Luego de los chispazos del viernes pasado, el Gobierno y el “triunvirato piquetero” arrimaron posiciones durante el encuentro que mantuvieron ayer, y las organizaciones sociales se llevaron la promesa de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de ejecutar los $ 10.000 millones previstos para este año por la Ley de Emergencia Social. La funcionaria y los representantes de la CTEP, Barrios de Pie y la CCC coincidieron en que fue “una reunión positiva”.
Los movimientos sociales lo consideran un paso importante porque aseguran que hasta el momento sólo se ejecutó el 30% del presupuesto pautado para 2017. El dinero será destinado a implementar el salario social complementario, que es un monto equivalente al 50% del salario mínimo, vital y móvil (hoy $ 4.400) dirigido a trabajadores de la economía popular. Además, ambas partes acordaron la creación de una mesa para discutir y construir antes de fin de año la ley de Emergencia Alimentaria que el triunvirato reclama.
En diálogo con El Economista, el dirigente de la CTEP Gildo Onorato destacó que “vamos a blanquear a casi 200.000 trabajadores de la economía popular”, los que pasarán a ser monotributistas sociales. También adelantó que el próximo lunes comenzarán las reuniones para definir los plazos de la implementación en términos técnicos.
Los movimientos sociales lo consideran un paso importante porque aseguran que hasta el momento sólo se ejecutó el 30% del presupuesto pautado para 2017
Onorato recordó que “el viernes nos habían planteado que no se iba a implementar ninguno de los aspectos presupuestarios de la emergencia social”, ante lo cual las organizaciones habían establecido un cronograma de movilizaciones a supermercados y cortes de ruta, que decidieron suspender para privilegiar el diálogo con el Gobierno. Para el también integrante del Movimiento Evita, Desarrollo Social cambió su postura porque la Emergencia Social es “una ley votada por absoluta mayoría, mientras que el programa empalme del Gobierno fue un fracaso total. Si vos contraponés los 200.000 trabajadores de la economía popular que van a estar en el salario social complementario con el plan empalme, que prometía 400.000 y sólo blanqueó a 6.000, nos termina dando la razón”.
Por su parte, Stanley dijo que “se pudo encauzar el diálogo con un compromiso firme y fuerte del Gobierno de hacer toda la inversión y todo lo que está comprometido en la ley”, y admitió que hay que “reconocer a las organizaciones en su voluntad de diálogo y de poder trabajar en conjunto por quienes más nos necesitan”. También ratificó su voluntad de abrir una mesa “para garantizar la seguridad alimentaria en el país y poder seguir construyendo proyectos que tengan que ver con el trabajo y con llegar a todas aquellas personas que hoy están en situación de vulnerabilidad”.
Por su parte, el coordinador de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, celebró que “los ministros hayan reflexionado en torno a la necesidad de no darle la espalda a esta ley que representa una gran ayuda para los que menos tienen” y agregó que “en un país con seis millones de personas pasando hambre, el Gobierno debe ser el principal interesado en brindar ayuda, contención y trabajo a los que menos tienen”.
