¿Comienza una nueva etapa?

Los tiempos se acortaron, tanto para reformas legales de trabajosa aprobación, como para corregir errores sobre la marcha

Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL

 

El jueves 1° de marzo se reanuda la actividad parlamentaria con el discurso del presidente Mauricio Macri. El set de reformas legislativas ha sido aprobado casi en su totalidad, pero la reforma laboral parece estar en punto muerto. La negociación de subas salariales no va a resolverse rápidamente, y la marcha del líder camionero preanuncia un “piso” de conflictividad que pudiera ser más alto que lo esperado a fines del año pasado. Tampoco sería fácil la aprobación del mega DNU de desburocratización bajo la forma de tres nuevas leyes.

 

Los desbalances macroeconómicos se mantienen bajo control. No es lo óptimo, pero existen y no son nada pequeños, ni en las cuentas fiscales ni en las cuentas externas. Si se toma en cuenta el punto de partida, en diciembre de2015, ha de reconocerse cierta virtud del gradualismo: los escenarios de crisis no están en el visor de ningún inversor al menos hasta entrado el 2020.

 

Si algo está mostrando empantanamiento es lo que los analistas políticos llamarían “condiciones subjetivas”. La victoria de Cambiemos generó expectativas que no se han cumplido, y las opiniones a favor de las autoridades están en baja desde hace no menos de 4 meses. La realidad del último bimestre impulsó al oficialismo a enviar un proyecto de Ley de Etica Pública y abrir las puertas para el debate de la eventual despenalización del aborto. Algo fuera del radar apenas 90 días atrás.

 

Si algo se deseaba a fines de 2015 es que en 2018 ya se debiera contar con una economía más ordenada, inflación más baja y crecimiento sostenido. La realidad fue, en cambio, por otro camino. Las medidas de shock de diciembre de 2015 en materia de comercio exterior, tipo de cambio y conflicto con los holdouts parecieran haber agotado el menú de éxitos en materia económica. Se anunció un diálogo o acuerdo social que nunca se convocó, junto a un criterio de fijar metas cuantitativas sin esclarecer a la sociedad el diagnóstico de la herencia recibida, salvo en el caso puntual del Indec.

 

El anuncio de un segundo semestre de inversiones directas que no se registraron fue un error autoimpuesto. Otro fue el de fijar metas de inflación en extremo optimistas, con un gradualismo extremo en materia fiscal, y subordinación de la autoridad monetaria a la fiscal. La herencia recibida se fue modificando de manera gradual, con shocks periódicos de subas de tarifas, en línea con un reajuste gradual de largo plazo.

 

Pero esos shocks de subas afectaron a franjas no despreciables de usuarios de ingresos medios y bajos. La implementación de una tarifa social no ha revertido la percepción negativa de su impacto en el ingreso disponible. A esto se sumó la débil dinámica de creación de empleo privado. Algo razonable frente a una presión impositiva récord. A su vez, sin reducción de la misma, no es de esperar un alivio en los ajustes de precios para los consumidores. Sin un tipo de cambio real más alto, y en presencia de apertura importadora gradual, la competitividad sólo puede sostenerse en el caso de actividades con ventajas comparativas naturales, o subsidiadas directa o indirectamente por el Estado. Sin una baja de la expectativa de inflación y de costos el riesgo crédito de empresas e individuos no puede descender. Tampoco las tasas de interés activas, evidenciando que la baja de la prima de riesgo país es necesaria, pero no suficiente. La nave va, así, por empuje de demanda financiada con emisión monetaria y que no decrece.

 

El tiempo pasó, y naturalmente ha cobrado más relevancia el desempeño de la gestión actual que una herencia cada vez más lejana y no totalmente explicada. La reputación del oficialismo cobró volumen con el triunfo electoral de octubre pasado, pero las reformas anunciadas no deslumbraron. Su tratamiento parlamentario fue conflictivo y los graves incidentes del 18 de diciembre alertaron a inversores locales y del exterior. A su vez, el cambio de metas de inflación del 28 de diciembre corrigió objetivos no factibles, pero condujo a dos lecturas: a) el objetivo de promover mayor crecimiento tiene más prelación que bajar la inflación, y b) el BCRA quedó subordinado a Jefe de Gabinete de Ministros. La lectura del mercado local fue negativa. Y en el exterior también.

 

En cualquier país, toda política se propone alcanzar resultados efectivos para así ganar la adhesión del público y captar su apoyo. Algo más que necesario para un partido o alianza gobernante nueva, con poca historia hacia atrás. La credibilidad, entonces, es central tanto para el día a día como para el futuro de largo plazo, y exige progresos concretos ex post, más que anuncios ex ante. Cuando esos avances no se observan, es inevitable que se debilite la lealtad al partido de gobierno y aumente el interés, no sólo de opositores, por examinar con más detalle a los funcionarios.

 

El escenario cambió en menos de 90 días, y ahora el juego está en el campo del propio Gobierno. Es por eso que el discurso del Presidente del próximo jueves ante el Congreso de la Nación tiene tanta relevancia. Si algo se espera y desea es que transmita certezas hacia el futuro, más bien que nuevas incertidumbres.

 

Hasta las PASO de agosto de 2019 quedan 17 meses con no más de 15 meses de actividad parlamentaria. Los tiempos se acortaron, tanto para reformas legales de trabajosa aprobación, como para corregir errores sobre la marcha. La nueva etapa es ahora más exigente para la actual administración, y exigirá resultados concretos y convincentes. Caso contrario, el año próximo será más complicado, tanto para la economía, como para el legítimo propósito de Cambiemos de ganar las próximas elecciones presidenciales.

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