El peso de la deuda pública en Argentina viene creciendo desde 2011 y, según los datos oficiales hasta finales del primer semestre, la relación deuda sobre PIB (el indicador más clásico para medir la sostenibilidad) ronda el 54%. Por otro lado, el peso de los intereses viene aumentando desde 2013, llegando a 2,6% del PIB. Además, comparado a diez años atrás, la vida promedio de la deuda bruta se acortó cerca de cuatro años y medio llegando a ocho años. Los datos surgen de un informe de la Fundación Mediterránea difundido ayer.
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Sobre la composición de los tenedores de la deuda, dice el informe, se puede ver que casi la mitad está en manos del mismo sector público (Anses, BCRA y otros organismos) y la otra mitad, en manos del sector privado y externo. “Se podría decir, por lo tanto, que para determinar la sustentabilidad de la deuda habría que enfocarse únicamente en la deuda 'exigible', que es la que está en manos del sector privado y el externo”, agrega.
Sin embargo, eso es parcialmente verdadero porque, si las condiciones en las que el sector público presta dinero al Tesoro son distintas a las condiciones que tiene la deuda con el sector privado, “los intereses de la deuda se determinan sobre el monto de la deuda bruta, es decir, que su evolución es muy importante”. De hecho, los organismos del sector público que tienen bonos del Estado en sus carteras (como la Anses), se sirven de dichos intereses para hacer sus propios pagos. “Por estas razones, enfocamos nuestra atención en la deuda bruta y no en la deuda neta”, argumenta Mariano Devita, autor del informe. Según los objetivos del Gobierno, el déficit fiscal primario debería ir cayendo un punto por año llegando a 2,2% del PIB en 2019 y cerca del equilibrio en 2021. Para ese último año, la deuda neta con el sector privado como porcentaje del PIB se estabilizaría en el 37%. Por su parte, el pago de intereses se mantendría bastante estable, rondando el 2% del PIB por año. Esa es la hoja de ruta que tiene en mente el Gobierno.
Pero, advierte Devita, “tomando como fuente de información los datos del mensaje de remisión del Presupuesto 2018, dicha sustentabilidad se alcanzaría solamente bajo los supuestos de que la tasa de interés de la deuda se mantenga relativamente constante en los niveles actuales, una tasa de crecimiento de la economía del 3,5% por año y un tipo de cambio real estable”. He allí, potencialmente, el problema.
La evolución de la deuda depende de cuatro factores clave: el superávit fiscal primario, la tasa de interés de la deuda, el crecimiento de la economía y la evolución del tipo de cambio real. “Teniendo en cuenta estas variables, se pueden construir distintos escenarios alternativos hipotéticos para describir la importancia de cada una de estas variables”, dice Devita.
En un escenario base, explica, se puede asumir que se cumple la mayoría de los supuestos del escenario del Gobierno (metas fiscales, crecimiento de la economía y demás) con la excepción de la tasa de interés que, en vez de caer como en el escenario del Gobierno, se mantienen estables en los niveles actuales. “Si eso sucediese, la estabilidad de la deuda a partir de 2021 no se alcanzaría ya que la falta de superávit primario impediría financiar el flujo de intereses. Bajo estas condiciones la deuda podría llegar a 70% del PIB en los siguientes diez años”, argumenta. Para estabilizar el ratio deuda sobre PIB bajo los anteriores supuestos, el Gobierno debería hacer un esfuerzo fiscal mayor, recortando más rápido el déficit primario respecto de lo planteado en las metas fiscales (ya de por sí exigentes). Allí, el Gobierno debería apuntar a alcanzar un superávit primario del 1% del PIB a partir del 2021. “Bajo estos supuestos, la deuda sí podría estabilizarse en niveles cercanos al 62% del PIB”, dice Devita.
En un escenario más optimista donde la tasa de interés también se mantiene estable pero la economía puede alcanzar una tasa de crecimiento del 4,5% anual, el esfuerzo fiscal que requiere el Gobierno se reduce considerablemente ya que la estabilidad del cociente deuda sobre PIB requeriría un superávit primario de solamente 0,4% del PIB a partir de 2022.
Por último, un escenario más pesimista podría derivarse de un cambio real del contexto internacional que complique el acceso al financiamiento. Se supone en ese caso que el tipo de cambio nominal crece por encima de la inflación (en promedio 2,5% por año a partir del 2019) y las tasas de interés suben casi dos puntos y medio más que los niveles actuales. “Asumiendo que el ritmo de expansión de la economía se mantiene en el 3,5% anual, el esfuerzo fiscal para estabilizar la deuda bajo estos supuestos obliga a recortar el déficit primario más rápido que lo planteado por las metas del Gobierno y deba alcanzarse un superávit fiscal primario de casi 2% del PIB a partir del 2021 para estabilizar la deuda como porcentaje del PIB”, dice Devita.
Un balance
“La evolución de la deuda no es preocupante en lo inmediato, pero su evolución del escenario en el que se desenvuelva la economía. El escenario planteado por el Gobierno (no tener déficit en 2021) requiere condiciones muy optimistas sobre las tasas de interés para alcanzar la estabilidad del ratio deuda sobre PIB. En el caso que el contexto financiero resulte más adverso que el actual, el esfuerzo fiscal requerido aumentará considerablemente”, dice el autor.
En ese sentido, concluye, el mensaje es claro. “Dado que la presión fiscal es muy alta y, de hecho, se está realizando un esfuerzo por bajarla, hay que controlar más los gastos para que la deuda se estabilice. Ese mensaje también es válido para los gobiernos subnacionales, sobre todo luego del Pacto Fiscal, que reduce la carga impositiva de las provincias”.
