Entrevista a Adrián Pérez Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Por Mariano Espina
Tras el fracaso en 2016, el Gobierno insistirá este año ?el último no electoral del mandato de Mauricio Macri? con la reforma electoral. Por un lado, insistirá con el proyecto, con media sanción en Diputados, que propone un nuevo sistema de votación (boleta unica electrónica) que luego no fue aprobado en el Senado, tras el rechazo del bloque peronista. Por el otro, también avanzará con una iniciativa sobre el financiamiento de las campañas electorales, que aún está en las gateras y que no cuenta todavía con un anteproyecto, pero sí con varias premisas. Por ejemplo, permitir el aporte de las personas jurídicas y bancarizar las contribuciones. Se resolvió ayer tras un encuentro en la Casa Rosada con expertos y dirigentes políticos.
Hace dos años comenzaron estos paneles sobre financiamiento de la política. ¿Se va a traducir en un proyecto de ley?
Nos parece importante construir consensos con la sociedad civil, con expertos, la Justicia Electoral y los partidos políticos. El de ayer fue el tercer encuentro y ahora sigue la elaboración de un boceto de proyecto a los efectos de refrendarlos y obtener el mayor nivel de acuerdo respecto a qué hay que hacer sobre el financiamiento de los partidos políticos. Después la estrategia legislativa será decisión del Poder Ejecutivo. Pero tenemos un diagnósticos y contamos con algunas soluciones que deben estar incluidas en una iniciativa en esta materia.
¿Hay consenso para que aporten las personas jurídicas, para la bancarización de las contribuciones y el seguimiento del financiamiento?
Hay pleno consenso en salir de los ingresos en efectivo para ir hacia un esquema bancarizado que permita un control transparente. También hay coincidencias en que la obstrucción de los aportes de las personas jurídicas en las campañas no ha sido un buen mecanismo porque ha colaborado en incrementar los aportes en negro. Queremos que haya transparencia y que el ciudadano pueda saber quién financió la campaña de quien y dotar de más herramientas a la Justicia para que haya un registro de los aportes en tiempo real y no meses después de los comicios. Proponemos, a su vez, un tope sobre cuánto puede invertir cada empresa sobre el monto total que se gasta en una campaña, que sería del 3%.
¿Aceptarían los aportes de sindicatos?
Siempre surgen puntos nuevos, y hoy se propuso que, así como se habilitarían a las empresas a que contribuyan en las campañas, también se le permita a los sindicatos. Siempre en un marco de control sobre los financiamientos.
¿Cree posible que en las elecciones de 2019 se vayan a aplicar algunas de estas iniciativas?
Esperemos que sí. El año es este, año no electoral. Queremos que haya más transparencia, más control y que se recupere la confianza de la ciudadanía sobre la política.
¿El Gobierno va a insistir en la reforma política y en las modificaciones al sistema de votación?
Ya hicimos una propuesta en 2016 que recibió un fuerte respaldo en Diputados pero no fue acompañada en el Senado. Como Poder Ejecutivo ya hicimos la propuesta, ahora es turno de la Cámara Alta que decidirá qué hacer con el sistema electoral, respaldado o modificando el texto que proponía un nuevo instrumento de votación (“boleta unica electrónica”), que eliminaba las colectoras y creaba un procedimiento electoral sancionador, entre otros puntos. El Senado debe pronunciarse sobre esto, sería bueno que la reforma, que ya está en el Congreso, tenga tratamiento.
Durante el 2017, antes de las elecciones, varias voces del Gobierno apuntaron contra las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). ¿Cree que son una buena herramienta?
Habíamos propuesto en el debate cambios a las PASO, pero no hubo consenso para hacer modificaciones, no hubo respaldo por parte de las distintas fuerzas políticas, así que no avanzaremos en ese sentido.
¿Van a impulsar el traslado del escrutinio provisorio ?hoy a cargo del Ejecutivo? al Poder Judicial?
Sí. Ya hemos planteado esa necesidad y está en la media sanción de Diputados, pero el proyecto sigue en el Congreso.
