El nuevo acuerdo entre Chile y la Unión Europea

El pasado 5 de febrero, Bruselas le envió reglas al Gobierno de Chile para negociar la “modernización” del acuerdo de comercio bilateral que suscribieron en 2002

Por Jorge Riaboi Embajador y periodista

 

La Unión Europea (UE) no suele depender de las ideas de Washington cuando exporta su socialdemocracia o administra su método proteccionista. Ese encuadre ayuda a entender las reglas que el pasado 5 de febrero Bruselas le envió al Gobierno de Chile para negociar la “modernización” del acuerdo de comercio bilateral que suscribieron en 2002. Las propuestas incluyen temas y enfoques orientados a navegar en una economía occidental golpeada por las modalidades de la expansión de China, la crisis de sobreproducción industrial y el mercantilismo twitero de Donald Trump. También incorpora la inversión y los servicios, las nuevas tecnologías y el perfil que concibió Europa al lidiar con el ahora incierto proyecto de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP en inglés) con Estados Unidos, sin descuidar los históricos tabúes de su vida social y política.

 

La cobertura de los textos indica la probable intención de usar el mismo enfoque con socios comerciales de mayor complejidad que Chile y México y el objetivo de excluir ciertas decisiones estratégicas del Acuerdo bilateral. Europa desea retener la “libertad soberana” de definir sus políticas públicas en áreas como la salud humana, las medidas sanitarias y fitosanitarias aplicables a la salud animal  y vegetal; el medio ambiente, el cambio climático, las industrias culturales y la noción de sacar del Sistema de Solución de Diferencias el uso de salvaguardias comerciales aplicables a la política agrícola. Sólo un profundo conocimiento de la realidad comunitaria permite intuir las sorpresas que guarda cada enfoque y su dudosa viabilidad bajo las reglas del GATT-OMC.

 

El lector no debería olvidar que el Parlamento Europeo creó días atrás una comisión especial para estudiar el futuro de los plaguicidas más tradicionales en la UE, algo que supone un intento de prohibir el uso de productos tradicionales, de poner en caja a la Comisión de la UE y de ningunear, por enésima vez, las opiniones de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA en inglés), la Senasa comunitaria, en momentos en que tampoco resulta claro el futuro de las importaciones de productos derivados de organismos genéticamente modificados (el complejo sojero argentino por ejemplo) o el de productos orgánicos. Esa discusión bloquea un legítimo y voluminoso comercio exterior, del que Chile no participa pero cuyos efectos lo pueden tocar. Europa siempre alegó que el nivel apropiado de protección sanitaria y fitosanitaria surge de una decisión política, no del empleo de los principios y evidencias científicas que prevén las reglas obligatorias de la OMC y las normas voluntarias de los organismos subsidiarios de la FAO, de modo que “las percepciones del consumidor” (doña Rosa y sus votos) tienen mayor influencia que los dictámenes de la autoridad científica oficial.

 

Otro dato de contexto, es que bajo las reglas e incentivos del acuerdo bilateral existente entre la UE y Chile, este país, que exhibe una economía sólidamente abierta, registró en 2016 un déficit de 3.000 millones de euros en el intercambio de bienes y servicios, de manera que el libreto de Bruselas no parece fundado en una inquietud mercantilista, sino en la mera voluntad de concretar una compleja “cirugía programada” para fortalecer su proteccionismo regulatorio, el nuevo arsenal de defensa de la competencia, inflar los derechos rentísticos de propiedad intelectual, acceder en condiciones preferenciales a la compras del sector público y agregar o reforzar las reglas aplicables a la inversión y los nuevos negocios. Lo que el tango Cambalache evoca como la Biblia junto al calefón. La UE también realiza gestiones para modernizar su acuerdo bilateral con México, suscripto con anterioridad al chileno, cuando ese país está a cuatro meses de una compleja elección presidencial y en una confusa renegociación del Nafta.

 

Ambos proyectos de modernización son aleccionadores. Involucran a una potencia tradicional que procura sacar partido de su tamaño económico, y a dos naciones “emergentes”, una categoría de país que no genera derechos y obligaciones legales de política comercial. En este último aspecto Europa coincide parcialmente con los objetivos de Donald Trump, ya que en estos días los dos gigantes del Atlántico tienen obvia preferencia por los acuerdos con pocos actores, donde el más grande tiene mayor margen para imponer las reglas contractuales del comercio y la inversión.

 

Los proyectos de texto de la UE llenan unas 250 páginas y se refieren a reglas sobre anti-corrupción; competencia (dumping, subsidios, antitrust y fusiones); aduaneras y sobre facilitación del comercio; comercio digital; solución de diferencias (más un código de conducta y reglas de procedimiento); energía y materias primas; propiedad intelectual; compras del sector público; reglas de origen; inversiones y comercio de servicios; pymes; empresas del Estado; barreras técnicas al comercio; comercio de bienes y remedios comerciales (entre otras cosas el tratamiento a las salvaguardias especiales aplicables a la importación de productos sensibles). Y si bien las disposiciones mencionan el papel de los subsidios en el ámbito de las compras gubernamentales y en otros ítems en debate, de bajar o eliminar los subsidios agrícolas ni una palabra.

 

El mayor gasto literario del proyecto europeo se concentra en el desarrollo de las reglas de origen, las vinculadas con nuevos derechos de propiedad intelectual, inversiones y comercio de servicios (capítulo unificado), el refuerzo de las normas sobre defensa de la competencia y la solución de diferencias. Es difícil saber si Chile o México consiguieron cuantificar el valor de concesiones rentísticas sobre propiedad intelectual y de acceso preferencial a las compras del Estado que pide Bruselas. La cuantiosa y creciente salida de divisas que acarrean tales derechos, deberían estar compensadas con ingresos equivalentes ya que, en caso contrario, se vería en jaque el sano principio de la capacidad de repago.

 

Chile y México parecen guiarse por el simple axioma de que “quien puede lo más, puede lo menos”, ya que ambos son miembros de la Asociación Transpacífica. Ojalá no se equivoquen.

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