Los avances en la normalización de tarifas y la modernización del esquema tarifario organizándolo en formato de red de transporte van en el sentido correcto, dice un informe de Idesa difundido ayer. Pero, aclara: “No son las autoridades nacionales las que deben tomar estas decisiones y menos financiarlas: es hora que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires asuman sus competencias”.
El informe reseña los cambios anunciados por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, hace algunos días y pondera la “innovación que se introduce en el diseño tarifario es la articulación de los tres tipos de transporte en un mismo instrumento de pago (la tarjeta SUBE)”. Eso permitirá que una persona que use colectivos, trenes y subtes dentro de las 2 horas que tome el primer medio de transporte tenga descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% en los viajes subsiguientes hasta 5 viajes. “Es un esquema muy utilizado en los países avanzados donde la finalidad es incentivar el uso del sistema público de transporte por encima de la movilidad en vehículos particulares”, argumentan desde Idesa.
Las medidas, además de mejorar los servicios, ayudan a reducir los subsidios económicos y, con ello, contribuir hacia el equilibrio fiscal. Sin embargo, a modo de crítica, dice que “no resuelve un tema institucional central que es el de las competencias”. Según datos de ASAP a noviembre del 2017 los subsidios al transporte ascendieron a $70.000 millones: sobre ese total, unos $37.000 millones fueron a pasajeros de colectivos (fundamentalmente del AMBA) y otros $29.000 fueron a trenes (también con eje en AMBA). “Eso significa que el 95% de los subsidios nacionales van hacia la región metropolitana”, dice Idesa.
“Estos datos muestran la enorme magnitud de recursos nacionales usados en beneficio del área metropolitana y explican el hecho de que las tarifas en Buenos Aires sean sustancialmente más bajas que en el resto del país, aun considerando los aumentos anunciados. Se trata de una irritante discriminación contra los más de 2.000 centros urbanos que tiene Argentina. Por eso, si bien los anuncios van en el sentido correcto cabe advertir que quién debe tomar estas decisiones, financiarlas, ejecutarlas, monitorearlas y perfeccionarlas son las autoridades locales, y no el Gobierno”, dice, categórico, Idesa.
La distorsión es una herencia de la transferencia inconclusa de los servicios luego de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en el 1996. “Como ocurre en el resto del país, donde los servicios públicos son responsabilidad de los gobiernos sub-nacionales, CABA debería, en coordinación con la Provincia de Buenos Aires asumir enteramente el financiamiento, la regulación y la gestión del transporte en la región metropolitana”, pide Idesa.
A modo de ejemplo, dice: “CABA y la provincia de Buenos Aires podrían constituir un consorcio como es el Metro de Washington donde el Distrito de Columbia y los estados de Virginia y Maryland conforman un consorcio llamado Autoridad de Transporte del Área Metropolitana de Washington para planificar, financiar, desarrollar y operar la red de transporte de la capital de Estados Unidos”, dice Idesa. Eso es lo que evita, explica el reporte, que Donald Trumo (o quien ocupe la Casa Blanca) tenga que ocuparse de los temas del transporte urbano de Washington.
“Concluir con la transferencia de todos los servicios públicos de la región metropolitana es una reforma institucional de alta trascendencia. Por un lado, libera al Ministerio de Transporte de la Nación de tareas de “intendente. Por otro lado, disminuye los riesgos y las tentaciones de que futuros gobiernos hagan demagogia en beneficio de la región metropolitana usando fondos y funcionarios nacionales, como ocurrió en la gestión pasada”, concluye el reporte.
