El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó ayer, en conferencia de prensa, un trascendido de los últimos días: el presidente Mauricio Macri no convocará al Congreso en febrero y esperará a la apertura de las sesiones ordinarias para retomar la actividad legislativa. Según Peña, fue el principal dato que resultó de la primera reunión del Gabinete Nacional en 2018, y descartó que la decisión haya tenido que ver con un cortocircuito con el peronismo.
La falta de consenso en torno a la reforma laboral había motivado días atrás que el Gobierno le baje la persiana al período en el extraordinaria, pese a ver una lista de asuntos pendientes que no fueron discutidos en diciembre por el caliente debate previsional. Según el jefe de Gabinete, la razón de esperar a marzo para retomar la agenda parlamentaria consiste en esperar “el normal desarrollo de comisiones”.
Peña aseguró que este año insistirán en la reforma laboral pero sostuvo que aún trabajan en tejer “mayores consensos” con el fin “de que estemos todos de acuerdo con los objetivos del proyecto para así mejorar las condiciones de los
trabajadores y generar más empleo formal”.
“Teniendo en cuenta que emitieron un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el mensaje es contradictorio”, señaló el jefe del bloque Justicialista en Diputados, Pablo Kosiner, al sostener que por un lado “el Gobierno plantea `necesidad y urgencias´” y por el otro “no convoca a extraordinarias”. Respecto a demorar el debate laboral, Kosiner señaló -en diálogo con El Economista- que es una buena decisión “porque no es un proyecto que haya generado un clima de consenso necesario”. “No sería positivo volver a pasar momento de tensión como los vividos a fines del año pasado”, agregó el diputado salteño.
Sobre el DNU publicado la última semana en la que se modificaron más de cien leyes, Peña afirmó que es “muy importante porque elimina trabas y normativas que habían quedado obsoletas”. Justificó la “necesidad y urgencia” al considerar: “Creemos que el camino de fomentar la inversión es realmente urgente”. De todas formas, señaló que, una vez retomado el período ordinario, el DNU deberá ser discutido en el Congreso. En ese sentido, el oficialismo negocia para contar con un escenario más favorable en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, la que discute los decretos del Ejecutivo. Ya consiguió la mayoría en la designación de los ocho diputados destinados a ese ámbito, y trabaja ahora en un acuerdo con Miguel Angel Pichetto para lograr una distribución amena respecto a los ocho senadores que integrarán la bicameral.
Deberán esperar, entre otras iniciativas que habían sido incluidas a la agenda de extraordinarias en diciembre, el proyecto de Defensa a la Competencia, de Financiamiento Público, de Compre Argentino y la reforma al Ministerio Público Fiscal.
