Por Agustín Kozak Grassini Economista
El BCRA se encuentra empantanado en su cruzada antiinflacionaria. A pesar de los logros cosechados en la desinflación (desaceleración de la inflación), la velocidad a la que evolucionan los precios está por encima de los deseos de la autoridad monetaria. El target de inflación anunciado para 2017 se colocaba en el segmento del 12%-17%, rango que quedó muy debajo del caprichoso IPC. Las previsiones oficiales aventuran que cerrará con un aumento en torno al 22% mientras que las proyecciones del FMI superan el 25%.
La reforma fiscal llega en este marco. Parece estar inspirada en la comprobación de que la inflación tiene un piso, por más autoexigencia del BCRA para bajarla. En la medida en que el déficit fiscal siga en aumento, los esfuerzos del organismo conducido por Federico Sturzenegger son estériles luego de cierto punto. Los instrumentos monetarios están al límite: la tasa de interés de la política monetaria llegó a 29% mientras que las Lebac ya succionaron pesos por un monto equivalente al 10% del PBI.
Los resultados electorales del 22 de octubre parecen haberle dado el espaldarazo político que el Ejecutivo necesitaba para acelerar el ritmo reformista. Están dadas las condiciones para exigir que “todos cedamos un poco” aun a expensas del buen humor social. Por otra parte, no se puede decir que el gradualismo sea historia, pero los cambios van a materializarse más vertiginosamente.
Es que Mauricio Macri, al que muchos analistas ya lo dan ocupando el sillón de Rivadavia por los próximos seis años, sabe que apelar a “la grieta” es una estrategia con rendimientos decrecientes en el tiempo. A pesar de lo utópico de la frase, “Pobreza 0” fue más que un slogan de campaña. A pedido del Presidente, es el criterio bajo el cual habrá que juzgar a la actual gestión de Gobierno. La reducción de la pobreza es la llave de la reelección.
Un gran desafío que enfrenta el líder de Cambiemos es que la sensibilidad de la pobreza respecto de la inflación. En todos los países del mundo la inflación supone una redistribución regresiva del ingreso, pero en estas latitudes la relación es especialmente intensa. Cada punto de inflación empuja a cientos de miles de argentinos a la pobreza. Esta hiperreactividad tiene dos vertientes. La primera es una cuestión estadística-nominal. En Argentina medimos la pobreza unidimesionalmente. Por ingresos. Lo que en realidad relevan las estadísticas públicas es la “pobreza monetaria”. Se calcula el valor de una canasta básica de bienes y servicios que una persona “no pobre” supuestamente consume, y eso se compara con su ingreso. El valor de esta cesta está indexado a la inflación, y de ahí la estrecha relación entre pobreza e inflación.
La segunda cuestión es económico-estructural. Las condiciones internacionales desde 2003 fueron excepcionales. En todo el Siglo XX no hubo términos del intercambio tan favorables como los disfrutados entre 2003 y 2014. A pesar de vivir una época de “vacas gordas”, la economía una vez más, colisionó contra sus límites estructurales. La política fue incapaz de llevar a cabo las reformas necesarias. En lugar de ello se limitó a recuperar la actividad industrial, sin cambio estructural y a distribuir la renta extraordinaria de los recursos naturales. Esto alcanzó para rescatar al menos a la mitad de los pobres de la crisis de la convertibilidad (que trepó al 50%) y solapar el desempleo (que se derrumbó del 25% al 7%).
Pero dejando a un lado este segundo punto por el momento, volvemos a la relación entre pobreza e inflación, y entre inflación y déficit fiscal. El Gobierno parece convencido de con la idea de que, por carácter transitivo, es el déficit fiscal la causa última de la pobreza (inflación mediante).
