Cualquier economista sabe que el crecimiento futuro depende de la inversión presente: si hoy no se invierte (o se invierte poco), el crecimiento posterior será, cuanto menos, bajo. Y el Gobierno, que quiere que la economía crezca, también lo sabe. Con una tasa de inversión que no supera el 20% del PIB, los “brotes verdes” que hoy se ven podrían secarse más rápido que lo previsto. Por eso, estimular la inversión privada es uno de los puntales de la reforma impositiva que presentó ayer, finalmente, el Gobierno. Pero, ¿cómo piensa lograrlo?
“Actualmente las utilidades reinvertidas por las empresas se gravan a una de las tasas más altas del mundo. Esto perjudica la inversión, dado que el capital es el factor productivo de mayor movilidad. Proponemos reducir en un plazo de cuatro años la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% a 25% para ganancias que no se distribuyan. Así, las empresas tendrán mayores incentivos a reinvertir sus utilidades”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
Además, dice: “Bajo el régimen actual, al que invierte puede tener que esperar un período prolongado de tiempo para recuperar el crédito fiscal por la inversión realizada, incrementando de esta manera el costo financiero del proyecto, en determinadas circunstancias con un impacto de significación. Por estos motivos, proponemos un régimen de devolución anticipada de saldos a favor generados por inversiones en activo fijo, que subsane la distorsión que actualmente genera el gravamen”.
Con una tasa de inversión que no supera el 20% del PIB, los “brotes verdes” que hoy se ven podrían secarse más rápido que lo previsto
La presión impositiva nacional también forma parte de la reforma, aunque, obviamente, el proyecto no legisla esos tributos. “Los impuestos en cascada, tales como el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que se aplica a nivel provincial son otra fuente de distorsiones del sistema impositivo. En efecto, generan incentivos a la integración vertical, fomentan la concentración geográfica y la desintermediación financiera, y poseen un considerable sesgo antiexportador. Ningún otro país del mundo recauda, como Argentina, 6 puntos de su PIB por medio de esta clase de tributos”, dice el proyecto en sus fundamentos.
Atento a este fenómeno, agrega, “se impulsará el dictado de medidas específicas que permitan aumentar gradualmente hasta alcanzar el 100% el porcentaje del gravamen que recae sobre las operaciones bancarias computable como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”. Asimismo, dice, “trabajaremos juntamente con los gobiernos provinciales para alcanzar acuerdos que impulsen la reducción gradual de las alícuotas de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, con especial énfasis en aquéllos que recaen sobre las actividades primarias, industriales e intermedias”.
El acumulado
La reforma implicará una reducción en la presión tributaria nacional que se estima en el orden de 1,5 puntos del PIB al cabo del quinto año, algo que ha llevado a varios analistas a tildar la reforma de excesivamente gradual. Sin embargo, la frazada corta impera y la endeblez de las cuentas públicas no permite una poda mayor, dicen en Hacienda. Esa rebaja “se sumará a la reducción de 2 puntos del PIB que tuvo lugar desde 2016 y a la baja del impuesto inflacionario”.
La reforma implicará una reducción en la presión tributaria nacional que se estima en el orden de 1,5 puntos del PIB al cabo del quinto año
“El nuevo régimen fiscal que se propone, sumado a las restantes medidas que serán impulsadas por el Gobierno, permitirán un crecimiento sostenido de la economía y una reducción sustancial del nivel de evasión fiscal. Con estos impactos, la reforma tendría un efecto prácticamente neutral en términos de recursos del sector público nacional (aproximadamente 0,3% del PIB), a la vez que aumentará los recursos coparticipables destinados a las provincias”, confían en Hacienda.
“En síntesis, el presente proyecto de reforma que propiciamos producirá una mejora significativa en las condiciones de competitividad de nuestra economía, estableciendo un sistema tributario más equitativo, eficiente, moderno y previsible, fomentando de esta manera las inversiones productivas, la generación de empleo de calidad y posibilitando el desarrollo económico sostenido del país”, dice Hacienda. El tratamiento, sin embargo, no será tan fácil.
