Por Jorge Colina Idesa
En contraposición con cierta euforia de las autoridades económicas, los datos oficiales señalan que el resultado fiscal del 2017 no es positivo. Se resalta que el déficit primario se redujo en 0,4% en términos del PIB, lo que implica un sobrecumplimiento de la meta de déficit fiscal que se tenía planeada. Pero se elude que el pago de intereses creció en 0,6% del PIB, lo cual significa que el déficit fiscal total ?lejos de reducirse, como el déficit primario? está creciendo y además lo hace en un sendero no sostenible. Si los ahorros de gasto primario no alcanzan para cubrir el aumento de intereses es que la deuda está creciendo. Por eso, no hay que soslayar lo relativamente modesto del ahorro primario al lado del crecimiento del pago de intereses.
Lo otro es que el déficit primario se reduce en términos del PBI, pero se mantiene creciendo en términos absolutos. De hecho, en la reducción de los 0,4 puntos porcentuales de PIB de reducción del déficit fiscal, subyace una expansión del déficit primario de $60.000 millones en términos absolutos. Entonces, si la economía no creciera lo suficiente, la reducción del déficit primario hasta medida en términos del PBI se revertiría, desnudando así la precariedad de la situación fiscal.
La delicada situación fiscal no debería ser disimulada sino, por el contrario, explicitada y manifestada para que toda la clase política y la sociedad tomen conciencia de que hay que ordenar el gasto público. En cualquier caso, que el déficit fiscal esté creciendo puede ser mala noticia pero la buena es que todavía se está a tiempo de controlarlo sin necesidad de apelar a las clásicas “recetas de ajuste ortodoxo”. Lo que se requiere ? por ahora? es más racionalidad en la organización del sector público eliminando gastos improductivos que no impactan en los ingresos de la población.
Algunos ejemplos
A modo de ejemplo, los $60.000 millones de crecimiento del déficit primario se explican enteramente por el aumento de los subsidios económicos no energéticos ?fundamentalmente, al transporte que en su gran mayoría va en beneficio de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano? y de los programas nacionales que los ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Interior y Vivienda, entre otros, ejecutan superpuestamente con las provincias y los municipios. Más allá de lo cuestionable que resulte que el sector público nacional financie responsabilidades provinciales y municipales (para eso está la coparticipación federal), mantener creciendo estos gastos es un contrasentido. De hecho, los ahorros por la reducción de los subsidios energéticos alcanzaron los $88.000 millones (impactando sensiblemente en la tasa de inflación del 2017) pero quedaron bastante relegados por el aumento en $60.000 millones de los otros subsidios.
Desde el punto de vista estructural, los subsidios económicos que benefician a los habitantes de la región metropolitana deben ser financiados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en lo que corresponde al conurbano. Así lo estipula el Consenso Fiscal. Los programas nacionales deber ser gradualmente eliminados toda vez que se trata de “regalos” (pequeños arreglos de escuelas, centros de salud, distribución de algunos medicamentos, algunas vacunas, útiles escolares, el pago de parte de salarios de empleados provinciales, etc.) que son episódicos, sólo para algunas localidades, sin sistematización, sin información sobre a quién llegan esos recursos, o si llegan a gente en estado de necesidad; pero lo peor es que todos estos dispositivos deben ser financiados y provistos por las provincias y los municipios. Cuando la Nación se entromete con estos programas el primer y seguro impacto que provoca es que los responsables (las provincias y los municipios) se desentiendan de sus obligaciones. En un cálculo grueso, estas acciones superpuestas de la Nación sobre funciones provinciales y municipales superarán los $100.000 millones en el Presupuesto 2018.
Pendiente?
De todas formas, la gran reforma estructural pendiente, decisiva para tener un sector público nacional más equilibrado, es la reforma previsional, donde la regla de movilidad es sólo la punta del iceberg. Hay que revisar críticamente la duplicación de beneficios que provoca la regla de pensión al cónyuge y los innumerables regímenes especiales y diferenciales que otorgan jubilaciones tempranas o con haberes injustificadamente superiores al régimen general, o sea, las jubilaciones de privilegio.
