Por Héctor Rubini Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la USAL
La situación en Venezuela está prácticamente en un punto de no retorno. El estado de agitación se agravó con el reciente plebiscito constitucional y el avance del régimen de Nicolás Maduro hacia una Asamblea Constituyente con mayoría propia. El objetivo, siempre violentando los mecanismos transparentes y pluralistas de una genuina democracia, no es otro que el de concentrar en Maduro la suma de todo el poder.
Las prácticas de dicho Gobierno avanzan semana tras semana hacia la imposición, hasta con el uso de la fuerza, de lo que será un régimen absolutista y totalitario: persecución y encarcelamiento de opositores, censura de prensa, expulsión de periodistas extranjeros y de cualquier otra persona “molesta”, y controles estatales hasta para los movimientos migratorios. En el medio, protestas y represión a diario, incluyendo el intento de rebelión militar de ayer que fue rápidamente sofocado por el régimen.
A la controvertida decisión del Tribunal Supremo de Justicia de abril pasado, en la que disolvió la Asamblea Legislativa, siguió un más que irregular proceso que instaló una Asamblea Constituyente el jueves pasado. A pedido de ese Tribunal, removió al día siguiente a la fiscal general, la chavista, y hoy anti-Maduro, Luisa Ortega Díaz. Nada sorprendente: la Asamblea es presidida nada menos que por la ex canciller Delcy Rodríguez, una ultrachavista que al igual que sus jefes trata de usar la Constituyente para imponer un sistema político de partido único, que legitime, unilateralmente, la ilegalidad de todo partido o movimiento de oposición. En otras palabras, un régimen cívico-militar poco y nada diferente a los gobiernos de facto del siglo pasado en nuestra región. Su común denominador: el terrorismo de Estado y el secuestro, encarcelamiento y asesinato de todo aquel que proteste o se oponga al régimen.
El objetivo, siempre violentando los mecanismos transparentes y pluralistas de una genuina democracia, no es otro que el de concentrar en Maduro la suma de todo el poder
El Mercosur
De manera prolija, pero algo tardía, el Mercosur suspendió a Venezuela el pasado sábado por “ruptura del orden democrático”, a la espera de alguna mejora en ese país. Sin embargo, la evolución de los hechos desde abril hasta ahora han más que validado una realidad ya inobjetable: no hay razón objetiva que impida expulsar definitivamente a Venezuela de Mercosur. Desde su incorporación al bloque, no cumple con los compromisos de alinear sus instituciones legales a las exigencias mínimas para al mismo.
La decisión adoptada por los líderes del bloque de la década pasada de incorporar al régimen chavista al Mercosur no era más que el uso de un bloque comercial relativamente “grande” en la región como plataforma para lanzar una suerte de “internacional” anti -ALCA y anti- Estados Unidos que pretendía liderar Hugo Chávez. Un disparate que se fue desmoronando con la desaparición de varios líderes y quedó en la nada luego del retroceso en la región de líderes “progresistas”, cuyos gobiernos vienen siendo objeto de acusaciones judiciales de todo tipo. De hecho, el propio Lula da Silva ha sido condenado por la Justicia de su país, y las revelaciones sobre una “internacional de la corrupción” centralizada por contratistas del Estado, fundamentalmente de Brasil, no parecen haber llegado a su fin.
¿Y el mundo?
La actitud del mundo, casi sin excepciones, roza lo inadmisible. Que la dictadura de Caracas privilegie sus vínculos con Cuba, Irán, Rusia y China no debe asombrar a nadie. Lo que sigue siendo todavía inentendible es que el Gobierno de Estados Unidos mantenga relaciones prácticamente normales con dicho régimen y le permita a la dictadura de Maduro poseer y operar en su territorio refinerías de petróleo y estaciones de servicio. También la pasividad y visible tolerancia del resto de América Latina y, fundamentalmente, de los países europeos. Cuesta entender que hayan esperado a que se acumulen más de un centenar de muertos para que los gobiernos de países desarrollados empezaran a retirar personal de sus sedes diplomáticas en Caracas.
Sin embargo, la evolución de los hechos desde abril hasta ahora han más que validado una realidad ya inobjetable: no hay razón objetiva que impida expulsar definitivamente a Venezuela de Mercosur
¿Hacia dónde va el proceso de descomposición de ese país? El endurecimiento del régimen de Maduro muestra una inocultable marcha hacia un régimen autoritario que incluya como “natural” y “legal”, una suerte de terrorismo de Estado hacia toda persona y movimiento político molesto. Su sostenimiento es, hoy por hoy, una incógnita. La decisión de Mercosur profundiza el aislacionismo de Venezuela, pero sin efectos esperables en el corto plazo.
Los números
La caída del precio del petróleo dos años y medio atrás liquidó la “fiesta” del régimen, que luego optó por racionar el acceso a divisas. Resultado: escasez creciente de bienes básicos de consumo, con un régimen de tipo de cambios múltiples. A la cotización oficial de 10 bolívares sólo compran divisas el Gobierno y empresas afines al régimen para algunas importaciones de alimentos y medicamentos. Existe otra de subastas periódicas, que supera los 2.800 bolívares, y el dólar paralelo que cerró el viernes a 18.892 bolívares. Este último es el que debe utilizar la mayoría de los importadores para los llamados bienes “no preferenciales”, y acumuló en 4 meses una suba de 530%. Como con otros casos análogos, las oportunidades de arbitraje generan compraventas que conducen a la aceleración de la suba del dólar y los precios, dado el cada vez menor ingreso de divisas. Los importadores que no acceden al dólar preferencial pagan más caro en moneda local los insumos y otros bienes importados, y deben revenderlos a precios cada vez mayores en el mercado interno. Esto incentiva la sobrefacturación de dólares preferenciales más baratos, para revenderlos a importadores fuera de este canal, o a otras personas que deben realizar giros al exterior, o desean acumular dólares como reserva de valor ante la suba de precios. Resultado: huida de bolívares a dólar, hiperinflación y desabastecimiento de todo tipo de bienes, hasta de combustibles.
La caída del precio del petróleo dos años y medio atrás liquidó la “fiesta” del régimen, que luego optó por racionar el acceso a divisas
Según el FMI la inflación en 2017 sería de 720%, y se aproximaría a 2.100% en 2018. Para completar el cuadro, la deuda con no residentes de PDVSA enfrenta para octubre un vencimiento de U$S 3.433 millones, y la semana pasada el Gobierno debió endeudarse en U$S 1.000 millones con el Gobierno de Rusia para no incurrir en una crisis de liquidez.
Un escenario más que crítico, provocado por un régimen autoritario que no está dispuesto a abandonar el poder, ni a abandonar un modelo económico y político que está destruyendo a Venezuela.
