Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
En los dos artículos anteriores (I y II) de esta columna evaluamos los desafíos que las nuevas tecnologías traerán aparejados para los países en desarrollo. Habíamos concluido sobre la necesidad de la intervención pública, y dejábamos planteado el interrogante de cómo encarar las políticas en un entorno no siempre favorable.
La conceptualización de la intervención pública para lidiar con la innovación moderna podría entenderse así. Al momento de surgir las nuevas tecnologías, sus beneficios suelen ser apropiados por un conjunto de actores con capacidades técnicas y financieras suficientes, que aprovechan el aumento de productividad y se apropian de estas rentas. Entonces el Estado grava estos beneficios extraordinarios y redistribuye sus frutos a los afectados por la vía de un seguro de desempleo, capacitación gratuita, fortalecimiento de las redes de contención social, etcétera.
Todas estas ideas parecen tener una justificación bastante clara, pero en la práctica cada una de estas etapas requieren un cuidadoso examen de identificación, elección de los instrumentos más adecuados, y evaluación de impacto. Cada decisión podría incluso ser reconsiderada a medida que la propia lógica tecnológica cambia las reglas de juego. Además, los gobiernos suelen ser poco propensos a las redistribuciones directas porque es más fácil perder el apoyo político de los perjudicados que ganar el de los favorecidos, lo que termina sesgando las decisiones políticas en favor de mantener el statu quo.
El impacto de las nuevas tecnologías en cada país en desarrollo podría depender de su estructura productiva y de su capacidad de aplicar estos procesos a las actividades en las que se especializa. En Argentina, por ejemplo, no hay dudas de que la biotecnología podría beneficiar a la agricultura, pero el sector pecuario podría sufrir en caso de que se generalizara la producción de “carne sintética” con impresoras 3D o técnica similar.
También es importante la estructura inicial del empleo. Un estudio reciente elaborado por Apella y Zunino titulado “Cambio tecnológico y mercado de trabajo en Argentina y Uruguay” caracteriza las ocupaciones según el contenido relativo de cada tipo de tareas requerida. Lo que observan estos analistas es que durante las últimas dos décadas se han producido cambios en ambos países de cierta magnitud en este sentido. Mientras que a mediados de la década del noventa los trabajadores destinaban gran parte de su tiempo al desarrollo de tareas “manuales rutinarias”, hoy este tipo de tareas son menos requeridas, y se destina una mayor parte del tiempo a realizar tareas “cognitivas”. Esta es una buena noticia a la espera de un shock tecnológico tradicional, pero arroja dudas en el caso del avance de las tecnologías más avanzadas como la inteligencia artificial, que afectaría una cantidad no menor de labores incluso con contenido cognitivo.
Finalmente, vale considerar el rol en países emergentes de comportamientos agregados insostenibles montados sobre expectativas de un futuro promisorio. Las expectativas sobreoptimistas basadas en nuevos descubrimientos tecnológicos han sido moneda corriente en países desarrollados, pero no han probado ser relevantes en economías atrasadas, teniendo en cuenta que la interacción de los agentes con estas novedades son mucho menos frecuentes, y que su capacidad de adopción de estos procesos es bastante menos directa. Pero cuando las economías ricas inducen estas burbujas a través de apuestas desorbitadas a empresas high tech en el mercado de valores, las promesas incumplidas producen un ajuste inevitable que se extiende fácilmente a otras, golpeando indirectamente también a los países medianos que dependen de ellos.
Muchas tecnologías novedosas nos maravillan porque solucionan problemas del día a día, pero sus impactos agregados y sobre el crecimiento de países medios no es igual de directo. Seguramente tendremos que pugnar por varias décadas con los mismos problemas estructurales de siempre.
