Por Juan Radonjic
En los próximos meses, la agenda pública estará dominada por el gradualismo, la negociación y la búsqueda de consensos. Ese será el camino, y no el de la profundización del ajuste como sostiene la oposición. Habrá dos ámbitos en los que deberán buscarse acuerdos: el económicosocial y el federal.
En el caso del primer ámbito, desde distintos sectores se sostiene que el Gobierno tiene pensado avanzar luego de las elecciones en una reforma que flexibilizará las relaciones laborales y que perjudicará a los trabajadores. Pero el ministro Triaca ha dicho reiteradamente que no está en agenda una reforma laboral y que cualquier modificación será producto del diálogo en cual participarán los representantes de los trabajadores. De todas maneras, puede haber sectores en el Gobierno que piensen de otra manera y argumenten que la reforma realizada en Brasil pone en una situación de desventaja a Argentina a la hora de competir y atraer a las inversiones que lleguen a la región. Pero Triaca afirma que no se impulsa una reforma como la de Brasil, que además, sostiene con criterio, sería imposible de concretar dado que aquí las organizaciones gremiales son mucho más fuertes que las brasileñas.
Hay otro dato clave y es que Cambiemos no tendrá el sudiciente número de legisladores para aprobar leyes laborales ? en caso de que quisiera hacerlo? si no cuenta con el aval del peronismo, que más allá de sus distintas vertientes, seguramente se unificará en este tema. Por otra parte, la reforma en Brasil fue aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, algo impensable en Argentina. ¿Qué sentido tendría para el Gobierno impulsar una iniciativa destinada al fracaso y que le implicaría mucho desgaste, tendría a los gremios en la calle y el resto del arco político cuestionándolo?
Además, la experiencia indica que los gobiernos no peronistas han sufrido derrotas políticas cuando quisieron avanzar en reformas laborales sin consenso como ocurrió con las llamadas ley Mucci y ley Banelco.
Por lo tanto, más allá de las declaraciones de los funcionarios y tanto de Cristina Kirchner como de Sergio Massa, no hay condiciones políticas ni sociales para encarar una reforma laboral sin acuerdo. Los empresarios lo saben y por eso no alientan una reforma a la brasileña como lo aclaró el titular de la UIA, Miguel Acevedo. No siempre la ideología de los actores o su voluntad son las que definen las políticas públicas sino que son decisivos el contexto, el clima de época, la correlación de fuerzas y las creencias de la sociedad. Un Gobierno cada vez más pragmático, como el actual, lo entiende y lo demuestra manteniendo algunas iniciativas del kirchnerismo a las que en su momento se opuso.
Hay un amplio abanico de temas en los que el Gobierno, la oposición, los trabajadores y los empresarios pueden coincidir y avanzar como es el caso del blanqueo laboral o los acuerdos para sectores o actividades específicas como el que se firmó en su momento para la explotación de Vaca Muerta.
También está pendiente la reforma tributaria que deberá ser gradual para no afectar la recaudación dado el elevado déficit fiscal y que, para ser eficaz, deber ser consensuada porque no hay nada peor para un sistema impositivo que los contribuyentes piensen que se va a modificar apenas cambie el Gobierno.
El otro gran ámbito de negociaciones será el federal y allí los interlocutores principales del Gobierno serán los gobernadores. En ese caso no estarán en juego intereses sectoriales sino provinciales. La agenda es amplia y en buena medida encadenada porque difícilmente se puedan negociar temas de manera individual. O se acuerda todo o no se acuerda nada. Presupuesto, renovación del pacto fiscal, prórroga de la Ley del Cheque, Responsabilidad Fiscal y distribución del Fondo del Conurbano integran una agenda compleja que sólo podrá avanzar mediante amplios acuerdos. Y los cortes, en muchos casos, no serán ideológicos ni partidarios sino que responderán a los intereses concretos de cada una de las provincias. Porque así como Buenos Aires se diferencia del resto con su reclamo por el Fondo del Conurbano sobre el que debe expedirse la Corte (una prueba de que en estas cuestiones están involucrados todos los poderes del Estado), en el tema de la prórroga del pacto fiscal -que permite cobrar Ingresos Brutos- todas las provincias están del mismo lado. Pero finalmente, como casi todos los acuerdos deberán ser concretados en leyes, su expresión final será el Congreso.
Luego de los cruces propios de las campañas y del debate sobre si habrá o no ajuste luego del 22 de octubre, los actores políticos no le podrán escapar a la lógica de la negociación y el acuerdo.