La reforma fiscal apunta, a su entender, al corazón del problema. Se plantea generar un marco institucional (que incluye la reforma laboral) que promueva la inversión y el empleo, al tiempo que reequilibre las cuestas públicas otorgando mayor equidad al sistema tributario. De acuerdo con sus creadores, la madurez de los cambios fiscales redundará en menor presión tributaria (1,5% del PIB) y en menor peso del Estado en la economía (43% del PIB).
Reestablecido el equilibrio fiscal, da la impresión de que el Gobierno cree que la sabiduría de los mercados nos llevará a una senda de desarrollo sostenido. No restamos méritos a la pretensión de lograr un ordenamiento de las cuentas públicas, tan necesario para evitar el estallido dolorosas crisis o incluso para evitar que el Estado se convierta en un agente desestabilizador de la economía. La idea oficial parece ser que de establecer un marco institucional propicio es suficiente para atraer a las inversiones necesarias para el despegue. Lamentablemente entendemos que con esto no alcanza.
Para desterrar definitivamente la pobreza en nuestro país, la gran ausente es la planificación del desarrollo, rol indelegable e indiscutible del Estado. Dejar de chocar contra los límites estructurales del país exige el tratamiento sistemático de los cuellos de botella que impiden la modernización e integración productiva con justicia distributiva. Los mercados, librados a su propia lógica, no tienen la capacidad de alterar los parámetros fundamentales del funcionamiento de la economía nacional. Al reproducirlos, los consolida. Se requiere de una mano visible, una fuerza exógena, que asigne los recursos hacia los sectores y regiones estratégicos y prioritarios para lograr un aparato productivo densamente vinculado desde el punto de vista productivo y territorial. El Estado es el agente fundamental del cambio. El desarrollo y el federalismo son dos objetivos compatibles y realizables. No hay desarrollo sin estrategia, ni estrategia sin planificación.
El equilibrio fiscal es precondición para pensar el desarrollo, es cierto. Pero una vez alcanzado dicho equilibrio quedará pendiente la tarea de pensar el desarrollo. A principios del Siglo XX, Alemania y Francia, países de la retaguardia económica europea, se apoyaron en sus técnicos estatales para diseñar programas que les permitieron incluso superar a Gran Bretaña. EE.UU. sentó las bases para convertirse en primera potencia mundial gracias a una activa política industrial.
Luego de la segunda posguerra, Japón pasó de ser un país devastado a convertirser en la segunda economía mundial en solo 4 décadas. Este verdadero “milagro económico” no hubiera sido posible sin una sesuda intervención estatal, una estrecha cooperación pública-privada, conducida por expertos burócratas comprometidos con el desarrollo de su país. Más recientemente, el caso de los “tigres asiáticos” (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong), únicos países de la periferia que penetraron en el selecto grupo del centro económico, se despertaron luego de la implementación de exitosos paquetes industriales liderados por el Estado.
Ante esta abrumadora evidencia, el propio Banco Mundial reconoce que “para el desarrollo, un Estado de calidad es una artículo de primera necesidad”. El énfasis debe ser puesto en las capacidades del Estado, para planificar, para intervenir selectivamente, para potenciar al sector privado, para integrar sectorial y territorialmente su economía, para inducir la incorporación de tecnología, para mejorar su patrón de inserción internacional, para resolver fallas de mercados minimizando las del propio Estado.
La experiencia internacional nos lleva a preguntarnos, si el Gobierno aspira a un país con “pobreza 0”, ¿qué esfuerzos está haciendo para fortalecer las capacidades planificadoras del Estado? ¿Qué equipo de expertos tiene el Estado para realizar la titánica tarea de identificar los 20, 30 o 50 proyectos que permitan desplegar todo el potencial nacional? ¿Qué medidas habrá que tomar para que sea nuestro país un conjunto sinérgico de regiones en vez de un collage de territorios de dispar desarrollo relativo? ¿Qué mecanismos institucionales está diseñando para que estos proyectos fundamentales no sean devorados por las urgencias que impone la coyuntura? Sólo cuando se empiecen a aclarar estos interrogantes nos podremos ir olvidando de la pobreza.
