Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Las noticias de Venezuela siguen siendo malas. Algo (por ahora) inmodificable, tanto por el autoritarismo del Gobierno de Nicolás Maduro, como por la crisis de liderazgo de las fuerzas opositoras.
Aun con un escenario económico catastrófico, el Gobierno está focalizado en las elecciones presidenciales de diciembre. Será la última frente a otros comicios presidenciales de la región: Costa Rica el 4 de febrero, Paraguay el 22 de abril, Colombia el 27 de mayo, México el 1° de julio y Brasil el 7 de octubre. A estas se suman las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, y las regionales y legislativas en Perú. Todas se presumen como razonablemente normales y sin perturbaciones, pero no en el caso de Venezuela. El Gobierno de Maduro todavía no ha confirmado la fecha de los comicios de diciembre, y no es de descartar que frente al divisionismo de la oposición opte por adelantar las elecciones.
Algunas arbitrariedades ya empiezan a anticipar que aun así no serán comicios pacíficos ni libres de controversia. La Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo gobernante, ha dispuesto que los partidos que no participaron en los recientes comicios municipales tampoco lo hagan en la elección presidencial de este año. Frente a esto y a la increíble crisis económica que atraviesa Venezuela, el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, ha pedido un cambio en el Consejo Nacional Electoral para garantizar “elecciones libres y equitativas”, y manifestado que “en un país petrolero que no haya gasolina, el gobierno fracasó”. También ha reclamado por la liberación de todos los presos políticos y la apertura de un canal humanitario de ayuda a la población. Algo que tratan de sostener, con dificultades de todo tipo, los emigrados de Venezuela desde varios países de la región.
La economía venezolana, efectivamente está en caída libre. La gran mayoría de la población enfrenta escasez de todo tipo de bienes, lo cual frente a la escasez de liquidez y la emisión de moneda para cubrir al menos parte del gasto público corriente, aumenta la incertidumbre y la progresiva huida del dinero local. Los datos extraoficiales de las últimas semanas dan cuenta de una inflación en noviembre pasado superior al 56%. Las cifras de diciembre no serían inferiores de modo que la inflación en 2017 habría superado al pronóstico del FMI de 1.600% para todo el año. La estimación del organismo para 2018 es de un “piso” no inferior a 2.340%. El déficit fiscal se aproxima en 2018 nada menos que al 20% del PIB. Como es de esperar, el dólar paralelo es el activo que cotiza más alto y siempre en suba. Como titulara la revista Foreign Affairs dos semanas atrás: “Ten Dollars Makes you a Millonaire in Venezuela”.
Los motivos siguen siendo los mismos de otras experiencias de alta inflación: instituciones de control presupuestario débiles, o inoperantes, déficit rampante de empresas estatales (en este caso, la petrolera PDVSA), y emisión permanente de dinero para cubrir el rojo fiscal. Algo inevitable cuando el acceso al crédito voluntario empieza a dificultarse. Si bien el gobierno ha renegociado parte de sus pasivos con Rusia, no ha tenido la misma suerte con el Gobierno chino, y una forma de búsqueda de liquidez para sortear las sanciones de los EE.UU. ha sido la de “pisar” algunos gastos y pagar los títulos de deuda con crecientes atrasos para no perder reservas internacionales.
Estos atrasos son eventos de default, y así lo reflejan las calificadoras de riesgo desde el año pasado. El último capítulo ha sido la decisión de este martes de Standard and Poor's de reducir a D (default) la nota de un bono soberano de Venezuela, ante el incumplimiento de un pago de US$ 35 millones. La calificadora confirmó, además, las notas SD y D para la deuda soberana venezolana en moneda extranjera de corto y largo plazo, respectivamente.
Además, se ha conocido ayer un informe del banco Nomura que prevén un empeoramiento (inevitable ya) de la situación fiscal de Venezuela. Según la analista Sobhan Morden de esa entidad, el gobierno venezolano habría decidido cumplir al día sólo con los pagos de la deuda de PDVSA, de modo que el riesgo de impago de los bonos soberanos es ya permanente. Esto confirmaría las sospechas del mes pasado de la nueva estrategia de Maduro. Por un lado, pagar los vencimientos de los pasivos de PDVSA para evitar embargos en el exterior, o un endurecimiento de las sanciones de los EE.UU. Por otro, tratar de que los acreedores acepten negociar una reestructuración de la deuda soberana y sufran una quita, y evitar juicios y embargos.
Morden observa además que luego de 36 días los tenedores de bonos a 2019 y 2024, los tenedores de esos títulos siguen sin cobrar los intereses. También está en situación de mora unilateral el pago de los servicios de los bonos con vencimiento en 2021, 2026 y 2035, y no descarta nuevos atrasos con los servicios del bono de PDVSA con vencimiento en 2022.
Para el corriente año Venezuela debe pagar vencimientos por US$ 5.500 millones de deuda soberana y US$ 2.900 millones de bonos de PDVSA. Algo difícil de cumplir, ante la imposibilidad de acceder a financiamiento del exterior. Con no más de US$ 9.000 millones de reservas internacionales, lo más probable es que el régimen de Maduro opte por seguir restringiendo importaciones y el acceso a divisas, y someter a la población a la escasez de todo tipo de bienes de primera necesidad. Con Rusia reestructuró el año pasado la deuda de US$ 8.000 millones, pero no logró ningún alivo por parte de China, a cuyo Gobierno adeuda US$ 28.000 millones y le paga con petróleo a razón de 420.000 barriles diarios. Hacia noviembre, la producción total de PDVSA había caído a sólo 560.000 barriles diarios, de modo que también este frente se puede complicar. En fin, signos más que elocuentes de una economía en caída libre, y que al régimen de Maduro se le va a tornar cada vez más difícil de controlar.
