El ministerio de Finanzas y el ministerio de Transporte publicaron el documento que detalla el modelo de contrato y de financiación para la construcción de más de 7.000 kilómetros de rutas, que busca desarrollar a través del modelo de Participación Público-Privada (PPP). Se trata del resumen ejecutivo de los pre-pliegos para conformar la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras del país.
Esta Red es la primera aplicación del esquema de financiación de las obras de infraestructura que impulsa el Gobierno, mediante la colaboración del Estado y del sector privado "en un marco de transparencia, agilidad y reglas claras".
El documento, que actúa como anteproyecto a la publicación de los pliegos definitivos, ha sido elaborado conjuntamente por la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y la Subsecretaría de Participación Público Privada del Ministerio de Finanzas. En él se ofrecen detalles sobre los compromisos a los que se obligan el Estado y el contratista para la construcción, operación y mantenimiento de las obras. Describe los requisitos de precalificación y los criterios de adjudicación.
La Red de Autopistas y Rutas Seguras es la primera aplicación del esquema de financiación de las obras de infraestructura que impulsa el Gobierno, mediante la colaboración del Estado y del sector privado
"En el programa PPP es el inversor privado quien debe conseguir el financiamiento, con lo que necesita un alto nivel de información de parte del Estado. La publicación facilita a los interesados el conocimiento de los prepliegos y borradores de contrato", explicó la cartera que conduce Luis Caputo.
Los modelos se encuentran disponibles en la web del Ministerio de Finanzas y en la de Validad Nacional.
Detalles
El resumen publicado detalla aspectos como el pago a los contratistas y la remuneración de las inversiones; en qué plazos se deben ejecutar las obras; qué inversiones se remuneran en pesos y cuáles se repagan en dólares; la protección ante la variación del tipo de cambio, tanto a favor del Estado como del privado según corresponda; y las diferentes garantías que deberán integrar los inversores durante la vigencia del contrato, entre otras cuestiones.
Destaca el plazo promedio de 4 años para la ejecución de las obras principales, el repago al privado con frecuencia trimestral, con período de gracia, y sujeto al otorgamiento de certificados luego de alcanzar hitos de avance de obras; también establece un plazo de 6 a 12 meses del que dispondrá el contratista para encontrar financiación con una o varias entidades. Asimismo, el documento detalla los mecanismos para canalizar la recaudación de las diferentes fuentes de fondeo para afrontar todos los pagos a los inversores privados y que será a través de fideicomisos, como por ejemplo el Sisvial fondeado con la recaudación de impuesto al gasoil. Una novedad interesante del proceso es la creación de paneles técnicos para dirimir conflictos antes de recurrir a otras instancias.
