Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
En nuestro país no es infrecuente que los llamados “cambios estructurales”, o al menos su intento, sean conflictivos por su impacto distributivo. El instrumento son reformas legales, o sea, cambios en las llamadas “reglas de juego”.
La aceptabilidad y sustentabilidad de reglas de juego que excluyan el uso de la violencia física como mecanismo “de convivencia” parece estar en una situación de visible fragilidad. Si los mecanismos legales de resolución de conflictos son percibidos como insuficientes, o insatisfactorios, la canalización de reclamos conduce cada vez más frecuentemente a expresiones agraviantes de palabra y de hecho.
Desde diciembre de 1983 las instituciones jurídicas han tratado de eliminar todo vestigio o germen de cualquier forma de abuso de poder, pero no parecen proveer respuesta satisfactoria a reclamos atendibles de diversos sectores. El retorno recurrente de la violencia física y callejera refleja la ausencia de tres atributos básicos de reglas de juego operativas y aceptables: coordinación, cooperación y responsabilidad. Valores por demás despreciados por lógica “amigo-enemigo”. También de legisladores que se ufanan de que “las leyes se ganan o pierden en la calle”, y casi ningún otro político en actividad les responde. Estamos en diciembre de 2017, no en diciembre de 1983?
No es casualidad, entonces, que se mezcle todo: junto a genuinos peticionantes proliferen agitadores profesionales, pero también cada vez más habituales personajes que aprovechan las aglomeraciones para cometer delitos contra personas o propiedades. La percepción de inseguridad física no puede, entonces, menos que fortalecerse. Máxime cuando en los últimos 20-25 años miles de familias y empresas ha debido incurrir en costos extra para protección física, y hasta mudanzas a zonas menos inseguras.
¿Qué les queda a las empresas instaladas en ciudades con creciente inseguridad y conflictividad interna? Una opción, casi medieval, es la de nuclear establecimientos y barrios en distritos bajo un régimen de seguridad diferenciado. Una suerte de adaptación urbana de los “inclosures” rurales británicos del Siglo XVIII que suena razonable, pero es de difícil instrumentación y en no pocos casos, inviable. Una versión extrema podría ser alguna adaptación a ciertas ciudades, o zonas específicas de la propuesta de “ciudades modelo” o “charter cities” de Paul Romer: un área urbana de concentración de actividades empresariales con un régimen legal propio diferente del vigente en el resto del país en materia laboral, tributaria y para flujos de personas y activos físicos y financieros. La fuente inspiradora idea han sido los casos de Singapur, Songdo (Corea del Sur) Hong Kong, Macau y algunos aná- logos de China continental.
En nuestra región, el Gobierno de Honduras impulsó esta iniciativa desde 2009. Luego de una reforma constitucional de 2011 que las habilitó como Regiones Especiales de Desarrollo (RED), el Congreso aprobó en 2013 una ley que sustituyó otra previa declarada inconstitucional por la Corte Suprema. La nueva norma reglamenta las RED bajo el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La versión hondureña no impide el libre ingreso y salida a las ZEDE de personas del resto del territorio, algo que en cierto modo sigue debilitó el interés extranjero por inversiones en un país políticamente inestable y con altos índices de inseguridad física de ese país.
La evidencia hasta ahora es entonces contundente: aislar física o jurídicamente un área geográfica del resto del país no es solución para desarrollar áreas deprimidas y sus alrededores, y reducir la inseguridad. En el sudeste asiático la iniciativa ha logrado atraer inversiones, con efectos de aglomeración positivos, pero en Honduras no funciona. A su vez, en varios países desarrollados se suma el potencial de violencia asociado a comunidades heterogé- neas con potencial de conflicto bajo múltiples formas. Los estallidos por cuestiones de segregación racial y de ingresos, conflictos originados en regiones remotas, o ataques de terroristas solitarios u en grupo son desafíos serios para legisladores y jueces para prevenirlos y castigarlos.
En cuanto a los episodios de violencia discontinua por rechazo a iniciativas de políticas públicas, tanto su origen como su tratamiento en la práctica replica a nivel micro el triple problema de falta de coordinación, cooperación y responsabilidad ya mencionado. Ciertamente las últimas tres décadas mostraron progresos visibles en cuanto al control de las fuerzas de seguridad, pero la realidad es dinámica. Los motivos, mecanismos y tipos de protestas, van mutando, y la respuesta del Estado, entre el “Estado bobo” y el “Estado opresor”, no puede ser, valga la redundancia, la “no respuesta”.
Ciertamente, esto requiere reconsiderar los mecanismos de prevención y castigo de daños, pero también de los disparadores de reacciones ante ciertas decisiones de política y sobre todo de su comunicación. El episodio violento de esta semana no impidió la aprobación de la reforma previsional, pero esto no es, per se, una “victoria”. The New York Times ha advertido que al Gobierno actual “la resistencia a los cambios lo ha puesto a la defensiva”. Además, no pocos inversores extranjeros seguirán optando por otros países para inversiones productivas si no hay consensos mínimos sobre la estabilidad de un mínimo de reglas de juego por 15 o más años vista.
En definitiva, los eventos de esta semana son demasiado serios como para no replantearse no sólo el contenido y viabilidad de los proyectos de reformas actuales o futuras sino también la reacción de sectores afectados, y la administración de futuros conflictos. Blindar ciudades con regímenes legales ad hoc no es solución. Mudarlas o amurallarlas menos. Ciertamente, esto no se resuelve con menos política, sino con más política. Pero fundamentalmente con mucha mejor política.
