La consultora Idesa es conocida por sus análisis originales y taxativos. En criollo, no anda con vueltas. Y el último informe, distribuido ayer, no fue una excepción. “No hay posibilidades de reducir la inflación sin un ordenamiento más integral del sector público”, sostiene el reporte.
Y, según su visión, eso no está ocurriendo. Para argumentar, menciona 3 datos.
Hasta noviembre pasado, los subsidios a la energía se redujeron en $66.000 millones respecto al mismo período del 2016.
El resto de los subsidios económicos subieron en $30.000 millones.
Los programas nacionales de educación, salud, vivienda, saneamiento y desarrollo social que se ejecutan en las provincias subieron en otros $33.000 millones.
La “moraleja” es obvia. “Los datos muestran que lo que el Estado se ahorró con la reducción de los subsidios a la energía fue utilizado para aumentar el gasto en otros rubros”, dice Idesa. Particularmente importante, señala, es el incremento en subsidios al transporte y en programas nacionales que se superponen con funciones y responsabilidades provinciales y municipales.
“Si a esto se suma la expansión de los gastos de la Anses se explica que la persistencia de la inflación no solo responde a la actualización de tarifas asociada a la reducción de subsidios a la energía sino a la perseverancia del elevado déficit fiscal”, dice el reporte.
“No hay posibilidades de reducir la inflación sin un ordenamiento más integral del sector público”, sostiene el reporte
Detrás de eso, dice Idesa, subyace la histórica práctica de querer suplantar funciones provinciales y municipales. “El ordenamiento de las cuentas públicas depende de un ordenamiento institucional que respete la organización federal”, reclama, y ejemplifica que el grueso de los subsidios no energéticos en su mayoría va al transporte, los cuales tienen como principal finalidad subsidiar a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. A su vez, “el mismo tipo de desvío subyace en los programas nacionales superpuestos con funciones de las provincias y los municipios”.
En paralelo, “urge abordar una reforma previsional integral y un ordenamiento de las acciones que desarrolla la Anses”. El 38% del gasto primario nacional son jubilaciones y su crecimiento en el 2017 representó el 62% del crecimiento del gasto total. “Esta dinámica previsional es el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas”, dice Idesa. La revisión de la fórmula de movilidad atacó uno de los problemas, argumenta, “pero queda pendiente revisar muchas otras inconsistencias, por ejemplo, la duplicación de cobertura que genera la regla de pensiones y la proliferación de regímenes especiales y diferenciales que dan injustificadamente jubilaciones tempranas y/o haberes más elevados a determinados colectivos de personas”.
El gradualismo como guardián de la gobernabilidad, dice Idesa, es un mito. “Algunos argumentan que imprimir mayor velocidad al ordenamiento del Estado perjudicaría a los sectores populares, pero no hay nada más lejos de la realidad”. Por el contrario, el “lento gradualismo” es lo que tiene impactos muy regresivos en la distribución del ingreso.
