La deuda es baja, y lo seguirá siendo. Ese es el breve resumen que hacen en Hacienda sobre la dinámica de la deuda externa.
Y argumentan, como se debe, con datos. La foto es la siguiente, según consta en el Presupuesto 2018. “La deuda pública total de Argentina con el sector privado y organismos internacionales ascendería a fines de 2017 a US$ 153.900 millones, equivalente a 28,5% del PIB. Si incluimos también la deuda intrasector público (deuda con Anses, BCRA y Banco de la Nación Argentina entre otros), el total sería de US$ 317.000 millones equivalente a 58,7% del PIB”, agrega la ley de leyes.
Pero en Hacienda no lo ven como algo problemático si (y solo si) Nicolás Dujovne siguen cumpliendo sus metas fiscales, cuya dificultad es incremental. Si eso ocurre, y se llega a un rojo primario de apenas 2,2% del PIB en 2019, eso es consistente “con una dinámica de la deuda pública que dejaría a Argentina con niveles bajos de endeudamiento”.
En efecto, explican, “el ratio de deuda pública con el sector privado y organismos internacionales no superaría en los próximos años el 38% del PIB y comenzaría a descender a partir de 2021 cuando se converge al equilibrio fiscal”. Cerca de Dujovne, agregan que “estos niveles de endeudamiento son bajos tanto en términos históricos como en relación a los demás países de la región”.
Ojo con el rojo
A una conclusión similar llegaron los expertos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), que ayer difundieron un informe. “Es preciso remarcar que el aumento del endeudamiento es una consecuencia directa del déficit fiscal. Si no se reduce el déficit, la deuda seguirá creciendo”, explicaron.
No será fácil, pero tampoco imposible. “Para poder avanzar, se requiere dejar de lado el análisis del próximo ejercicio y pensar en una política fiscal de mediano plazo, que empiece por plantearse cuales son los bienes y servicios que debe proveer el Estado y cual es el financiamiento que le va a pedir para ello a todos los ciudadanos, en el marco de una redefinición de las obligaciones y atribuciones de los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. No hay manera de resolver satisfactoriamente problemas como el de la distribución de los fondos entre la Nación y las provincias, o la sustentabilidad de la política jubilatoria, si se los encara de manera aislada”, concluyen desde ASAP.
