Por Jorge Colina Idesa
La idea de inducir a los beneficiarios de planes sociales a terminar con la secundaria suena atractiva. Pero no es tan fácil de llevarla a la práctica ya que en muchos casos hasta puede no ser lo más efectivo desde el punto de vista de mejorar la empleabilidad. El punto pasa por el hecho de que los estudios formales rinden cuando son adquiridos a las edades correspondientes, es decir, en la adolescencia. Cuando los jóvenes superan los 20 años sin terminar la secundaria, deben hacerlo en las escuelas de adultos donde se acorta la duración y se disminuye el nivel académico. A medida que más adulta sea la persona que termina la secundaria, más débiles son sus aprendizajes. Entonces, la obtención del título de nivel medio en escuelas de adultos termina siendo más una formalidad antes que la certificación de que se desarrollaron capacidades para el mercado laboral.
En este sentido, la política para los beneficiarios de planes sociales debería tener una priorización. En primer lugar, habría que lograr que los hijos de los beneficiarios de planes sociales terminen la secundaria a tiempo. En segundo lugar, habría que promover que los jóvenes de entre 20 y 25 años de edad que vienen atrasados terminen lo antes posible en las escuelas de adultos evitando que dilaten su estancia en ellas. En tercer lugar, para las personas mayores de 25 años de edad se puede promover que terminen la secundaria en las escuelas de adultos, pero debería ser con programas especiales en los que se combinen las clases de aula con formación en oficios o prácticas laborales en trabajos comunitarios. Con este ordenamiento hay mejor uso de los recursos: evitar que los jóvenes se retrasen, si lo hacen, tratar de que no dilaten su retraso y para los adultos reforzar más la parte laboral que escolar, que es lo que más les va ayudar.
Lo más difícil en la ejecución de este tipo de intervención es la coordinación jurisdiccional. Por un lado, el Ministerio de Desarrollo Social es el que paga los planes sociales y el que quiere condicionarlos a los logros formativos. Pero las que tienen a cargo la gestión de las escuelas de educación común y de adultos son las provincias. Y quiénes mas cerca están de los beneficiarios y, por ello, son las que deberían ocuparse de inducir, acompañar y controlar que los beneficiarios se mantengan dentro del sistema educativo son los municipios. El problema es que los incentivos no están alineados. Recibir una multitud de nuevos alumnos en escuelas de adultos implicaría para las provincias asignar más recursos y lo mismo para los municipios que si no reciben algo a cambio difícilmente asuman la responsabilidad de acompañar y verificar que los beneficiarios efectivamente vayan a las escuelas de adultos. En el fondo, esto confirma que la gestión de la política social no es materia nacional sino provincial y municipal.
