Por Mariano Espina
Solo un proyecto podrá romper la calma del verano. Aún falta para febrero pero el Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias para comenzar antes de marzo con la agenda legislativa. Suponen que la actividad perderá fuerzas para el segundo semestre, por lo que quieren ganar tiempo. Para el período extraordinario podrían incluirse, además de la reforma al Ministerio Público Fiscal, el proyecto de Financiamiento Público, el de Defensa a la Competencia y también la reforma laboral, la más sensible de todas. Por falta de acuerdo con la CGT y el poco acompañamiento del peronismo legislativo, el debate de la iniciativa se postergaría a marzo.
El proyecto ingresó al Senado a principios de noviembre y se trabó por las disidencias en el interior de la CGT. Fue por decisión de Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque Justicialista, con el fin de evitar “un desprestigio” de la Cámara Alta. Aquellas diferencias no fueron aún saldadas en la central obrera. A lo que se le agrega que, Héctor Daer, triunviro cegetista, le advirtió al Gobierno que no serán ellos los que traccionen el proyecto.
No obstante, son varias las voces dentro del Gobierno que insisten en que hay que dar el debate. Uno es Jorge Triaca, ministro de Trabajo, y principal representante del Ejecutivo en la negociación del texto junto a la CGT y los empresarios, diálogo que finalizó a fines del 2017 con un proyecto consensuado. Otro es Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Frigerio aseguró ayer que la reforma “va en línea con un mundo que se mueve y se está reformando”, y que Argentina debe adaptarse “a esas condiciones de cambio que se dan a nivel mundial”. Sostuvo también que el oficialismo “respetará las conquistas de los trabajadores”.
Para el peronismo en el Congreso es clave lo que diga la CGT. Pero no es suficiente. El respaldo del triunvirato no se transfiere luego a votos en el recinto, como sí puede suceder cuando se negocia con gobernadores. Los proyectos que podrían incluirse en extraordinarias ingresarían todos por el Senado, por lo que Pichetto -y su bancada de 21 senadores- será nuevamente decisivo. El bloque peronista (no kirchnerista) cerró el año con algunas fisuras internas y Pichetto exigirá mayor disposición del oficialismo para encarar un debate con menos apuro y con margen para agregar cambios. No solo el proyecto laboral genera diferencias en la bancada justicialista, también el que propone cambios en el Ministerio Público Fiscal, que quiso avanzar en ambas cámaras, las dos veces con resulta
do negativo.
Las espadas del Gobierno en el Congreso toman precauciones respecto al debate laboral. Sostienen que no será sencillo y que no alcanzará con un mes para que la iniciativa sea sancionada. Señalan también que van a tener que negociar con los gobernadores y estar abiertos para que la iniciativa sea modificada. La reciente experiencia previsional asusta a los legisladores oficialistas. Por “simple percepción política”, un influyente senador de Cambiemos le dijo a este medio que ve difícil tratar el proyecto en febrero. Por su parte, un diputado PRO aseguró que la reforma será incluida en el paquete de extraordinarias pero subrayó que no alcanzará con un mes para el debate, sino que seguirá en ordinarias. Afirmó también que prefiere debatir el proyecto íntegro y no desdoblar la iniciativa separando los artículos referidos al blanqueo laboral: “No tiene mucho sentido la división, el debate de por sí va a ser intenso, discutamos todo”, agrega.
La frase de Pablo Moyano en noviembre pasado, rememorando el episodio de la Banelco en el debate de una reforma laboral durante el Gobierno de Fernando de la Rúa, fue lo que motivó a Pichetto a dormir el proyecto. Moyano, fue designado luego vicepresidente del PJ bonaerense, lo que lo dota de mayor peso en la discusión en torno a la reforma.
