin una real reducción del déficit fiscal total (y no meramente del déficit primario) ni de la emisión monetaria, tal vez lo más prudente sea abandonar las metas de inflación limitadas a valores puntuales, y no a bandas de inflación. Si algo era claro desde antes de diciembre de 2015, es que una de las demandas implícitas o explícitas de la sociedad era de una baja efectiva y permanente de inflación, y no de anuncios de metas incumplibles. Es por eso que afirmar que “está bajando la inflación” cuando ello no es verdad, no es más que una nueva contribución (autoinfligida) al proceso de pérdida de reputación iniciado en diciembre del año pasado.
