Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
En una nota anterior describimos las dificultades que enfrentan las economías de ingreso medio para transformar los nuevos avances tecnológicos en crecimiento de largo plazo. El ciclo de innovación presente podría tener la capacidad de generar amplias ganancias de productividad y, al mismo tiempo, inducir fuertes pérdidas de empleo. Esta situación disparó una propuesta para diseñar un sistema de ingreso básico universal que actuaría como red de contención ante potenciales conflictos sociales.
En el mismo sentido que venimos desarrollando, estas iniciativas no prometen una salida sencilla en los países medios. Hasta que las ganancias productivas de las nuevas tecnologías no se extiendan suficientemente, su realidad financiera primará. Los esquemas compensatorios más factibles podrán remunerar a lo sumo un ingreso básico bajo, muy probablemente inferior al salario mínimo, que incluso podría focalizarse en los grupos más vulnerables. Todo apunta a que el orden de los acontecimientos será primero el de ganar desarrollo con el impacto tecnológico para bastante más tarde, siempre y cuando la realidad política lo permita, repartir sus beneficios.
Pero los desafíos que enfrentan países medios son más vastos aun. El Council of Economic Advisers publicó hace poco un informe para Estados Unidos donde lista una serie de acciones en el que analiza a promover las nuevas tecnologías, protegiendo al mismo tiempo a la sociedad de sus potenciales consecuencias económicas nocivas. Hay dos aspectos de este informe que queremos remarcar aquí. Uno refiere a la educación y el otro al “empoderamiento” de los trabajadores.
La innovación por venir requiere un entrenamiento generalizado de la fuerza de trabajo para estar a la altura de las circunstancias. Pero esta solución no considera la velocidad del ajuste de la instrucción: mientras las tecnologías evolu
entrenamiento cionan cada vez más rápido (como ilustra la famosa Ley de Moore), la capacitación requiere varios años, especialmente para los de mayor edad que han invertido mucho en su profesión anterior. Si bien los planes de mediano plazo se proponen educar a las futuras generaciones, la espera puede ser demasiado larga para el vértigo de los procesos que se viven. Por otra parte, los responsables de modificar las metodologías de formación deben estar al tanto de los desarrollos recientes, y trabajar constantemente actualizando los planes de estudios y las técnicas educativas, un desafío mayúsculo para las economías menos modernas.
Si bien resulta sensato encarar estas reformas más allá de lo que ocurra con la tecnología, la dificultad principal en los países en desarrollo radica en su capacidad de financiar la transición, que puede resultar costosa y generar rendimientos sociales tardíos. Los países desarrollados pueden darse el lujo de arriesgar y fallar a la hora de encarar gastos de entrenamiento y educación, pero los más atrasados suelen enfrentar dilemas de utilización de recursos en el corto plazo que inhiben esta posibilidad. La adecuación del trabajo será especialmente traumática en países en los que la estabilidad laboral es considerada un mérito y la flexibilidad laboral se presume una estrategia empresarial con el único objetivo de aprovecharse de los trabajadores.
El otro conjunto de políticas que el Council propone refiere al “empoderamiento” de los trabajadores para asegurar que los retornos de productividad de las nuevas tecnologías sean compartidos. Las pérdidas de empleo y la apropiación de rentas deben ser parcialmente revertidos, según reza el informe, a través de la modernización y fortalecimiento de las redes de seguridad social, de un seguro de desempleo más eficaz, de dotar a los trabajadores de un mayor poder de negociación, y de incrementar el salario mínimo. Una vez más, la teoría suele estar razonablemente justificada, pero el diablo se esconde en los detalles. El empoderamiento de los trabajadores debería ser mayor en los sectores presumiblemente más afectados, pero no es obvio que quienes vayan a perder el empleo sean los más vulnerables. En la práctica, es posible que la acción empoderadora se termine definiendo en función de la cantidad de despidos provocados por la adopción de tecnologías sustitutivas. Por supuesto, en el límite, impedir los despidos eliminaría en primer lugar el incentivo de la firma a incorporar dichas tecnologías. De aquí la necesidad de mediar inteligentemente la redistribución a través de la intervención pública.
Los analistas están discutiendo los impactos de las nuevas tecnologías, pero no siempre consideran aspectos centrales de la transición. Por un lado, el punto de partida de ciertos países para encarar las reformas seguramente costará muchos recursos. Por el otro, no se abordan los detalles específicos de estas políticas. El resultado puede ser un camino de transformación mucho más conflictivo del que tenemos en mente.
