Por Alejandro Radonjic
El gasto social es una de las piedras angulares del plan económico de Cambiemos, tal como había sido con el kirchnerismo y como ocurre, en rigor, en gran parte del mundo (incluso en países desarrollados). Aquello que el mercado no otorga, es el Estado el que pone la diferencia para garantizar la paz social y un piso de ingresos. Muy lejos del ajuste que proyectaban algunos, según un estudio de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Pública Financiera (ASAP), difundido ayer, en 2018 Cambiemos destinará nada menos que 68,3% del Presupuesto en gasto público social.
“Su alta incidencia se debe principalmente a que la gran mayoría de los jubilados y pensionados del país perciben sus prestaciones previsionales a través de la Ansés, organismo que a su vez administra el régimen de Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, agrega ASAP.
Para tener una métrica, muy por debajo de ese 68,3%, con 11% de share aparecen los gastos en servicios económicos, que incluyen los subsidios a los servicios públicos y, luego, con 10,3%, los destinados a intereses y comisiones de la deuda pública.
Por sectores
Adentro de ese 68,3%, se destaca el gasto destinado al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA), que equivale a más de 40% de los gastos totales de la administración pública nacional para el 2018. Adicionalmente, entre las Asignaciones Familiares y la AUH (7% entre ambas) y las Pensiones No Contributivas (5%), más otros conceptos de menor cuantía, el gasto en la finalidad seguridad social representa el 75% del gasto social total y, en consecuencia, supera la mitad del gasto total de la Administración Pública (51,5%). “En otras palabras, uno de cada dos pesos que eroga la Administración Pública Nacional se destina a la seguridad social”, dice ASAP.
Un elemento a destacar, según ASAP, “es que, si bien la elevada participación del gasto social responde a factores de carácter estructural, las medidas adoptadas en el marco de la Reparación Histórica (Ley 27.260), combinadas con la reducción de las transferencias en concepto de subsidios a las tarifas de servicios públicos, llevaron a que el porcentaje previsto en el proyecto de Presupuesto 2018 para esta finalidad represente el nivel más alto al menos desde 1993, lo que implica que seguramente constituya un récord histórico en esta materia”. En el Proyecto de Ley de Presupuesto 2017, dicho porcentaje era de 64% y se espera que, de acuerdo a las proyecciones de cierre 2017, alcance el 65,5%.
Menos margen
“Considerando que, por la Ley de Movilidad Previsional, el monto de las jubilaciones y pensiones se actualiza de manera automática, en una cuantía que resulta de la aplicación de la inflación pasada y de los ingresos de la Ansés, y que para el ejercicio 2018 se incrementa la participación de los gastos en seguridad social, otro elemento que surge del proyecto es que crece la participación de gastos cuya dinámica está fuera del alcance de las decisiones del Gobierno, lo que implica que se reduce su margen de maniobra para ejecutar reducciones o readecuaciones futuras. En este sentido, el peso relativo de los gastos en seguridad social crece en 10 puntos porcentuales dentro del total de la APN con respecto a 2016”, dice ASAP.
Un tercer elemento que se desprende del análisis de la evolución del gasto social consiste en que los gastos en transferencias de ingresos crecen a un ritmo considerablemente mayor que las erogaciones en servicios sociales que se ejecutan a través de la provisión de un bien o un servicio. Tales son los casos de la Asignación Universal por Hijo, Apoyo al Empleo (Argentina Trabaja y Ellas Hacen) y Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) que participan de más del 15% del total del gasto total, excluyendo las jubilaciones, retiros y pensiones.
“En este sentido, si bien las transferencias de ingresos constituyen un instrumento muy eficaz, relativamente fácil de administrar y con una gran inmediatez en la incidencia sobre los beneficiarios y sobre ciertos indicadores, las acciones gubernamentales con mayor profundidad y capacidad de transformación estructural de la sociedad están vinculadas a la provisión de bienes y servicios de calidad y accesibilidad irrestricta, como en el caso de la educación, la salud, o las acciones en agua potable y alcantarillado, entre otros tipos de gastos que propenden a una transformación perdurable, cuyos efectos trascienden al período en que se ejecutan”, recuerda ASAP.
Por último, los gastos de capital representan el 8% del total de la Administración Pública Nacional asignado para 2018 y, entre ellos, cerca de 41% corresponden a gasto social. Los principales destinos para este tipo de gastos son vivienda (16%), educación y cultura (11%) y agua potable y alcantarillado (9%). “En especial, cobran relevancia en 2018 las asignaciones para infraestructura educativa (jardines infantiles y obras escolares), las que más que se duplican con respecto a las proyecciones de cierre de 2017”, dice ASAP.
