Tras ser corregido en el Senado, la Cámara Baja sancionará hoy, en forma definitiva, el proyecto que incorpora a la figura de la persona jurídica para delitos de corrupción. De esta forma, se podrán sancionar a las empresas pero también alcanzar acuerdos de colaboración eficaz para intercambiar información por beneficios en las penas. El proyecto se había enredado tras una difícil sesión en Diputados, que fue la cámara de origen, en la que el oficialismo tuvo que ceder ante una serie de reclamos por parte de la oposición. Esos reclamos fueron luego modificados en la Cámara Alta, por iniciativa del PJ-FpV pero en diálogo con Cambiemos, cambios que conformaron al Gobierno, que podrá presentar ante Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un paso clave para el ingreso.
La incógnita que debía resolver ayer la comisión de Legislación Penal, era si el massismo aceptaba la corrección del Senado. Es que, en el debate de la Cámara Alta, se eliminaron de rabo dos iniciativas del Frente Renovador: que abarquen para la persona jurídica todos los delitos del Código Penal, y que las causas de corrupción sean imprescriptibles. Los diputados massistas que integran la comisión que debatió ayer el proyecto firmaron el dictamen pero plantaron disidencias. En el recinto votarán a favor de los cambios pero argumentaran en defensa de los dos puntos que naufragaron en el trámite legislativo.
En julio, cuando Diputados debatía el proyecto, el Gobierno tuvo que conceder en un punto que consideraba clave: el artículo 37. Le permitía al Poder Ejecutivo entablar acuerdos con empresas para recibir información de delitos cometidos previos a la sanción de la ley. Estaba pensado puntualmente en la trama Odebrecht, la empresa brasileña que reconoció haber pagado coimas en el país pero que nunca pudo conocerse con detalle tales operaciones.
A su vez, y a poco más de veinte días de que se venza la norma, el Congreso sancionará la extensión por cuatro años de la Ley 26.160 por cuatro años más. Se trata de la Ley que prohíbe los desalojos a comunidades indígenas, con el fin de “realizar el relevamiento técnico ? jurídico? catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas”
