Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL.
La victoria electoral de Cambiemos ha sido probablemente la mejor noticia del año, y no sólo para el Gobierno. Para los inversores locales y extranjeros ha quedado despejado, al menos hasta 2019, el camino hacia el abandono de buena parte del legado del modelo K. Sin embargo, uno de las tareas a completar es el reordenamiento de las tarifas públicas.
El proceso de reajustes se completaría aparentemente hacia fines de 2019. Esto, sumado a los ajustes salariales, y eventuales vaivenes del tipo de cambio (que no es fijo), torna inevitable la persistencia de cambios en precios relativos e ingresos reales hasta esa fecha. A esto se suma la probable aprobación de los proyectos de ley de reforma tributaria, laboral, previsional y relaciones fiscales entre Nación y provincias, donde en diversos artículos y para una variedad de contratos se consagra la indexación de contratos siguiendo el IPC Nacional. La inflación inercial, que lentamente fue resucitando desde el abandono de la convertibilidad, pasará a generalizarse de manera inequívoca al menos en los próximos dos años.
Indexados
Podrá discutirse su relevancia o irrelevancia, pero no su existencia: los proyectos de reforma conducen a la adopción de esta práctica para jubilaciones, pasivos tributarios, deudas previsionales y, según las declaraciones recientes del ministro de Energía, también para tarifas públicas. De facto, también están indexados desde hace varios años- con variada frecuencia, e indicadores de referencia, los precios de combustibles, las cuotas de medicina prepaga, los servicios de telefonía, televisión por cable y abonos de Internet, los alquileres, las cuotas de colegios y universidades privadas, los salarios, ciertos créditos hipotecarios, y varios otros precios más, sean estos regulados (caso del transporte de pasajeros) o no.
¿Y el BCRA?
Las implicancias para la estabilización de la inflación es más que conocida, al menos desde la experiencia y los desarrollos teóricos de los '80: sin abandonar o prohibir la indexación, estabilizar la inflación de manera gradualista se torna cada vez más difícil cuanto más alta sea la inflación. Si para preservar un mínimo de justicia distributiva se acepta el ajuste de algunos precios e ingresos para compensar pérdidas pasadas, si se convalida formalmente la mecánica de nuevos ajustes de otros, aun cuando se restrinja la expansión del crédito o de la base monetaria, la reacción de la inflación a las políticas del BCRA va a ser mucho menor a la esperada o deseada.
La elección de ordenar y unificar una variedad de indexadores en un solo indicador (caso actual) o unos pocos reduce notablemente los costos de coordinación, y minimiza incertidumbres varias. El éxito de la Unidad de Fomento de Chile, por citar un caso, no admite discusión.
Si la inflación se mantiene en los niveles actuales o desciende, su efecto sería inocuo. Pero si algo se ha aprendido de las contribuciones de economistas locales y del exterior es que, con una economía indexada y tipo de cambio flotante, la reducción de la inflación y de manera gradual estará condicionada a la variabilidad de precios poco y nada sensibles a las acciones de la autoridad monetaria. Esto se torna particularmente relevante cuando los mecanismos de transmisión monetaria de libro de texto son inexistentes o irrelevantes en un país poco bancarizado como el nuestro, con dolarización de ahorros y neuronas, y una nada despreciable economía informal y no bancarizada.
El éxito del actual programa de metas de inflación puede verse de varias formas. Una es respecto de su convergencia o no a las metas propuestas por la propia autoridad monetaria: la no convergencia indica fracaso en la estrategia elegida. Otra es si el nivel de la inflación descendió: la baja de unos 15 puntos en un año es un éxito indiscutible. Otra dimensión a considerar es la reducción de la volatilidad de la inflación: otro éxito, ya que se ha observado efectivamente en el último año y medio, siendo interrumpida sólo en los meses de “tarifazos”. Otra es la persistencia de la inflación: la misma efectivamente se mantiene, y a niveles superiores a los de las metas oficiales, sin signos convincentes de convergencia. Hasta ahora, un fracaso.
Sigue arriba
¿Qué nos espera? Tendremos fuertes aumentos de tarifas públicas entre diciembre y febrero, y después seguirán los ajustes salariales y de jubilaciones. Inevitablemente habrá subas en transportes, alquileres y otros precios regulados y no regulados. La persistencia de la inflación entre 1,5% y 2% mensual se mantendrá al menos hasta el segundo trimestre del año próximo. Ciertamente esto reavivará los debates sobre si sobrerreacciona demasiado o no el BCRA con las tasas de pases, y si la misma en definitiva apunta a enfriar la economía, dañando la estrategia del resto del Gobierno que apunta a acelerar el crecimiento de la actividad económica y de la creación de vacantes laborales.
Ordenar la indexación de la economía tiene sentido, pero su generalización en este escenario no facilita la tarea de inducir la baja de la inflación sólo con “repos” e intervenciones en el mercado secundario de Lebac. La realidad muestra un efecto muy limitado para afectar el impacto de la volatilidad de precios relativos sobre reajustes de precios e ingresos salariales, y sus efectos de segunda ronda. El riesgo es el de la pérdida progresiva de credibilidad en la primacía de la meta de reducción de inflación respecto de otras metas de política, y en la efectividad de subas o bajas de tasas de pases ante cambios en indicadores de inflación, o en relevamientos de pronósticos o expectativas de inflación del sector privado.
Ciertamente, esto requerirá una profunda reconsideración del futuro del régimen. El riesgo subyacente es que, en presencia de indexación de contratos y variabilidad de precios relativos, la credibilidad en los instrumentos y en los resultados del actual régimen de metas de inflación tienda rápidamente a desdibujarse y de manera irreversible.
