Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La paciencia con Venezuela empieza a terminarse. La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) declaró en default al Gobierno de Venezuela y a la petrolera estatal PDVSA. El comité que tomó la decisión ha estado integrado por inversores institucionales como Société Générale, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Citibank, BNP Paribas, Goldman Sachs, Elliot Management, Citadel y AllianceBernstein.
Algo previsible luego de los incumplimientos de las últimas semanas, si bien el Gobierno venezolano logró reestructurar a 10 años el calendario de pagos de una deuda con el Gobierno ruso (US$ 3.000 millones para la compra de armamento ruso). La deuda con Rusia asciende a unos US$ 8.000 millones.
Para lo que resta del año, Venezuela enfrenta pagos externos por US$ 1.470 millones, y para el año próximo se las tendrá que ver con vencimientos por más de US$ 8.000 millones. Con precios el petróleo que no reaccionan como desearía el gobierno venezolano, las reservas del banco central de Venezuela ascienden apenas a US$ 9.680 millones. No hace falta mucha más información para dar por casi seguro un default o repudio total de la deuda para los próximos meses. Algo más que probable dado que las sanciones impuestas por el gobierno de los EE.UU. impiden a sus ciudadanos y bancos negociar directamente con las autoridades de Caracas. Algo que complica bastante al gobierno de Maduro, ya que aproximadamente el 70% de los bonistas son estadounidenses y canadienses.
La calificadora Fitch, a su vez, redujo la calificación de la deuda venezolana de C a RD, que representa “riesgo extraordinario de default”, y Standard and Poor's declaró en default parcial la deuda soberana de este país, luego de incumplir por más de 30 días un pago de US$ 200 millones.
Ahora la decisión del ISDA pone a Venezuela en una situación mucho peor. No sólo porque los 15 miembros del comité votó por unanimidad la declaración de un evento de “fracaso en el pago de un crédito”, sino porque el próximo lunes 20 deberán decidir cómo se ejecutarán las pólizas de seguro contra default (Credit Default Swaps), y si se realizará una subasta para dicha ejecución. Igualmente la solución no sería automática, y si bien la declaración de un evento de default abre la puerta a la exigencia del reembolso inmediato de sus bonos (la llamada “aceleración”), Venezuela no cuenta con fondos para cumplir con todos los pagos de capital. En todo caso el reclamo por la “aceleración” sólo tendría como efecto práctico la convocatoria a negociaciones para una reestructuración de la deuda. Difícilmente los acreedores estén dispuestos hoy a aceptar una quita, pero una reestructuración sin quita a los acreedores no luce probable.
Todo dependerá de qué decisión tome el ISDA el próximo lunes, pero no le quedan muchos caminos a Venezuela más que dos: tratar de conseguir fondos pagando elevadas tasas de interés, algo inevitable con un riesgo país ya superior a los 5.500 puntos básicos, o una reestructuración con quita a los acreedores con o sin declaración oficial de un default total.
Claramente, el tiempo se le termina a Maduro con este escenario, y deberá ahora esperar a la tarde del lunes próximo para decidir qué hacer. Los títulos de deuda de la petrolera PDVS representan casi 30% de los US$ 150.000 M de deuda externa, y bajo este nuevo escenario se le tornará realmente imposible refinanciarla a tasas razonables sin algún acuerdo previo con los acreedores.
