La economía en tiempo de reformas

El Gobierno va a tener que pagar un costo por sacar adelante las reformas sus iniciativas y es la consecuencia de ser minoría en el Congreso

 

Por Matías Carugati Economista jefe de M&F Consultora

 

El Gobierno decidió aprovechar la oportunidad abierta tras las elecciones y envió un paquete de iniciativas al Congreso que, a diferencia de otros años, tendrá que sesionar hasta los últimos días del año. Se trata, en total, de 7 leyes: Presupuesto, Revalúo Impositivo, Reforma Tributaria, Reforma Previsional, Reforma Laboral, Responsabilidad Fiscal y Consenso Fiscal. El impacto potencial de estos proyectos trasciende el corto plazo y apunta a modificar cuestiones estructurales, con la intención de apuntalar la economía en algunos flancos débiles.

 

Los proyectos tienen objetivos diversos, pero pueden leerse en clave común. El crecimiento puede alterarse debido a los incentivos a la inversión que plantea la reforma tributaria o por los efectos de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo. También puede analizarse el efecto sobre la distribución del ingreso de los cambios previsionales, laborales e impositivos. Sin embargo, la cuestión que atraviesa cada uno de los proyectos en discusión es lo fiscal. Ya sea porque modifican cuestiones tributarias o porque inciden sobre las cuentas del Estado.

 

Más que entrar en detalles sobre cada uno de los proyectos, nos interesa focalizar sobre el Consenso Fiscal, que funciona como marco general para los demás cambios. El mismo es el resultado de negociaciones entre la Nación y las provincias, siendo suscripto por todas las partes, salvo la provincia de San Luis.

 

El crecimiento puede alterarse debido a los incentivos a la inversión que plantea la reforma tributaria o por los efectos de la reforma laboral sobre el mercado de trabajo

 

El Consenso Fiscal consiste, en sus aspectos más relevantes, euna serie de compromisos cruzados. Ambas partes se comprometieron a aprobar las leyes de Responsabilidad Fiscal, Revalúo Impositivo (lo que recaude se coparticipará) y Reforma Previsional. Además, aceptan cambiar la carta orgánica del Banco Nación y habilitar la transferencia de utilidades al Tesoro. El Impuesto al Cheque será prorrogado, asignándose a la Anses el 100% de lo que recaude, y se derogará el artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, lo cual eliminará el Fondo del Conurbano Bonaerense, entre otros efectos.

 

Los compromisos del Estado Nacional implican compensaciones a las provincias. Ninguna de ellas cederá recursos por los cambios en Ganancias y Cheque, Buenos Aires recibirá fondos extra por su reclamo por el Fondo del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires verá reducido el porcentaje de coparticipación que le corresponde (hoy en 3,75% gracias a un decreto del 2016). Además, aquellos distritos que mantuvieron sus cajas previsionales no sufrirán penalizaciones por la falta de armonización de sus sistemas con el esquema nacional.

 

 

Por su parte, las provincias se comprometieron a reducir la carga impositiva. En cuanto al Impuesto a los Ingresos Brutos, se elimina el tratamiento diferencial según jurisdicción, se desgravan las exportaciones y se ponen límites (descendentes en el tiempo) para las alícuotas. Por el lado del Impuesto Inmobiliario, se fijarán las alícuotas en 0,5-2%, aunque se tratará de acercar la valuación fiscal a la de mercado. También se asume el compromiso de no aumentar la alícuota del Impuesto a los Sellos sobre ciertas transferencias y un esquema descendente para demás actos y contratos.

 

La tabla adjunta muestra una estimación de lo que podría costar el Consenso. Las provincias (sobre todo, la de Buenos Aires) serían las ganadoras de esta negociación. Si bien los ingresos propios caerían debido a la reducción en la carga impositiva, ese efecto será gradual y, posiblemente, inferior a lo obtengan del Tesoro todos los años. La Anses también saldría ganando, ya que lo que cedería por Ganancias sería más que compensado por lo que obtendría del Impuesto al Cheque. El costo fiscal recaería sobre el Tesoro, que lo podría reducir vía utilidades del Banco Nación y lo que obtenga del Revalúo. Este último aspecto es relevante, ya que cuanto más exitosa sea esta ley, menor el costo fiscal de todo el acuerdo.

 

Como se observa, no hay almuerzo gratis. El Gobierno va a tener que pagar, literalmente, un costo por sacar adelante el paquete de reformas. Es la consecuencia de ser minoría dentro y fuera del Congreso y tratar de implementar reformas que ya traen polémica. Con el paquete de iniciativas, Mauricio Macri pretende reducir costos (laborales, impositivos, regulatorios, financieros) y mejorar el perfil productivo del país, aunque no habrá reforma que sirva si el esfuerzo por estabilizar la economía no continúa. Y con éxito.

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