Tras el fallido intento de aprobar la reforma del mercado de capitales, el Gobierno volvió a enviar el proyecto para tratarla, ahora con un nombre más marketinero y poniendo más enfásis en instrumentos de financiamiento para las pyme y el mercado hipotecario.
El nuevo nombre del proyecto es “Ley de Financiamiento Productivo”, ya que tiene todo un capítulo dedicado a las pyme para que puedan mejorar su acceso al mercado, pero en el resto es prácticamente lo mismo que la iniciativa del año pasado.
El Goberno había enviado la ley en 2016 pero no había podido avanzar, y de hecho en mayo una fuente del oficialismo reconoció que “no hay marco político para tratar ese proyecto”, algo que cambió luego de la victoria de Cambiemos en octubre.
La iniciativa se tratará hoy en las comisiones de Finanzas, Legislación General y Presupuesto de la Cámara Baja. El miércoles de la semana que viene llegará al recinto y hay acuerdo para que tenga media sanción, con la intención de que termine de aprobarse este año.
Novedades del proyecto
Entre los cambios que propone el proyecto, es atender uno de los viejos reclamos de los fondos cerrados de inversión (FCI): quedar eximidos del pago de Ganancias y sólo tendrán que tributar los inversores del fondo, con lo cual quedaría eliminada la doble imposición que rige hasta ahora.
También se habilita la creación de fondos comunes que repliquen rendimientos de otros activos, los llamados ETF (Exchange-Traded Fund). Y las aseguradoras podrán emitir pólizas de vida, retiro y capitalización ajustadas por CER.
Respecto a las pymes, que son de alguna manera el “centro” del proyecto (al menos en el título), se les permitirá descontar facturas electrónicas cuando el proveedor les pague con cheques a mediano plazo y estas facturas tendrán una fecha límite de pago similares a un cheque. Además, se buscará facilitar la emisión de nuevos instrumentos para las pymes, como Obligaciones Negociables Simples.
Para aumentar el volumen de operaciones en la Bolsa, habrá beneficios impositivos para empresas con más de 25% de capital flotante, con el objetivo de ir traslanado el financiamiento desde los bancos al mercado. En ese sentido, igual que en el proyecto enviado a fines de 2016, se eliminará el polémico artículo 20 que permitía que la Comisión Nacional de Valores (CNV) intervenir el directorio de cualquier empresa cotizante, ya sea removiendo miembros o nombrados veederores, cuando “fueren vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores”. Ahora, se exigirá intervención judicial previa y se dará a las empresas derecho a defensa.
Por último, volverá a operar un instrumento financiero, las letras hipotecarias, que serán emitidas por los bancos en los mercados -destinadas a inversores institucionales, como FCI y aseguradoras- y estarán respaldadas por las hipotecas otorgadas.
Lo que se dejó afuera respecto al proyecto de 2016 era el punto que buscaba aumentar los recursos que el ente regulador del mercado, la CNV, genera a través de tasas de fiscalización y control: ante la falta de aprobación de la ley el año pasado, el organismo avanzó por su cuenta en este punto, ya que estaba habilitado para hacerlo.
