El plan Progresar produjo muy buenos resultados

El Gobierno anunció recientemente dos modificaciones sustanciales al programa, cuyo impacto habrá que evaluar más adelante

Por Antonella Ampuero, Jorge Schweizer y Martín Trombetta Economistas

 

Las decisiones educativas son uno de los principales determinantes del bienestar económico futuro de un individuo. El nivel educativo alcanzado (o el “capital humano adquirido”, en la jerga económica) por una persona tiene una gran influencia sobre toda su trayectoria laboral posterior, tanto en términos del nivel salarial al que accederá como de su estabilidad en el mercado de trabajo. Dado que la concurrencia a establecimientos educativos se da casi exclusivamente en niños y jóvenes, podemos concluir que decisiones tomadas a corta edad son cruciales para el futuro de los individuos y de sus familias.

 

Si bien Argentina cuenta con un desarrollado sistema de educación pública gratuita en todos los niveles, resulta claro que las posibilidades de acceso al mismo son fuertemente dependientes del nivel socioeconómico del que provenga una persona. En particular, los jóvenes que viven en hogares de ingresos bajos frecuentemente se ven obligados a interrumpir su educación tempranamente con el fin de salir al mercado de trabajo o de colaborar en tareas locales no remuneradas como el cuidado de niños. Según los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), solo el 42% de los jóvenes de entre 18 y 24 años asiste a un establecimiento educativo. Solo el 4% de esta franja etaria ha completado estudios terciarios, mientras que el 39% no ha completado estudios secundarios.

 

Estas cifras son realmente preocupantes. La exclusión de jóvenes del sistema educativo alimenta la transmisión intergeneracional de la pobreza y representa un enorme costo social, tanto en términos de desigualdades sociales como de crecimiento económico. Resulta claro que esta problemática requiere políticas públicas específicas que permitan a los jóvenes continuar o retomar el proceso educativo interrumpido.

 

Algunos países de América Latina han implementado programas de transferencias monetarias condicionadas desde la década de los ´90, con el objetivo de incentivar la demanda de educación. En Argentina se puso en marcha desde 2014 el plan Progresar, un programa de beneficios monetarios destinado a los jóvenes pertenecientes a familias de bajos ingresos que tengan entre 18 y 24 años. El objetivo de este plan es incentivar a los jóvenes a que inicien, continúen o terminen sus estudios de educación secundaria o superior y a que realicen experiencias de formación en el mercado laboral.

 

Hubo un incremento de 5 puntos porcentuales en la tasa de asistencia educativa en los beneficiarios

 

En 2017 realizamos una investigación en la que nos propusimos analizar el impacto del plan Progresar sobre la tasa de asistencia educativa de los jóvenes a partir de su implementación. Para ello, utilizamos los datos de la EPH de 2013 y 2014. En términos simples, comparamos la tasa de asistencia a establecimientos educativos en una muestra de jóvenes, entre los que se observan beneficiarios y no beneficiarios del plan. Aplicamos una técnica conocida como “diferencias en diferencias”, que consiste en comparar lo que ocurrió en los beneficiarios con lo que ocurrió en los no beneficiarios.

 

Los resultados obtenidos son muy interesantes: señalan un incremento de 5 puntos porcentuales en la tasa de asistencia educativa en los beneficiarios como consecuencia de la implementación del Progresar. Esto quiere decir que la cantidad total de jóvenes que asisten a un establecimientoeducativo de manera regular aumentó en casi cien mil gracias a este programa. Al aumentar el ingreso de los jóvenes que viven en hogares vulnerables, el programa fomenta la continuidad del proceso educativo, ya que les permite trabajar menos horas dentro o fuera del hogar y, en cambio, utilizar ese tiempo para educarse.

 

Recientemente, el Gobierno ha anunciado una reformulación del plan Progresar que incluye dos modificaciones sustanciales. La primera consiste en una ampliación considerable del monto del beneficio, que en promedio crece bien por encima de la inflación acumulada. Asimismo, el tamaño del monto comenzará a depender del tipo de inserción educativa elegida por el beneficiario, privilegiando aquellas carreras consideradas estratégicas. La segunda modificación de peso consiste en un fortalecimiento del sistema de condicionalidades, para asegurar que el beneficio efectivamente actúe como un incentivo al progreso educativo. En un futuro podremos evaluar el impacto de estos cambios y considerar nuevas recomendaciones de políticas para continuar reforzando el programa.

 

Las cuentas pendientes son muchas. El monto máximo otorgado por el nuevo programa será de $ 7.400, todavía por debajo del salario mínimo, de modo que no es posible afirmar que el plan sustituya de por sí la necesidad de trabajar. A su vez, cabe señalar que el abandono educativo en las mujeres se encuentra más vinculado a la maternidad no planificada o a la mayor carga de trabajo dentro del hogar, problemas que no está claro que el Progresar sea capaz de resolver (al menos no completamente). Sin embargo, las modificaciones actuales ciertamente apuntan en el sentido correcto.

 

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