El subsecretario de Ingresos Públicos, Andrés Edelstein, dijo hoy que el sistema tributario argentino tiene impuestos distorsivos como los que gravan a los créditos y débitos bancarios y a los ingresos brutos, y alícuotas elevadas como en el caso del IVA, ganancias de las empresas y aportes patronales, y que por ese lado se enfocará la reforma tributaria que el Gobierno impulsará tras las elecciones legislativas de octubre.
Al disertar en el 19º Simposio de Legislación Tributaria organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la entidad porteña, el funcionario aclaró que “la situación fiscal no es de holgura”, y puntualizó que “el gasto público está arriba del 40% del PIB”.
Indicó que “por el lado de los ingresos, la presión fiscal está en 33 puntos del PIB”, por lo cual, concluyó, que “hay una situación que atender”.
Explicó que “la presión fiscal creció en valores absolutos en 15 puntos del PIB en la misma cantidad de años”, y señaló que “en Latinoamérica también creció, con lo cual es una tendencia de la región, pero lo hizo en siete puntos, es decir, a la mitad que la Argentina”.
“No fue suficiente para no tener un déficit fiscal”, subrayó Edelstein, quien puso de relieve que “es en este contexto que se analiza una reforma tributaria”.
Asimismo, afirmó que “en el sistema fiscal también hay anomalías por todos lados”, y subrayó que “hay impuestos distorsivos, como el de los créditos y los débitos bancarios, y el de Ingresos Brutos”.
También puntualizó que “los impuestos tradicionales tienen alícuotas superiores a las que se aplican en otro lado”, y ejemplificó que “la del 21% del IVA puede ser normal en Europa, pero no en América latina, lo mismo que en ganancias de sociedades el 35% luce elevado en lo global y en lo regional, y también son elevadas las contribuciones a la seguridad social”, que actualmente superan el 23%.
Además, subrayó que “las tasas municipales también generan problemas para las empresas”, y afirmó que hay “un sinnúmero de cuestiones de distorsiones y de inequidades” en el sistema tributario.
El funcionario cuestionó “cuando se dice que el salario no es ganancia”, y remarcó al referirse a los monotributistas que "es probable que un gran grupo esté en este régimen por cuestiones atendibles, pero muchos otros que no debieran estar en esa condición”.
En consecuencia, consideró que “hay un claro desafío de reducción del déficit fiscal ya trazado”, y afirmó que “en ese contexto es donde estamos trabajando y debemos encarar esta reforma”.
Sostuvo que “la única solución posible es establecer un horizonte e ir convergiendo hacia ese rumbo”. Evaluó que “se requiere una baja de costos, para que haya mayor inversión y actividad económica, y mejores condiciones de empleo”, y aseguró que “luego del proceso eleccionario comenzaremos a compartir los lineamientos de trabajo que estamos realizando, y los daremos a conocer en sociedad para debatirlos”.
En el mismo escenario, el presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas porteño, Humberto Bertazza, alertó sobre una “propuesta de modificación del Código Procesal en materia Penal, donde por primera vez aparece la responsabilidad del contador público de tener que hacer denuncias penales en los casos de advertir que existen delitos que se podrían haber sido cometidos por parte de las empresas o terceros”.
“Este es un tema que no se va a poder aplicar, en la medida en que esté de por medio el secreto profesional”, afirmó Bertazza, quien subrayó que “más de una vez, en las fiscalizaciones que hace la AFIP solicita información al profesional encargado de las declaraciones juradas o de la administración fiscal de las empresas, y aparece entonces el tema del secreto fiscal”.
El ejecutivo señaló que “la propia autoridad fiscal está analizando la posibilidad de dictar normas de aplicación en el país, donde aparece entonces esta recomendación de la OCDE, sobre la obligatoriedad o no de que el profesional tenga que exteriorizar las pautas centrales de la planificación fiscal de los contribuyentes”.
