Para no afectar las condiciones originales de emisión de los títulos públicos, el Gobierno trabaja en algunos aspectos aclaratorios del gravamen a la renta financiera para las personas físicas anunciado estos días.
Según varios analistas, si se aplicara el impuesto sobre bonos ya emitidos podría haber reclamos judiciales por el cambio en las condiciones originales de estos títulos, que hasta ahora están eximidos de Ganancias si se trata de personas físicas.
Por eso, según trascendió, el Gobierno analiza cómo aplicar el impuesto a los bonos con ley nacional mientras que los de ley extranjera quedarán exentos para evitar conflictos en la Justicia estadounidense y no desalentar inversiones externas.
Una opción sería no afectar la renta de los títulos pero sí las operaciones de compraventa, además de que se analiza aplicar el impuesto sobre el interés real y no sobre el nominal.
Polémica aún abierta
En medio de la polémica que desató el impuesto, ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió su aplicación asegurando que “en Argentina se da una absoluta inequidad, que es que los ingresos del trabajo tributan y los provenientes de activos financieros están exentos”. “Son alícuotas menores de Ganancias y contribuyen a disminuir la desigualdad. El Gobierno decidió avanzar en lo que ningún otro gobierno se atrevió”, afirmó.
Según el funcionario, el no se encuentra en la encrucijada de “normalizar la estructura impositiva argentina en el marco de las restricciones fiscales”, con el desafío de “bajar el déficit pero también cuidando la recaudación”. En ese sentido, el impuesto a la renta financiera no parece ayudar mucho en este objetivo: un informe de First Capital Markets aseguró que el tributo está entre el que menos recaudaría en 2018. “Un cálculo simulado con datos del sistema financiero para Lebac y plazos fijos indica que la recaudación total que se obtendría por estos conceptos rondaría el 0,2% del PIB”, sostuvo.
La consultora sostuvo además que “a nivel mundial, la mayoría de los países gravan la renta financiera, pero son países con una moneda estable y por lo tanto pueden distinguir claramente lo que es una ganancia financiera de lo que implica una actualización de valores por inflación”. Además, agregó, “el nivel de bancarización de la economía en la mayoría de los países es muy superior al de Argentina”.
Más allá de estos aspectos, los analistas fueron en general pesimistas con la medida, asegurando sobre todo que se desincentivará el crecimiento de un mercado de capitales ya de por sí muy chico. “Aunque suene razonable hacerlo, como en la mayoría de los países, (la medida) debería discutirse cuando Argentina haya logrado cierta madurez, mayor estabilidad de precios y un mercado financiero desarrollado”, afirmaron.
Por otra parte, desde First afirmaron que otra consecuencia de la medida es que se encarecerán los créditos, ya que “de incorporarse un impuesto sobre los intereses (de los plazos fijos), el ahorrista exigirá una tasa más elevada para compensar y los bancos trasladarán eso a sus créditos”. Además, otros especialistas dicen que el BCRA se verá obligado a subir las tasas: para una alícuota del 15%, se estima que el aumento debería rondar los 400 puntos, más del 31%.
En principio desde el sector financiero no saldrán a criticar el gravamen, pero reconocen que “seguramente tendremos que subir la tasa de los plazos fijos y eso será trasladado al costo del crédito. Y si el ahorro crece más despacio, lo cual es muy probable, entonces el diferencial de tasas será mayor”.
Sin embargo, en medio de todas estas pálidas, el titular de Puente, Federico Tomasevich, aseguró que para el inversor igual seguirá siendo negocio invertir en papeles locales: “Al hacer el cálculo de lo que deja un bono local luego del pago de impuestos, igual va a seguir conviniendo antes que comprar títulos extranjeros”.
