Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Cs. Económicas (USAL)
Se realizaron este domingo las elecciones regionales en Venezuela, postergadas desde diciembre de 2016. El Consejo Nacional Electoral informó que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 de las 23 gobernaciones. Al menos hasta el cierre de este artículo no estaba definida la suerte en el estado de Bolívar donde, según el régimen de Nicolás Maduro, también habría triunfado el PSUV. El resultado oficial no arroja grandes novedades. La oposición perdió el estado de Miranda, que desde 2009 gobernó Henrique Capriles y el chavismo, a su vez, perdió los estados de Zulia y Táchira, sobre la frontera con Colombia.
Los números del escrutinio sorprendieron hasta al oficialismo, dado que las encuestas le daban el triunfo a los opositores en no menos de 12 estados. Con un resultado mejor al esperado, el Gobierno de Maduro no va a reconocer a ninguno de los nuevos funcionarios electos si no prestan juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente controlada por el PSUV. Los candidatos electos de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) no están dispuestos a hacerlo, porque validarían a la Asamblea conformada a fin de julio pasado por el PSUV. Si ningún dirigente de la oposición aceptará la validación de los resultados electorales ante una asamblea controlada por el oficialismo, la inestabilidad institucional y los conflictos no van a ceder. Menos en un escenario económico que sigue barranca abajo.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB venezolano va a caer 12% este año y 6% el próximo, acumulando en términos reales una destrucción de 46,6% en apenas cuatro años. Sin mejora esperable en el precio del petróleo y con unas cuentas fiscales en estado crítico, la falta de divisas y bienes provocaron una aguda escasez de aquellos items de primera necesidad con fuertes subas de precios. Según datos de la Asamblea Nacional, en agosto se observó una inflación de 33,7%, acelerándose levemente en septiembre a 36,3%. En nueve meses inflación de 2017 fue 563,2%. De acuerdo al FMI, la inflación de este año cerraría en 652,7%, y seguirá acelerándose, rumbo a la hiperinflación, junto a una creciente escasez de divisas. Esto último tiende a complicarse, no sólo por el relativamente bajo precio del petróleo, sino por las sanciones financieras aplicadas en agosto por el Gobierno estadounidense. El Gobierno de Donald J. Trump prohibió la negociación en Estados Unidos de títulos de nueva deuda emitida por el Gobierno venezolano y la petrolera estatal PDVSA, la negociación sobre bonos de propiedad del gobierno venezolano y el giro de dividendos al Gobierno venezolano. Esta última medida afecta a la refinería CITGO Petroleum en Estados Unidos, propiedad de PDVSA.
La decisión de Washington ha agravado la crisis de liquidez del Gobierno de Maduro. La semana pasada el Gobierno de Caracas no pagó los vencimientos de los cupones de intereses de varios títulos de deuda: U$S 81 millones de un bono de PDVSA que vence en 2027, U$S 41 millones por otro bono de PDVSA que vence en 2037, U$S 97 millones de un bono soberano que vence en 2019, U$S 103 millones por otro título que vence en 2024, y U$S 28 millones. En todos los casos corre un período de gracias de 30 días: si después de ese período no se pagan, incurriría en un evento de default. Cabe observar que en septiembre el Gobierno de Venezuela pagó el cupón de intereses de un bono con cinco días de atraso y un año atrás PDVS también pagó con atrasos de varios días los vencimientos de tres bonos por un total de U$S 404 millones.
El horizonte de corto plazo sigue complicado. Para las próximas semanas enfrenta estos vencimientos: el 21 de octubre, U$S 237 millones de intereses de los bonos soberanos con vencimiento en 2025 y 2026, el 27 de octubre U$S 985 millones de capital e intereses del bono 2020 de PDVSA, el 28 de octubre otros U$S 90 millones de un bono de PDVSA con vencimiento en 2022, y otros U$S 1.200 millones para el 2 de noviembre. En el caso del bono de PDVSA, tienen como colateral la participación accionaria en CITGO en caso de impago, pero la deuda del Gobierno se debe cancelar con las reservas del Banco Central, que apenas superan U$S 9.900 millones, sobre las cuales las reservas líquidas serían de apenas U$S 3.000 millones. Ahora bien, a diferencia de los títulos con vencimientos de intereses hasta la semana pasada son bonos sin período de gracia de 30 días para el pago de esos cupones.
El 95% del ingreso de divisas proviene de las exportaciones de petróleo de PDVSA, empresa cuya viabilidad requiere la duplicación, al menos, del precio del barril de crudo, que hoy cotiza en torno de U$S 51. Esto no es factible, al menos en el corto y mediano plazo, y para el año que viene la cuenta a pagar suma U$S 22.500 millones por servicios de la deuda con no residentes.
Mientras tanto, para noviembre, el Gobierno de Maduro espera cerrar la reestructuración de la deuda de PDVSA con la petrolera rusa Rosneft. Ya en 2011 el gobierno ruso prestó U$S 8.800 millones a Venezuela. Sobre ese total, recién en 2019 Caracas deberá devolver U$S 2.800 millones. A su vez, Rosneft transfirió a PDVSA hasta agosto pasado U$S 6.000 millones en concepto de adelantos por compras de crudo hasta 2019, y al menos en lo que va de este año, no adelantaría más fondos a la petrolera venezolana.
De todas formas, este acuerdo no es más que un alivio parcial que no cambia ninguna tendencia. El Gobierno de Maduro sigue asignando las escasas divisas al pago de los servicios de la deuda, sacrificando importaciones. El resultado inevitable es la escasez de bienes de primera necesidad, aceleración inflacionaria y contracción económica, con el persistente debilitamiento de la posición fiscal neta. Bajo estas condiciones, es más que probable un evento de no pago de la deuda y un escenario políticamente tan o más conflictivo que lo que se ha visto en los últimos meses.
