Por Guido Lorenzo ACM Consultora
Argentina sigue sin solucionar una situación que es clave para resolver el problema de la pobreza: su economía crece, pero se nota cierta incapacidad para reducir la tasa de desempleo. Por su parte, el empleo crece y los puestos de trabajo ya superan los de octubre 2015, el máximo antes registrado. La diferencia es que en ese mes de 2015 la tasa de creación de empleo interanual se ubicaba en 5,1% para el sector público mientras que el sector privado creaba empleo a un ritmo de 1%. Actualmente la relación ha cambiado y el sector privado genera 2,3% y el sector público apenas, 1,2%. Por lo tanto, la participación del sector público en el total del empleo fue perdiendo peso marginalmente y hoy alcanza el 25,6% desde el 25,8% en 2015.
Por lo tanto, no todas son buenas noticias: si bien el sector privado ahora genera más empleo que el público, aún no es representativo. Incluso, cuando se evalúa hacia dentro del sector privado, se puede observar que el empleo generado está completamente impulsado por monotributistas y la cantidad de asalariados formales del sector privado se mantiene constante.
El problema, por un lado, es que si bien es trabajo privado, tiene un problema particular que es que el trabajador está en una situación de vulnerabilidad porque muchas veces no está claro el vínculo con quien contrata sus servicios. No obstante, lo que más preocupa es que se necesitan crear (en promedio) al menos tres puestos de trabajo de la forma de contratación bajo monotributo por cada empleado asalariado formal para igualar los aportes al sistema de seguridad social. Es decir, el país se está comiendo el bono demográfico silenciosamente y el problema para la carga del peso de la seguridad social será un gran desafío si no se resuelve en los próximos años.
Por otro lado, es completamente entendible que el costo laboral que implica para las empresas, sumados a los impuestos que debe pagar el trabajador en relación de dependencia, desplacen el trabajo hacia la relación de contratación del monotributo.
Nuevamente se vuelve a hablar de labor hoarding, una situación en la cual las empresas han atesorado trabajadores durante la recesión y ahora no tienen necesidad de contratar. No creo que sea el caso: la elasticidad producto empleo está creciendo de 0,5 a 0,8. En mi opinión, el país ya superó esa etapa y lo que impacienta es que lo que esté detrás del poco desempeño para generar puestos de trabajo asalariados formales por parte del sector privado sean dos elementos que preocupan.
El primero es que las empresas estén demorando sus planes de contratación debido a que haya caído la expectativa de crecimiento para los próximos años. Es sabido que las firmas no contratan asalariados que tienen un costo de salida alto.
Por otro lado, lo que pudo haber sido un error político: el anuncio de la reforma laboral. La anunciada reforma se postergó a fines de 2017 luego de que se aprobara el consenso fiscal, el cambio de la movilidad jubilatoria y responsabilidad fiscal. Quizás fue anunciado con demasiado optimismo, lo que pudo hacer que los planes de contratación formal se demoren esperando que salga la ansiada ley. Esto no iba a ser viable en el contexto de la aprobación de todo el paquete mencionado y menos aún en las puertas de las negociaciones salariales del 2018. Por lo tanto, es un aspecto que tendrá que afrontar el Gobierno durante el segundo semestre para que no complique el próximo año electoral.
El balance y la tendencia son positivas en el sentido de que se ha dejado de tener una creación de empleo ficticia basada en un sector público con baja eficiencia pero, por otro lado, el balance dentro del sector privado debería ser revisado: caso contrario, se echaría a perder la oportunidad de generar un mercado de trabajo dinámico que sirva para sustentar el sistema de seguridad social. Sería un buen indicio que la discusión de este tema figure como una de las prioridades en la agenda del segundo semestre.
