Si la decisión del Gobierno será la de aminorar la iniciativa parlamentaria, logró ayer un primer paso para apuntalar esa conducta: tras negociar con Miguel Angel Pichetto, logró imponerse en la designación de legisladores en la Bicameral de Trámite Legislativo, por la que pasan todos los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Presidente. De esta forma, el oficialismo evitaría contratiempos ante la publicación de decretos.
La minoría legislativa no fue impedimento para que el oficialismo quede cerca de la mayoría en la comisión clave. Le alcanzó con negociar con el sector alineado a Pichetto para incluir ocho legisladores sobre dieciséis. Resta ahora una discusión clave, que será la disputa por la presidencia de la comisión. En caso de que ningún dictamen saque diferencias en las firmas (8 a 8), será de mayoría aquel que incluya el respaldo del presidente de la bicameral. En Cambiemos aseguran que esa función será designada a Luis Naidenoff, jefe del interbloque oficialista, pero no descartan que Pichetto busque por todas las vías adueñarse de esta comisión para poder utilizarla como carta de negociación.
Una de las primeras actividades del Congreso y de esta bicameral será el tratamiento en comisión del “megadecreto” publicado por el Ejecutivo semanas atrás en el que se modificó el procedimiento de numerosos trámites vinculados a distintos organismos del Estado. Aquel decreto derogó 19 leyes y modificó otras 140. En Casa Rosada no deberán preocuparse ahora por lo que pueda derivar del debate en esta comisión, tras el buen resultado de una negociación que encabezó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
El primer tema que discutirá la comisión será el “megadecreto” emitido semanas atrás y cuestionado por la oposición
Además de los ocho legisladores oficialistas, a la bicameral la integrarán cinco legisladores del peronismo no kirchnerista: tres senadores del bloque de Pichetto, otra aliada al jefe del bloque Justicialista en el Senado, el presidente del bloque Justicialista en Diputados (Pablo Kosiner) y tres integrantes del FpV-PJ (entre ellos, Máximo Kirchner).
Las negociaciones del oficialismo para alcanzar este número en la bicameral fueron simultaneas a la visita de los diputados del Frente Renovador para denunciar por inconstitucional el decreto emitido el pasado 11 de enero. Según Graciela Camaño, jefa del bloque renovador e impulsora de esta medida, a través del decreto el Ejecutivo se adjudica de facultades “que avasallan las atribuciones del Congreso, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano”. Entre los principales cuestionamientos anotados en la denuncia, están las herramientas con las que contará el Fondo de Garantía de Sustantibilidad (FGS), de la Anses, para poder realizar diversas operaciones financieras. Pero también se criticó la falta “de necesidad y urgencia”.
El decreto fue “abusivo” incluso para Pichetto. Según el senador, la medida “fue un poco mucho”, entre otros puntos porque “le facilitan al titular de la Anses realizar fideicomisos o dar préstamos a terceros”. También cuestionó los cambios en la regulación del Senasa. “Hay un montón de temas que son excesivos e implica un ejercicio abusivo de las facultades del Poder Ejecutivo”, señaló el jefe del bloque Justicialista en el Senado.
