Vidal arrincona al PJ con el Consenso Fiscal

Cambiemos sumó el acompañamiento de varios caciques peronistas y genera grietas en el espacio opositor

 

Por Mariano Espina

 

La Legislatura bonaerense adhirió, en diciembre pasado, al Consenso Fiscal acordado entre la Nación y veintitrés jurisdicciones y aprobado luego por el Congreso Nacional. El acompañamiento al pacto incluye, en su segundo artículo, la invitación a los municipios de la Provincia a “adherir a las modificaciones establecidas en el régimen de Responsabilidad Fiscal”. Consiste en un proyecto de “buenas prácticas” que propone una serie de exigencias que deben ser cumplidas por parte de los distritos a cambio de premios y castigos. Son varios los funcionarios de María Eugenia Vidal que salieron a la “caza” de intendentes opositores para que se sumen a este compromiso. Y estas adhesiones generaron una grieta interna en el peronismo bonaerense, que debate los alcances del proyecto y el significado político de sumarse a la iniciativa oficialista.

 

Circularon en la última semana numerosas fotos de encuentros entre el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Manuel Mosca, con intendentes oficialistas y opositores asumiendo el compromiso de enviar el proyecto al Concejo de respectivo municipio. Sorprendió, entre otros, la foto con los kirchneristas Patricio Mussi, de Berazategui, y Walter Festa, de Moreno. La convocatoria de Cambiemos arrinconó a varios caciques peronistas que debaten puertas adentro que decisión tomar y que repercusiones puede implicar esa postura.

 

Son varios los funcionarios bonaerenses que salieron a la “caza” de intendentes opositores para que incorporen sus municipios al compromiso

 

El acompañamiento al proyecto de Responsabilidad Fiscal genera un mayor seguimiento por parte del Ejecutivo provincial a las distintas administraciones municipales. Este aspecto, para más de un municipio, “acota severamente la autonomía municipal en la administración de sus presupuestos”. Así le dijeron a este diario desde el partido de La Matanza, que gestiona Verónica Magario. “También limita la capacidad de administrar los recursos humanos del municipio -agregó un funcionario matancero- pero sabemos que la Gobernación va a presionar para que adhieran muchos municipios”. En Merlo, distrito que administra el titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, expusieron argumentos similares pero adelantaron que aún lo están analizando y que, desde el PJ, están haciendo una consulta general. Algo similar sucede, por ejemplo, en Escobar y Esteban Echeverría. También son peronistas, también lo están analizando. En el partido de San Martín, a cargo de Gabriel Katopodis (PJ), aseguraron a El Economista que no van a impulsar la adhesión, pese al buen diálogo que une al intendente con Vidal.

 

Aquellos distritos cuyas arcas fiscales se encuentren deterioradas, están casi forzados a acompañar el proyecto porque facilita la ayuda financiera por parte del Gobierno provincial. En caso de no avanzar en ese sentido, dificulta el diálogo entre ambas administraciones. Pero, tal como sucedió en el acuerdo entre Nación y las provincias, no es obligación adherirse.

 

Desde el gobierno de Vidal cuentan que son más de sesenta los municipios (sobre un total de 135) que ya han asumido el compromiso y que enviarán el proyecto de adhesión a los concejos deliberantes. “Hay un núcleo que siempre cuestiona, pero la verdad es que hubo gran receptividad a la medida”, aseguran en una de las subsecretarías encargadas del seguimiento de este proceso.

 

Proyecto

 

Entre otros puntos, la iniciativa compromete a los municipios a “no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público respecto a la población del municipio”. A cambio, si logran alcanzar un resultado financiero superavitario, “podrán incrementar la planta de personal asociada a nuevas inversiones públicas”. Estarán habilitados para continuar tomando deuda aquellos distritos, por ejemplo, que logren un nivel de emisión que no supere el 10% de los recursos corrientes. Otro artículo, por caso, indica que las administraciones no podrán “tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante el último semestre del fin de mandato”.

 

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