Por Pablo A. Cortínez (*)
Los últimos años mostraron un crecimiento exponencial del financiamiento verde. Éste se puede manifestar por medio de diversos instrumentos. Se trata de fondos provenientes del sector financiero que, a la hora decidir dónde invertir o qué financiar, tienen en consideración criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). Argentina integra el listado de los países que menos financiamiento verde recibe.
A su vez, este tipo de financiación puede provenir tanto del mercado financiero tradicional como del mercado de capitales, así como de organismos multilaterales de crédito. Simplificando, las llamadas líneas verdes se enmarcarían en el primer caso; los bonos verdes y los índices de sustentabilidad de equity serían ejemplos de lo segundo. Los actores involucrados son, por un lado, las instituciones financieras en general en su rol de prestamistas y, por el otro, emisores, inversores y los demás actores del mercado. Dentro de los emisores, es de esperar que aquellos cuyas acciones tienen cotización pública en el exterior, o bien tengan planeado cotizar en otros mercados, se transformen en pioneros en la materia, fundamentalmente “guiados” por aquellos inversores del exterior que desde hace años han incorporado lo ambiental como un criterio más a considerar. Un caso es Bancolombia, que en la actualidad integra el Dow Jones Sustainability Index.
En cierto modo, podríamos hablar de una exigencia o requisito demand driven. Entonces es cuando el universo inversor debe ser analizado. Normalmente no será un inversor individual ni un family office el que “demande verde” para fondear productos financieros o proyectos, sino más bien inversores institucionales cuyo tamaño y responsabilidad fiduciaria juegan un rol central. El fondo soberano noruego y actores como Calpers han sido ejemplos. Los organismos multilaterales de crédito han cumplido un rol fundamental, lanzando líneas verdes para bancos sujetas a la inclusión de criterios ambientales y sociales, y fueron los principales impulsores de los bonos verdes en sus inicios. Asimismo, acompañan iniciativas diversas, fundamentalmente en los países emergentes.
Argentina integra el listado de los países que menos financiamiento verde recibe
El Acuerdo de París constituyó un hito que complementó el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se estima que son necesarios entre US$ 5 y 7 trillones anuales para poder cumplir con los ODS y, por ende, la financiación resulta clave.
Una pregunta que surge está relacionada con el rol del Estado. Diversas experiencias demuestran que no existe un único camino. El estudio de varios casos indica que el sector financiero no debiera esperar que el regulador dicte las reglas, sino actuar de manera proactiva, como lo hicieron los bancos colombianos a través de una iniciativa voluntaria. En Brasil, luego de más de una década durante la cual los bancos adquirieron conocimientos, el Banco Central de Brasil (BCB) dictó normativa que, gracias al trabajo previo, no sorprendió al sector.
El creciente interés que muestran los bancos argentinos en estos temas, así como la posibilidad de contar con guidelines para la emisión de bonos verdes y un índice de sustentabilidad, serían pasos en la dirección correcta. No obstante, en el entendimiento de que estamos ante la presencia de un proceso que se va ampliando y perfeccionando con el tiempo, ambos hitos no deberían ser considerados metas en sí mismas, sino etapas necesarias en el largo camino hacia la sustentabilidad del sector financiero de nuestro país.
(*) Profesor del Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA
