Frente a la reforma impositiva que el Gobierno prepara para después de las elecciones, Fernanda Laiún, contadora del estudio Laiún, Fernández Sabella y Smud, habló con El Economista sobre los problemas que tienen las empresas por no poder ajustar sus balances por inflación y sobre cómo subsanaría esto (parcialmente) la iniciativa oficial.
¿Qué perjuicios tienen hoy las empresas por no poder ajustar sus balances por inflación?
Desde 2001 no se puede aplicar el ajuste por inflación y lo que ocurrió desde entonces es que, con el paso del tiempo, los bienes de las empresas (inmuebles, bienes de cambio, stocks de mercadería, etcétera) quedaron a valores antiguos. Entonces, una compañía se encuentra con que sus bienes, excepto que sean comprados recientemente, valen menos. Y si se presenta con ese balance ante un banco a pedir un crédito, esto va a ser leído como que la empresa tiene bienes que prácticamente no valen nada, cuando no es la realidad.
¿Y cuáles son los problemas de la falta de ajuste desde la perspectiva impositiva?
Lo que ocurre es que si por ejemplo una empresa quiere vender un inmueble que compró a 50.000 pesos/ dólares en 2001, hoy esta propiedad valdría $ 850.000 y la compañía tendrá que pagar Ganancias por el 35% de este último valor mientras sigue teniendo el activo asentado a $ 50.000. El concepto es similar a cómo pierden los salarios frente a la inflación: se cobra el día 1 y al día 30 ya se perdió plata por la suba de precios, y si no se permite mensurar esta pérdida se va a terminar pagando Ganancias por más plata de la realmente ganada.
¿Esta imposibilidad de ajustar derivó en una alta judicialización del tema, verdad?
Sí, el asunto se judicializó mucho y hubo un fallo de la Corte Suprema que dijo que Ganancias termina siendo confiscatorio si no se puede computar el ajuste por inflación. Entonces se empezaron a establecer ciertos parámetros y se estableció que si el impuesto supera el 35% del resultado se considera confiscatorio y se permite ajustar el balance. Sin embargo, esto es aplicable a ese contribuyente en particular, es decir no se extiende a otros ni para otros años.
¿Los proyectos impositivos oficiales de reformas subsanan estos aspectos?
Hay un proyecto, que fue enviado al Congreso separado del de la reforma impositiva, que propone dejar hacer un ajuste por inflación por única vez. Por ejemplo, volviendo al caso del inmueble comprado a US$ 50.000 en 2001, se permite ajustar su valor por una especie de índice de ajuste por inflación, que no se llama técnicamente así porque reconocer que estos años no hubo ajustes por inflación provocaría reclamos retroactivos de las empresas. Bajo esta forma de revalúo se permite ajustar el inmueble a un valor de los índices de ajustes definido en “14”, es decir que se puede aumentar el valor hasta 14 veces respecto al de 2001. Se paga entonces un impuesto especial por el revalúo de entre el 8 y el 15%, según el activo, y después ese bien revaluado queda como nuevo costo en la contabilidad de esa persona humana o jurídica.
¿Tiene alguna contra el proyecto?
Sí, pone ciertas trabas, porque si vendés el bien en el primer año no podés usar todo el valor ajustado, si lo vendés en el segundo se puede utilizar un poco menos y en adelante ya se permite usar todo. Tendrá que haber una evaluación caso por caso, donde cada empresa deberá medir, entre otras cosas, si va a vender el bien, a qué precio, y cuál es la tasa de rentabilidad de usar esta ventaja impositiva.
¿Dice entonces que a algunas empresas no les convendría adherir al reajuste?
Este proyecto es un intento de transparentar un poco las cosas pero no a todos les convendrá entrar, eso dependerá de cuánto la empresa estime que va a estar el dólar a futuro, cuál va a ser la inflación y otros factores. Según estas variables hay que tomar la decisión considerando que la actualización no es gratuita, ya que el impuesto se paga hoy para usar el beneficio hacia adelante. Con el blanqueo no había nada que considerar porque a todos les convenía entrar pero en este caso, después de partir de la base que los índices no son tan atractivos porque quedaron en “14”, hay que evaluar en cada caso si conviene adherir.
¿Otra cuestión importante es que este reajuste se aplicará por única vez, verdad?
Sí, un tema importante es que este proyecto de revalúo es por única vez, no es que se podrá hacer todos los años, porque el Gobierno busca evitar reclamos retroactivos. Al leer el proyecto, los considerandos hablan de la inflación no reconocida que hubo todos estos años, por eso es un tema que probablemente se judicialice aún más que ahora.
Saliendo de la posibilidad de ajustar balances por inflación, ¿cuáles son otros aspectos destacables del proyecto de reforma impositiva oficial?
Hay mucho trabajo en la parte laboral, por ejemplo para reducir las contribuciones patronales del 23% al 16% gradualmente en varios años. Respecto a impuestos, la idea es reducir algunos puntos en el IVA y en Ganancias se habla de gravar la renta financiera, pero la realidad es que hoy las sociedades pagan por todas las rentas financieras y quienes tienen el beneficio son las personas.
¿Cuáles serán los alcances, entonces, de un posible gravamen sobre la renta financiera?
Si una persona invierte en un plazo fijo, Lebac o bonos no paga Impuesto a las Ganancias y lo que se buscaría es gravar todo eso, aunque quizás no con las tasas máximas del 35%. Lo que ocurre es que esto no es un número que le mueva la aguja al Estado, sino más bien lo que no pagan los fondos del exterior que traen dólares, los cambian a pesos e invierten en bonos argentinos. Sin embargo, esta última idea no convence mucho al Gobierno porque dice que, si a estos fondos les hacen pagar Ganancias, al rendimiento de los bonos habrá que restarle el 35% (de Ganancias) y el Estado va a necesitar pagar una tasa más alta a los inversores.
