Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
Un exfuncionario, años atrás, llegó a sostener que en Alemania hay más pobres que en Argentina. Ahora, el titular de la Anses sostuvo que los haberes jubilatorios son los más altos que los del resto del mundo y de la región, y superiores a los de Finlandia. ¿Es así?
El Centro Australiano de Estudios Financieros, la consultora Mercer y la Monash Business School de Melbourne publican desde hace varios años un índice global de jubilaciones para comparaciones internacionales. Se trata del Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI), un promedio ponderado de subíndices de “adecuación” (40%), “sustentabilidad” (35%) e “integridad” (25%). El MMGPI compara sistemas previsionales de treinta países con más del 60% de la población mundial. El último disponible es el de este año y uno de los treinta países relevados es el nuestro, y Argentina aparece en el último lugar.
Los puntajes del MMGPI van de 0 a 100. Países con más de 80 puntos reciben la calificación “A”: cuentan con “un sistema jubilatorio robusto, de primera clase, que provee buenos beneficios, sostenible, y con un alto nivel de integridad”. En 2017 ningún país del mundo obtuvo esa calificación. Los de mejor calificación obtuvieron una “B+” (entre 75 y 80): Dinamarca, Australia y Holanda. Corresponde a sistemas con “una estructura sólida, pero con algunas áreas para mejorar que los diferencian de un sistema calificado con una A”. En el otro extremo, la peor calificación es la “E”, para los que obtienen un puntaje inferior a 35: indica “un sistema previsional pobre que puede estar en las etapas iniciales de desarrollo, o que no existe sistema alguno”.
Argentina aparece en el último lugar, con 38,8 puntos, en la categoría “D”, correspondiente a “un sistema con algunos aspectos deseables, pero también con algunas debilidades fundamentales y/u omisiones que deben ser corregidas. Sin esas mejoras, su eficacia y sustentabilidad está en duda”. Los puntajes para nuestro país en los subíndices han sido: “D” en adecuación, “E” en sustentabilidad, y “D” en integridad. Finlandia, en el otro extremo de la tabla de posiciones, obtuvo este año una “B” con 72,3 puntos, siendo calificada además con “B” en adecuación, “C+” en sustentabilidad, y “A” en integridad. Diferencia también reflejada al comparar las jubilaciones mínimas de ambos países. Como bien lo observara el viernes pasado un matutino de esta ciudad, medida en pesos corrientes, la jubilación mínima en Finlandia supera en más 120% a la jubilación mínima de Argentina.
En el caso argentino, el MMGPI no observa progresos destacables. El informe sostiene que la leve mejora entre 2016 y 2017, de 37,7 a 38,8 puntos responde sólo a que se introdujo una nueva pregunta en el cuestionario para el subíndice de sustentabilidad. Chile, a su vez, es el mejor país de nuestra región en ese ranking, con una “B”, seguido por Colombia (“C+”), Brasil (“C”), y luego México con una “D” como Argentina, aunque con 45,1, superando al lamentable 38,8 de nuestro país.
Otro indicador, es el Global Retirement Index de Natixis Global Asset Management, en base a 18 indicadores de cuatro atributos: a) bienestar material en la edad pasiva, b) acceso a servicios financieros de calidad para preservar el valor de los ahorros y maximizar los ingresos, c) acceso a servicios de salud de calidad, y d) calidad de vida medio ambiente seguro y limpio. El mismo ofrece un ranking de 43 países, que no incluye a Argentina. En los primeros 20 puestos se encuentran los sistemas previsionales de Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Finlandia aparece en el 12° lugar, entre Canadá y Austria. Los países menos desarrollados del relevamiento se encuentran en los últimos puestos, entre ellos, los de nuestra región: Chile en el 36°, México en el 37°, y Brasil en el 41°, superando a los dos últimos, Grecia e India. De ser relevado nuestro país, lo más probable es que resulte en un índice con valores más aproximados a los de este grupo que a los de Finlandia, Austria o Canadá.
Estos relevamientos, al menos, sugieren que lejos está nuestro sistema previsional de uno de primera clase. Algo casi obvio de un sistema desfinanciado desde los años '80. La reforma previsional de los '90 reconoció esa realidad, sustituyendo el régimen de reparto por uno de capitalización. Las elevadas comisiones de las AFJP podían eliminarse con una reforma regulatoria específica, pero la mayoría de nuestros legisladores optó en 2008 por confiscar los ahorros de los trabajadores, reinstaurando un régimen de reparto. Esto se completó con las moratorias previsionales que extendieron beneficios a quienes no hicieron los treinta años de aporte, y el año pasado se otorgó la Reparación Histórica para detener la avalancha de juicios contra el Estado iniciada varios años atrás. Un beneficio legítimo, pero de financiamiento transitorio y finito: el blanqueo impositivo. Resultado: el sistema no es solvente.
El tiempo pasa y resolver este problema exigirá una reforma previsional, salvo que se quiera continuar en el actual sendero de endeudamiento externo y emisión monetaria. Un riesgo visible es el de terminar en un escenario de insuficiencia de fondos. Inicialmente tendría solución “política”: una Ley que permita liquidar el FGS para pagar prestaciones, y luego recurrir a la emisión monetaria contra pagarés de la Anses, análogos a las Ordenes de Pago Previsional de los '80. Esto permitirá “aguantar” siempre que no se dispare la inflación o se asista a un nuevo default de la deuda pública. El ajuste sería sobre los más débiles, con recortes en los beneficios previsionales. Sería el peor escenario posible, y los jubilados vivos de esos períodos padecerán no pocas penurias.
Ese destino es evitable, pero si se opta por varias de las reformas que hoy rechazan buena parte de nuestros políticos. No cambiar nada se interpreta hoy como “defensa” de los jubilados y “ganar” tiempo. Sin embargo, no cambiar nada es perder tiempo, y puede conducir a incurrir en costos evitables. Al menos, si se aspira a que en los próximos 15-20 años se pudieran percibir jubilaciones como las de Finlandia. Una meta en principio no factible, al menos mientras nuestros dirigentes insistan con mantener sin cambios el actual régimen de reparto.
