Por Agustín Kozak Grassini Profesor de política económica (FCE-UNNE)
Pocas cosas tan importantes para el desarrollo como la cuestión del financiamiento. Es tan obvio como inadvertido, que sin un sistema financiero (SF) subordinado a tal objetivo, no hay desarrollo posible. De otro modo, ¿cómo materializar las inversiones requeridas? ¿Cómo viabilizar la incorporación de tecnología? ¿Cómo posibilitar la innovación? ¿La infraestructura y el capital humano? ¿La diversificación productiva y la integración? ¿Cómo superar los cuellos de botella estructurales? Todo necesita de financiamiento.
Hay una fuerte tendencia a nivel global, conocida como la “financiarización de la economía”, consistente en asumir al SF como un fin en sí mismo. Hija de la concentración y del lobby de actores cada vez más influyentes. Pero no siempre fue así. En los orígenes, la razón de ser del SF era la captación de recursos difusos para canalizarlos hacia inversiones productivas. El SF fue concebido como un instrumento para mejorar el bienestar de la sociedad.
Lejos de los orígenes y cerca de las tendencias internacionales, hoy nuestro SF exhibe una conducta que poco contribuye a expandir el potencial productivo del país, ni a viabilizar la integración económica de sus regiones constitutivas. Una caricatura de nuestro sistema, muy concentrado en bancos, revela que presta poco y retiene mucho para la “timba financiera”. Lo poco que presta lo vuelca preponderantemente al consumo. Si algo va a inversión, suele estar dirigidos a sectores tradicionales y a los territorios más prósperos. De esta manera el financiamiento contribuye a consolidar y reforzar patrones de concentración económica, regional y productiva.
El problema es encauzar al SF hacia un objetivo desarrollista. Dejarlo librado a las azarosas fuerzas del mercado, no va a producir sino un mayor distanciamiento entre la economía real y la financiera. La articulación requiere de una reforma profunda del marco institucional que regula el funcionamiento del SF. En este marco, no sería un dato intrascendente el hecho de que la reforma financiera del Ejecutivo lleve como título “financiamiento productivo”.
Sin embargo, un análisis del texto que recibió media sanción en la Cámara Baja, y que hoy será tratado por la Cámara Alta, deja mucho que desear. Si bien se trata de una reforma ómnibus (que modifica a más de 10 leyes clave), lejos está de ser una refundación “productivista” del sistema financiero. Sus cláusulas rara vez buscan acercar los recursos financieros a la economía real. El título tiene la deliberada intención de exaltar algunos aspectos (positivos) del contenido, ocultando otros no tan benévolos. Ampuloso. Veamos.
El aspecto más productivista del proyecto de ley, del cual deriva su título, es la creación de una factura de crédito electrónica para MiPyMEs descontable en el mercado de capitales, y así evitar las tasas usurarias que afectan a estas pequeñas empresas. Sin embargo, esta medida propyme queda pequeña frente a concesiones que se otorgarán a grandes actores.
En primer lugar evocando la seguridad jurídica de los inversores, se propone la eliminación del artículo 20 de la Ley de Mercado de Capitales (Nº 26.831), que establece que la CNV tiene la facultad de “designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad”. El argumento es que muchas empresas potencialmente emisoras de acciones en la Bolsa, desisten de hacerlo para evitar exponerse a arbitrariedades del Estado. De acuerdo con informes del Observatorio PyME es la latente inestabilidad macroeconómica (inflación, retraso cambiario y apertura comercial), y las permanentes dificultades de acceso al crédito bancario las que determinan la reticencia inversora de las empresas. Al menos para el mundo PyME, el control estatal no parece ser una limitante.
En segundo lugar, las propuestas respecto del desarrollo del mercado hipotecario. En la iniciativa enviada por el Ejecutivo se posibilita que las letras hipotecarias y pólizas de seguro sean ajustables por algún mecanismo de actualización, al modificar el artículo 39 de la Ley de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción (Nº 24.441). Además se avala la posibilidad de securitizar la deuda hipotecaria para fondear a actores con carteras crediticias de deudores hipotecarios, al introducir la facultad de “emitir títulos de deuda? que tengan como garantía las letras hipotecarias” al artículo 49 de la citada Ley.
Más allá de facilitar el acceso a la vivienda propia a importantes capas medias y medias-altas de la sociedad, y sin pretender evaluar la conveniencia de estos créditos ajustables para sus contrayentes en un contexto de inflación alta, la preponderancia de estos créditos no modificará el perfil productivo y exportador de un país, que espera otro año con déficit comercial que romperá todo registro histórico (más de US$ 8.000 millones proyectado), y que se apresta a financiarlo tomando más deuda con el exterior. La deuda es sostenible en la medida en que contribuya a ahorrar o a generar los dólares para repagarla. No es el caso.
Cabe preguntarse ¿quién sale ganando?. Es obvio que se trata de una legislación a la medida de los bancos. Por un lado, los créditos UVA, que hoy representan 9 de cada 10 créditos hipotecarios que otorgan los bancos, tendrán el carácter de “Letra Hipotecaria” (que con la legislación vigente no tenían una naturaleza actualizable). Por otro lado, con la securitización de la cartera de clientes hipotecarios, los bancos podrán obtener renovada liquidez para sus negocios financieros.
Esto sin mencionar la exposición a riesgos sistémicos que podría gatillar esta reforma, atenta a la experiencia no muy lejana de las crisis subprime en Estados Unidos Después de todo, ¿si los bancos comerciales pueden transferir los riesgos de sus préstamos, al vender su cartera de clientes, qué incentivos hay a reducir la selección adversa y el riesgo moral?
En tercer lugar, otra herramienta potenciada por la reforma son los fondos comunes de inversión cerrados. Estos fondos tienen la característica de que una vez constituido no puede ampliarse ni rescatarse hasta una fecha predeterminada. Por esta razón, transformarlo en dinero líquido era dificultoso y ahí yacía su falta de atractivo. La novedad pasa por permitir que los certificados de participación de estos fondos puedan ser transados en el mercado de capitales.
Si bien el objeto de estos fideicomisos puede ser la inversión productiva, la comercialización de sus cuotas partes abre la puerta a que pequeño ahorrista inviertan en la fortalecer la economía real. Detrás de este aspecto positivo, se encuentra el hecho de que esta alternativa resulta muy conveniente para los que ingresaron al último blanqueo de capitales, y tienen activos inmovilizados. De esta manera pueden obtener efectivo fresco de los fondos blanqueados. De todas maneras, no es para nada directo que los ahorristas que tienen a los plazos fijos y al colchón como medios habituales de ahorro, se vuelvan ahora al mercado de capitales.
En resumen, nada indica que la aprobación del proyecto de Ley de financiamiento productivo, para la que el Presidente exigiera pronto tratamiento al Congreso en oportunidad de la apertura del año Legislativo, hace menos de una semana, sea el instrumento institucional que otorgue un sesgo productivista al sistema financiero nacional. Llama la atención, en particular, que la dimensión territorial esté ausente, en un país en el que conviven regiones que disfrutan de niveles de vida de la OCDE con otras zonas en donde el bienestar no es mejor que en las más empobrecidas zonas de Centroamérica.
El rótulo del proyecto era prometedor, pero el Ejecutivo optó por el trámite exprés que eludió un gran debate nacional acerca del sistema financiero que se necesita para un verdadero cambio estructural de la matriz productiva, que permita la inclusión a partir del empleo privado y competitivo desde el punto de vista de los mercados internacionales.
