A la hora de decidir adónde hundir capital, los inversores ven distintos datos: estabilidad económica (y política), seguridad jurídica, financiamiento, estímulos, recursos humanos y, obviamente, presión tributaria. Y allí Argentina desentona, para mal, en la tónica regional.
Ayer, el blog Foco Económico publicó un interesante artículo de Sebastián Galiani (secretario de Política Económica) y el economista Santiago Afonso (Jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica) hablando, precisamente, sobre ello. Allí, Galiani y Afonso sostienen que la presión impositiva global de Argentina (entendida como la tasa de los recursos tributarios sobre el PIB) aproximadamente 7 puntos mayor que en América Latina. “Tenemos un desvío importante”, reconocen los funcionarios en un artículo muy crítico con la voraz política fiscal e impositiva de la era kirchnerista.
Además, agregan que “la presión tributaria es ligeramente elevada para nuestro nivel de desarrollo” y “la carga tributaria sobre los contribuyentes cumplidores es aún más elevada dados los altos niveles de evasión tributaria de nuestro país”. Galiani y Afonso agregan que, si bien “tenemos una presión tributaria apenas 6 puntos porcentuales inferior a la europea”, los “niveles de incumplimiento que probablemente tripliquen a los de aquellos países”.
El dato positivo, ya sea para un potencial inversor extranjero y, más importante aún, para un contribuyente local, es que, según dicen los funcionarios, se están abordando estas cuestiones. “El Consenso Fiscal y la Reforma Tributaria que entran en vigencia en 2018 han abordado las principales distorsiones generadas por el desordenado crecimiento de la recaudación, buscando reducir significativamente el impacto de los impuestos distorsivos, y resolver los principales desincentivos a la inversión y a la contratación de personal”, dicen y prometen una próxima entrada donde “se abordarán las reformas en profundidad”.
El recorrido
“Argentina observó una relativa estabilidad de la presión tributaria durante la década de 1990 y, desde entonces, se evidenciaron dos procesos de suba de la misma. El primero se produjo entre 2000 y 2004, cuando creció en 5,4 puntos del PIB por la creación de impuestos de emergencia de gran potencial recaudatorio, como el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, los Derechos de Exportación o retenciones (principalmente sobre el sector agropecuario) y la reaparición del impuesto inflacionario. El segundo proceso se inició alrededor del 2006 e implicó hasta 2015 un crecimiento de 7,3 puntos del PIB en la recaudación. Si bien no involucró la creación de ningún impuesto nuevo relevante, en muchos casos hubo cambios en las tasas aplicables, como en ingresos Brutos, Sellos y Ganancias de Personas Físicas”, dicen los autores.
El incremento de los recursos tributarios fue notable y “a pesar de ello estuvo lejos de poder financiar el aumento del gasto producido durante el mismo periodo, lo que convirtió a este último en insostenible”. Por la consecuencia de ese “fenomenal” impulso fiscal acumulado (que únicamente a nivel nacional superó los 9 puntos del PIB) se pasó “de un alto superávit a un alto déficit”.
“Encima de todo lo anterior, se establecieron regímenes de percepción o retención de impuestos con altos costos para solicitar las devoluciones correspondientes, incrementando en la práctica las alícuotas efectivas por sobre las legalmente vigentes”, dicen los autores.
