Por Alejandro Radonjic
El Economista se sentó a dialogar con el hombre que tiene sobre sus espaldas la titánica tarea de conectar al 75% de los argentinos con la red cloacal y universalizar el acceso al agua potable. Hoy, 20 millones de argentinos no están conectados a la red cloacal y 7 millones no tienen acceso al agua potable. Pablo Bereciartua, subsecretario de Recursos Hídricos, el hombre en cuestión, explica cómo piensa lograrlo, comenta los lineamientos del Plan Nacional del Agua, las maneras para sumar el capital privado al financiamiento de las obras y anticipa que AySA saldrá a los mercados a emitir deuda para adelantar su plan de obras.
Arranquemos por el comienzo. ¿Qué herencia recibieron y cómo fueron esos primeros meses?
Por suerte, ya es una etapa superada, pero fueron meses intensos, y muy interesantes también. El inicio fue de altísima complejidad y a eso se sumaba, en mi caso y en el de varios otros, el desafío de comenzar una nueva actividad, armar equipos y demás. Además, fue una transición con poca coordinación con el Gobierno anterior y no hubo posibilidad siquiera de contar con información, conocimiento y colaboración y, a su vez, en el contexto de una crisis económica significativa a nivel nacional. Y en el caso específico de la obra pública, la actividad está parada y virtualmente detenida. La mitad de las obras públicas en 2015 no recibieron financiamiento y en los últimos meses del año, eso se extendió a casi 100%. Eso, además, con conflictos y deudas en las obras y los contratos, que fuimos solucionando. Así fueron los primeros meses. AySA, por ejemplo, que reporta a nuestra Subsecretaría, tenía una deuda importante y cesación de pagos con diversos proveedores. Eso llevó, en enero de 2016, por orden expresa del Presidente, a saldar una deuda que excedía los $2.600 millones para garantizar los servicios más básicos de agua y saneamiento.
Luego de esa etapa de normalización, ¿qué continúo? Imagino que el Plan Nacional del Agua fue un hito pivotal en ese camino...
Hubo una primera etapa para hacer un diagnóstico y elaborar ese plan, que es el marco global de nuestra tarea. También fue importante la puesta en marcha de las primeras licitaciones, que arrancan con fuerza, a razón de una por día, allá por marzo de 2016, además de la reactivación de algunas de las obras anteriores. Salimos a poner en marcha las obras, y también descartar obras. Debimos priorizar, cerrar convenios irregulares que no se habían iniciado y, además, había varias obras en estado irregular con un avance financiero muy superior a los avances de obras. Allí también hicimos una inyección en el Fondo Hídrico por $1.750 millones extra que nos permitió empezar a licitar obras importantes, como el cuarto tramo del Río Salado.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, suele decir que el kilómetro de ruta o autopista, hoy, cuesta menos que antes. ¿Pasa algo similar con las obras hídricas?
Es análogo. Nuestras obras, que implican plantas depuradoras o tratamiento, represas multipropósito u obras de riego, son más los items y es más difícil resumirlo, pero se aumentado significativamente la cantidad de empresas que compiten: hoy hay más de seis, siete o incluso ocho en algunas licitaciones cuando antes había la mitad. Y en la mayor parte de los casos, con propuestas por debajo de los presupuestos oficiales. En las licitaciones de AySA, había unas 26 empresas por licitación antes y hoy ya hay más de 90. Y el promedio de los precios adjudicados pasó de 12% superior a los presupuestos oficiales a 15% por debajo. Es una diferencia de 30%. Con el mismo presupuesto, antes se hacían 3 obras y hoy, 4.
El Plan Nacional del Agua precisa un financiamiento de U$S 44.000 millones. ¿Qué lugar tiene en ese total los PPP, que acaban de salir a la cancha y prometen despegar en 2018?
Es muy importante el lugar, pero no solo con el formato PPP sino con otros que también tengan financiamiento privado. Hay una oportunidad concreta, por el aumento de la confianza y la credibilidad con el proceso de cambio de Argentina, de complementar el financiamiento del Tesoro y los organismos multilaterales con otras fuentes, como el BID, el BM o la CAF. Menciono 3 iniciativas en marcha. Una es el primer contrato de financiamiento diferido que hizo el Gobierno: el llamado que hicimos para construir una parte de la canalización del Río Salado en la provincia de Buenos Aires. Ya está en la calle y tiene un presupuesto de U$S 500 millones. El Gobierno pagará, como máximo y durante el desarrollo de la obra, el 50% y el resto, pagarlo diferido a lo largo de cuatro años. Como en un país normal: no pagarla en efectivo y no tener una restricción presupuestaria en el corto plazo. Una segunda iniciativa es la desconsolidación de AySA, que será posible hacerla tras el saneamiento que hicimos de la empresa tras el aumento de tarifa promedio de 400% en 2016. Que fue hecho exitosamente y con una política de tarifa social: fuimos de 19.000 cuentas a 260.000 hoy. La empresa tenía un subsidio cruzado nacional de 80% y hoy opera cercana a un equilibrio. La readecuación de la empresa se hará firme con la nueva Ley de Presupuesto y, además, en diciembre vamos a hacer una emisión de deuda de la empresa, y no del Estado, para sumar nuevas fuentes de financiamiento para adelantar el plan de infraestructura. Pensamos emitir, en una primera etapa, U$S 500 millones y a lo largo de 2018, quizás llegar a U$S 1.000 millones para financiar obras. La tercera iniciativa es el llamado a manifestación de interés de obras con financiamiento privado que hicimos hasta el 15 de diciembre por 38 proyectos. Son unos U$S 9.500 millones. Han sido priorizados por las provincias y tienen viabilidad técnica. Hay un gran interés por parte de los privados.
O sea que no va a haber un ajuste en 2018, como dicen algunos economistas, por la necesidad de bajar el déficit fiscal de 4,2% a 3,2% del PIB...
El Presupuesto, que está hecho para ser cumplido y ejecutado, como hicimos en 2017, ya tiene un compromiso significativo con la infraestructura y, en concreto, con el Plan Nacional del Agua, que tiene garantizado una parte significativa de su financiamiento. Además, se agregan esas iniciativas que comentaba antes y que no se sumen en el déficit fiscal. Hoy no tenemos un problema de deuda y podemos apalancarnos allí. Allí también ayuda el saneamiento institucional que ha hecho AySA. Pensemos que hay empresas públicas en la región que son superavitarias, cotizan en Bolsa y ya operan exitosamente en otros países.
Hoy, hay 7 millones de argentinos sin acceso a agua potable y casi 20 M, sin acceso a cloacas. El plan es llevar cloacas a 75% de la población y universalizar el acceso a agua potable. ¿Es un norte y una idea a futuro, como Pobreza Cero o un compromiso vinculante y alcanzable en no mucho tiempo?
Ese eje del plan requiere una inversión de U$S 22.000 millones. Es muy significativa. Ese objetivo se puede alcanzar en doce años y un cuello de botella será el financiamiento, pero también se deberá ampliar la cadena de abastecimiento del sector, como ya está pasando, para satisfacer el avance de las obras. Cuando asumió Eduardo Frei en Chile, que también era ingeniero y tenía una situación similar, aunque con una población menor, logró la universalidad de ambos servicios y superar el 85% de la capacidad de tratamiento. Son objetivos viables y están íntimamente vinculados con la reducción de la pobreza, como muestran diversos estudios.
