Es algo clásico en cada movilización. O durante el día después. La fuerza policial a cargo del operativo de seguridad señala un número, en general menor al que puede considerarse real. Y los organizadores establecen el propio, muy por encima de aquél y generalmente “inflado”. En esa disputa por el número se establece su éxito o su fracaso. O esa disputa contribuye en ese sentido, junto a otros indicadores también importantes como la repercusión mediática, la impronta de los discursos y las presencias y ausencias.
En la marcha convocada para el miércoles 21 en la 9 de Julio por Hugo Moyano, el número de manifestantes será, otra vez, el punto alto de las controversias y el dato determinante de las consideraciones posteriores. Lo sabe el Gobierno, que logró “bajar” de la protesta a varios sindicatos y dirigentes que originalmente habían dado su apoyo. Y lo sabe Moyano, que se mostró activo en los últimos días, confiado en que esas deserciones y el estado de virtual ruptura no afecten mayormente el caudal de manifestantes.
“Si Moyano cree que por movilizar gente van a cambiar las causas judiciales, se confundió de país”, señaló el jefe de Gabinete Marcos Peña. La mención de los problemas del dirigente camionero en la Justicia no es casual. El Gobierno intenta circunscribir la protesta a esa situación. “Se ha hecho una marcha en la que lo que los une es una mirada opositora, una mirada crítica de la actualidad. Hay kirchneristas, grupos de izquierda”, agregó al respecto. Y este es otro de los objetivos deliberados: reducir la convocatoria a su núcleo duro y unos pocos aliados, sin mucha participación de “ciudadanos de a pie”. El problema para el Gobierno es si esa movilización alcanza magnitudes por encima de esos parámetros esperados. La CTA, por caso, ya propone el anuncio de un paro general para el día después. “El Gobierno tiene miedo de que la marcha sea multitudinaria”, señaló Hugo Yasky, en ese sentido.
Desde los sectores convocantes son optimistas. Consideran que hay razones suficientes para la movilización y que cierto descontento mayor del percibido puede expresarse en las calles, con la pérdida de poder adquisitivo del salario, la seguidilla de ajustes en los servicios y el techo a las paritarias como contexto. También se mantienen alertas. El antecedente de violencia en la Plaza de los Dos Congresos, cuando se trataba la reforma previsional, opera como fantasma. También la tensión del 22 de agosto pasado, en un acto de la CGT, con peleas internas de Camioneros, a la luz de todos, en Plaza de Mayo.
Con mucha experiencia en este tipo de convocatorias, Moyano suele garantizar el “control de la calle” para evitar disturbios y que haya infiltrados. Pero la pérdida de aliados y el clima previo de acusaciones complican el escenario. A la ruptura de un aliado histórico como la UTA, que había sido la otra pata del fortalecimiento del poder de fuego del camionero, se le sumaron en las últimas semanas las bajas de varios de los dirigentes y gremios que firmaron el Documento de Mar del Plata, entre ellos Víctor Santa María de los trabajadores de edificios, el gastronómico Luis Barrionuevo y el triunviro Carlos Acuña de estaciones de servicio.
