Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La situación financiera del Gobierno de Venezuela es crítica. La firma Wilmington Trust informó a la Bolsa de Luxemburgo que, al cabo de los treinta días de período de gracia, la estatal eléctrica Corpoelec no pagó los U$S 28 millones de intereses sobre un bono de U$S 650 millones con cupón fijo de 8,50% anual.
El Gobierno de Nicolás Maduro convocó para hoy a representantes de bonistas extranjeros a una reunión para iniciar una renegociación. Se desconoce si será algo diferente de cierta forma de quita o “haircut” para aliviar el perfil de vencimientos de la deuda del Gobierno venezolano. Algo que en el fin de semana sonó a confirmación oficial (o casi) de un default: si Venezuela paga en tiempo y forma, ¿para qué convocar a la reunión de hoy?
Maduro trata de ganar tiempo con meras palabras. Es cierto, por un lado, que estaría relativamente encaminada la negociación con Rusia para encauzar la refinanciación de U$S 3.000 millones de la deuda con ese país, que es de unos U$S 8.000 millones. También, y de manera más trabajosa, tiene la posibilidad de renegociar los términos de los vencimientos de la deuda con el gobierno de la República Popular China, por U$S 28.000 millones. Sin embargo, el problema está con la deuda emitida en los mercados voluntarios. De ahí que la percepción general es de no credibilidad alguna en el mantra oficial de que “Venezuela nunca va a declararse en default”. La realidad es la de una suerte de “default selectivo”, consumado y que reduce cada vez más los márgenes de maniobra del régimen de Caracas.
El último viernes la petrolera estatal PDVSA no pagó U$S 81 millones de intereses de uno de sus bonos, y si bien cuenta con treinta días para efectivizarlo, los bonistas y las calificadoras de riesgo no asignan una alta probabilidad de pago. De ahí que la International Swaps and Derivatives Association decidiera el mismo viernes convocar para hoy a una reunión de tenedores de deuda de Venezuela en Nueva York, para determinar si están o no dadas las condiciones para un default. En caso afirmativo, se dispararían los pagos de las pólizas de seguros contra default (Credit Default Swaps), señal inequívoca de que efectivamente Venezuela habría entrado previamente en una forma de moratoria unilateral.
Ciertamente pesará el impago en Luxemburgo, pero también el descenso de las calificaciones de riesgo soberano: diez días atrás la agencia Fitch redujo a la calificación soberana de largo plazo de Venezuela de CC a C. Standard and Poor's, a su vez, rebajó la de los bonos de PDVSA de CCC- a CC, y Moody's, redujo la nota de estos últimos papeles de Caa3 a Ca. El veredicto de esta última agencia fue lapidario: “Los cambios en las calificaciones fueron provocados por el default del 2 de noviembre, cuando se esperaba que PDVSA pagara U$S 169 millones de amortización de capital de las notas con vencimiento en 2017, y por el significativo estrés financiero de la empresa, derivado de su limitada capacidad de generar fondos para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, y de atraer suficientes inversiones de capital para sostener la producción y la calidad de sus activos”. A su vez, el comunicado que Wilmington Trust envió a la Bolsa de Luxemburgo no fue muy diferente: “El agente de pagos no recibió el pago de intereses de las Notas (de Corpoelec) que venció el 10 de octubre de 2017 (?) La incapacidad del emisor de pagar los intereses vencidos de las notas en o antes del 9 de noviembre constituye un caso de incumplimiento en virtud de la sección 5.1. del Contrato de Fideicomiso”. Naturalmente, los que ya empiezan a celebrar por anticipado son varios estudios de abogados de Nueva York.
La situación para Caracas se complicó a partir de las sanciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos. Estas cuales van profundizarse en caso de que el régimen de Maduro siga con sus iniciativas autocráticas para anular a la oposición y controlar la economía con un dirigismo que está hundiendo a la economía. Se observa escasez de todo tipo de bienes, y las autoridades no pueden ocultar la difusión de estadísticas con indicadores de visible deterioro del estado de salud de cada vez mayores segmentos de la población del país. Escasean artículos de limpieza, alimentos, y medicamentos. Los crímenes de todo tipo siguen en aumento, y junto al deterioro de la calidad de vida y la escasez de bienes, la situación financiera del Fisco empeora, y la “solución” es mantener el exceso de demanda de bienes por contracción de oferta y racionamiento de divisas, con exceso de oferta de dinero. Resultado: una espiral inflacionaria que está carcomiendo el ingreso real y la calidad de vida de los venezolanos. Algo que no va a cambiar mientras no cambie el régimen. De ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticara para el año próximo una inflación superior a 2.300 %.
Con un escenario así, bajo sanciones externas y un precio del petróleo que no va aumentar significativamente en el corto plazo, Venezuela se enfrenta a uno de los peores escenarios imaginables. Como observara la agencia Moody's, no cuenta con liquidez de corto plazo ni capacidad de pago en el largo plazo para que su principal fuente de divisas, la petrolera cancele los vencimientos de sus deudas. En un escenario así, es claro que Maduro necesita cierto “auxilio” vía negociaciones con los acreedores. Sin embargo, las sanciones impuestas en agosto por el gobierno de Donald J. Trump impiden a toda firma financiera estadounidense a negociar cualquier forma de nuevo contrato financiero con PDVSA u otro ente del gobierno venezolano. Algo que también será un elemento de juicio poderoso para convencer a no pocos bonistas de que Venezuela no pagará, y de que habría llegado la hora ya de incurrir en los costos de accionar judicialmente para poder cobrar algo, y en un futuro por demás incierto.
