La declaración pasó bastante inadvertida, anteayer, en la discusión que terminó con la media sanción en el Senado de los tres proyectos del Consenso Fiscal. “No se si me van a poder convencer, porque no vale ninguna ley el desprestigio injusto de esta institución. Lo único positivo que tiene ese proyecto es el blanqueo de trabajadores”, dijo Miguel Angel Pichetto, el jefe de bloque del FpV-PJ en su discurso. Se refería a la reforma laboral que propone el Gobierno y que todavía no tiene fecha de tratamiento. Propuesta que tiene el aval del triunvirato de la CGT y que el Gobierno pretende tratar en sesiones extraordinarias, pero que ya acumula rechazos varios en el sindicalismo y en algunos sectores del peronismo.
La marcha del miércoles, convocada por Pablo Moyano, secretario gremial de la central, la Corriente Federal de Trabajadores y las dos CTA, intentó desautorizar políticamente a la CGT en su negociación con el Ministerio de Trabajo. Los discursos fueron todos en ese sentido, además de contener fuerte tono crítico con el Gobierno. Ayer, los miembros de la conducción de Azopardo se mantuvieron en silencio, entre la evaluación interna del impacto de la marcha frente al Congreso y midiendo la fuerza de los votos posibles en ambas Cámaras. Por lo pronto, ya le enviaron el mesaje a Pichetto de que seguían avalando la reforma tal como había sido negociada.
Desde el Gobierno mantienen el optimismo. Consideran que la nueva composición del Congreso generará mejores condiciones para su tratamiento. Y no desechan la posibilidad de avanzar próximamente con el proyecto, más allá de los resquemores de Pichetto. Precisamente se había frenado su avance ante las críticas de Moyano, que salió a hablar de “la Banelco” para generar suspicacias. “Fue una marcha kirchnerista. Nos llamó la atención volver a ver a los Moyano con los Kirchner”, fue la primera interpretación del jefe de Gabinete, Marcos Peña. “La CGT ha sido abrumadora en su mayoría”, destacó luego para dividir aguas. El mismo Peña le puso fecha al tratamiento: dijo que el Gobierno espera que se pueda tratar en extraordinarias, porque fue “fruto de un diálogo muy responsable de un sindicalismo que, sin ceder ninguno de los principios, construyó una agenda de confianza”.
A modo de presión, más o menos velada, el Gobierno también apunta contra los sindicatos “que son sellos de goma”. Fuentes consultadas por El Economista confirmaron que el Gobierno pretende actualizar el registro especial de las asociaciones sindicales para excluir a las entidades que no hayan cumplido en los últimos tres años sus obligaciones legales, como la presentación de memoria y balance, hasta las asambleas para la elección de autoridades, la actualización de registros de afiliados. “Se hizo un relevamiento de todos los sindicatos que hay en el país y se identificó a 450 gremios que no cumplían con estas cuestiones. Se les da 60 días a partir de la publicación para ponerse en regla. Si no cumplen se las daría de baja del registro. Es para eliminar los llamados sellos de goma”, confirmó uno de los voceros del Ministerio de Trabajo.
