Por Ariel Bazán
Como ya venía circulando, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, confirmó que el Gobierno propondrá gravar la renta financiera con el 15% para activos en moneda extranjera o indexados y el 5% (inicialmente) para instrumentos en pesos.
Según explicó en el Congreso, en el caso de los instrumentos en pesos, que incluye también a los plazos fijos y Lebac, la alícuota será del 5% “porque sino los activos estarían siendo gravados por su componente de inflación, que aún es elevado para los estándares internacionales”. Por eso, la idea es que esa tasa “vaya subiendo hasta alcanzar 15% a medida que baje la inflación”.
El funcionario aseguró además que el mínimo no imponible con que serán gravados los instrumentos “se determinará durante la reglamentación”, pero estimó que alcanzará a rendimientos acumulados anuales que superen los $ 52.000.
El único activo que mantendrá su tratamiento actual serán las acciones con cotización local y presumiblemente también los FCI que tengan estos instrumentos como subyacente principal, mientras que los no residentes quedarán exentos en cualquier tipo de inversión. “Las acciones que no cotizan ya estaban gravadas al 15% y a las que cotizan las quieren dejar igual para promover el desarrollo de mercado de capitales”, explicó a El Economista la contadora Fernanda Laiún, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.
Si bien Dujovne no lo especificó, también quedarían gravados los títulos públicos, algo que venía desatando polémica entre los analistas que sostienen que no corresponde que el Estado grave a quienes lo financian.
Contexto
Por otra parte, Dujovne justificó la medida alegando que Argentina “es el único país de Latinoamérica que no grava la renta financiera” y destacó que la alícuota llegará a un máximo del 15%, mientras que en “los países desarrollados las tasas rondan el 28%”.
El funcionario negó además que la medida vaya a afectar el crecimiento del mercado local asegurando que “el pobrísimo nivel de apalancamiento financiero que viene habiendo no fue generado por alguna regulación”.
También le bajó al tono al impacto fiscal que podría traer la medida: aseguró que inicialmente llegará “al 0,2% del PIB”, pero “será sustantivamente más alto dentro de diez años, cuando tengamos un mercado del tamaño de los países que hicieron bien las cosas”.
Consecuencias
Los analistas en general fueron pesimistas con la medida, esgrimiendo con el argumento de que se desincentivará el crecimiento de un mercado de capitales ya de por sí muy chico. “Aunque suene razonable hacerlo, como en la mayoría de los países, (la medida) debería discutirse cuando Argentina haya logrado cierta madurez, mayor estabilidad de precios y un mercado financiero desarrollado”, aseguraron desde First Capital Markets.
Con esto contrasta Laiún, para quien “no habrá ningún cambio” con la aplicación del gravamen en el desarrollo de mercado: “La realidad es que el número que mueven las personas en el mercado no es alto y el mayor volumen lo aportan las inversiones extranjeras”.
Por otra parte, desde First afirmaron que otra consecuencia de la medida es que se encarecerán los créditos, ya que “de incorporarse un impuesto sobre los intereses, el ahorrista exigirá una tasa más elevada para compensar y los bancos trasladarán eso a sus créditos”. Además, otros especialistas dicen que el BCRA se verá obligado a subir las tasas: para una alícuota del 15%, se estima que el aumento debería rondar los 400 puntos, más del 31%.
Por último, First afirmó que implementar la medida “quebraría la credibilidad de largo plazo” entre quienes entraron al blanqueo, “ya que en su momento no se mencionó” la aplicación de este tributo.
