Por Mariano Espina
El oficialismo ratificó ayer, en el Senado, un importante acuerdo con la oposición, sobre el proyecto de responsabilidad penal empresaria y aprobó el dictamen en comisión. Se quitaron artículos y se modificaron otros respecto al texto que había sido aprobado en Diputados hace poco más de dos meses. Se trataría en la próxima sesión y de resultar afirmativa la votación, deberá regresar a la cámara de origen para la sanción definitiva.
El proyecto que permite iniciar causas en delitos de corrupción contra empresas, y entablar a su vez acuerdos de colaboración eficaz, tuvo un importante paso ayer en la Cámara Alta tras un acuerdo que incluyó al interbloque Cambiemos pero también al PJ-FpV. En el primer punto que hubo consenso fue que, lo aprobado en Diputados tenía severos errores. Ese fue el lugar de origen de una negociación de la que también participó la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, que quedó conforme con las modificaciones que se agregaron en la comisión de Justicia y Asuntos Penales.
El punto menos conflictivo para borrar definitivamente del proyecto fue aquel que declaraba imprescriptibles los delitos de corrupción y que avanzó por iniciativa del Frente Renovador. A este punto, Miguel Angel Pichetto (jefe del bloque PJ-FpV) lo consideró “demagogia punitiva”. Según Ernesto Martínez, de Cambiemos, es un artículo que “no existe en el derecho penal salvo para delitos de lesa humanidad”.
Además, en el marco de un proyecto que modifica el Código Penal, se acortó la lista de delitos que estarán enmarcados por el régimen empresario. Serán cinco las causas que podrán iniciarse contra personas jurídicas:
Cohecho y tráfico de influencias, para empresas nacionales y transnacionales.
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Exenciones ilegales.
Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
Balances e informes falsos agravados, previsto por el artículo 300 bis del Código.
“Se trata de una ley clave contra la corrupción en el país”, aseguró el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, luego de asegurar que el proyecto acordado “entiende que las empresas también tienen que recibir sanciones ante este tipo de delitos”. Pinedo fue el emisario del oficialismo para alcanzar el acuerdo con la oposición, que recibió un respaldo casi unánime. Ayudaron a que avance el proyecto tanto desde sectores dialoguistas del PJ-FpV como de los más opositores. El kirchnerismo aportó con el quórum en la comisión, el PJ con la firma del dictamen.
En el debate, los senadores coincidieron en que el proyecto se acopla a lo que exigido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la que el Gobierno aspira a ingresar.
