Por Pablo Mira Economista
Las reformas “estructurales” suelen ser casi por definición problemáticas, polémicas, incompletas y hasta ineficientes. En Argentina, donde las pujas de intereses son particularmente agitadas, estos adjetivos se potencian. Pero aun así, las reformas estructurales constituyen intentos válidos de corregir déficit que son también estructurales, porque llevan larga data. La reforma laboral recientemente propuesta, en su acepción más considerada, podría situarse como un intento de enfrentar el duro dilema del empleo informal, que desde hace demasiado tiempo sobrepasa el 30% del empleo total.
El fenómeno de la informalidad en Argentina no es unidimensional, y requiere de variadas políticas y de paciencia para contrarrestarla, pero esto no implica descartar medidas que puedan contribuir a reducir al menos alguna porción del problema. El énfasis retórico de los defensores de la reforma gira en torno a la siguiente posible descripción del típico dilema del empresario familiar o de la firma pequeña: se apela al empleo en negro debido a (I) los altos costos variables de la formalización (fundamentalmente los previsionales); (II) los elevados riesgos de rotación de trabajadores formales (indemnizaciones y juicios laborales); y (III) los bajos riesgos por la insuficiente fiscalización. Cuando la mayoría de las empresas pequeñas coinciden en este juicio, la competencia induce un “equilibrio malo” donde todos mantienen una porción de empleo informal y no hay incentivos para diferenciarse individualmente.
Si lo que se conoce de la reforma propuesta tiene por objetivo tratar estos casos, deberíamos identificar en su letra una distinción de la aplicación de las medidas según el tamaño de la firma, pero este no parece ser el caso. La generalización podría tener consecuencias sobre la concentración productiva, teniendo en cuenta que en términos netos las empresas con mayor rotación de personal podrían gozar de un diferencial de costos a favor. Pero asumamos por un momento que las firmas con trabajo informal logran compensar los costos del blanqueo con empleos de calidad que mejoran su productividad, y concentrémos nos en la decisión del pequeño comerciante o empresario que evalúa si formalizar o no parte de su planta.
La reforma laboral recientemente propuesta, en su acepción más considerada, podría situarse como un intento de enfrentar el duro dilema del empleo informal, que desde hace demasiado tiempo sobrepasa el 30% del empleo total
El empleador entiende el blanqueo como una decisión de carácter permanente, cuya vuelta atrás podría ser costosa. Esto significa que su elección tendrá en cuenta no tanto los beneficios de corto plazo de blanquear, sino más en general la sostenibilidad de su negocio. Nadie emplea en blanco para un proyecto de corto plazo o cuando reina la incertidumbre sobre la demanda futura o sobre la capacidad de responder a esa potencial demanda. En los pequeños emprendimientos, las “reglas de juego” no tienen tanto impacto sobre estas decisiones sin retorno, la preocupación central pasa por crear la mayor cantidad posible de certezas sobre las perspectivas del negocio. Pero también es cierto que, sin los incentivos suficientes para blanquear, los buenos tiempos no necesariamente traerían consigo un estímulo para formalizar trabajadores.
Por lo tanto, la formalización exige que se cumplan las dos condiciones a la vez: reglas claras y reducción de costos por un lado, y una demanda sostenida por el otro. De poco sirve asumir que una condición atraerá a la otra. Algunos economistas que defienden versiones llanas de la “Ley de Say”, según la cual las medidas sugeridas aumentarían el empleo dando lugar luego a una demanda suficiente, olvidan que las empresas pequeñas no son en la práctica las que lideran la expansión de la economía. Si bien es cierto que una enorme cantidad del empleo es generado por empresas pequeñas y medianas, lo cierto es que los cambios trascendentales en las lógicas de crecimiento provienen de las grandes empresas, que tienen recursos para invertir aprovechando economías de escala y desarrollando nuevas tecnologías. Las firmas pequeñas y medianas aprovechan las oleadas inducidas por las más grandes abajo en la cadena productiva, pero no suelen motorizar por sí mismas procesos de expansión duraderos. Pese a lo que suelen asumir algunos economistas, la enorme mayoría de los pequeños empresarios encara negocios de baja complejidad, que no requieren grandes inversiones, priorizando en lo posible minimizar sus riesgos. En este ámbito no debemos esperar decisiones de largo aliento, ni demasiado sofisticadas.
Los empresarios pequeños necesitan señales claras para emplear en blanco, y las más fáciles de identificar son aquellas relacionadas con la plausibilidad de que su negocio perdure lo suficiente para que esta inversión en trabajadores genere retornos duraderos. Esto exige crear las condiciones para que la economía crezca de manera persistente en el mediano plazo. Hasta que esta condición no se cumpla, los resultados tardarán en aparecer.
